La ley mordaza afecta a más de un millón de latinas

La semana pasada, la Administración Trump promulgó una nueva ley relacionada a los servicios de título X (Title X) que afectaría a alrededor de 4 millones de personas, de las cuales alrededor de 1.3 millones son latinas, o el 33% de los pacientes.

La nueva legislación requiere que los proveedores de servicios de planificación familiar que reciben Título X tengan una separación física y financiera con cualquier servicio relacionado al aborto. También conocida como Ley Mordaza, la legislación a su vez prohíbe que los proveedores refieran a una paciente a un servicio de aborto.

Como resultado de la medida, muchos proveedores de salud, como Planned Parenthood perderán fondos federales críticos y quizás hasta tengan que cerrar sus puertas.

“Una ley mordaza es inadmisible y carece de ética. Esta norma pone en riesgo el juramento que hice de atender a mis pacientes y ayudarlos a tomar las mejores decisiones para su propia salud. Mis pacientes esperan que yo hable con ellos honestamente, que responda a sus preguntas y los ayude cuando más lo necesitan”, opinó la doctora Leana Wen, presidenta de Planned Parenthood Federation of America.

“Imagina si la administración de Trump evitara que los médicos hablen con sus pacientes que sufren de diabetes acerca de la insulina. Nunca sucedería. La atención de la salud reproductiva no debería ser diferente. La atención de la salud reproductiva es atención médica y la atención médica es un derecho humano básico”.

Qué es el Título X

El título X es un programa federal promulgado en 1970, durante la Administración Nixon, como parte de la Ley de Servicio de Salud Pública. El programa fue pensado para proveer servicios de planificación familiar y atención de la salud reproductiva a bajo costo, para personas de bajos recursos, sin seguro médico y que no califican para Medicaid (Medi-Cal).

La ventaja de Título X es que no requiere documentación de migración, por lo cual, cualquier inmigrante, independientemente de su estatus legal, puede recibir servicios de salud reproductiva y planificación familiar, desde exámenes médicos, a prevención y tratamiento de enfermedades venéreas, a opciones de anticonceptivos, entre muchos otros servicios.

Planned Parenthood atiende al 41% (1.6 millones) de las cuatro millones de personas que dependen del programa Título X.

Requisitos de la ley mordaza

La ley mordaza impone requisitos de separación física a los centros de salud que también practican abortos. Esto podría incluir la obligación de que los centros de salud creen entradas y salidas físicamente independientes, construyan centros de salud totalmente nuevos o contraten a todo un segundo personal compuesto por médicos, enfermeros y empleados administrativos.

Asociaciones médicas, como la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación Médica Nacional (NMA), la Asociación Nacional Médica Hispana (NHMA), el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, el Colegio Americano de Médicos y otros, se oponen a la Ley Mordaza. Además, más de 200 miembros del Congreso y 100 organizaciones de salud pública se manifestaron en contra de esta política. Durante el periodo de comentarios al Departamento de Salud y Servicios Humanos, más de 500,000 estadounidenses expresaron su oposición.

A favor y en contra

Quienes se oponen al aborto aplaudieron la ley mordaza alegando que los contribuyentes no deberían pagar por dicho procedimiento, aunque en realidad, el título X no cubre tal servicio.

“Americans United for Life se complace de que el HHS [Department of Health & Human Services ] haya tomado medidas para impedir que los fondos del Título X subvencionen el aborto”, opinó en una declaración Catherine Glenn Foster, presidenta de Americans United for Life, una organización en contra del aborto.

“Los fondos federales de título X no cubren abortos”, aclaró Johanny Adames, portavoz de Planned Parenthood, en entrevista con La Opinión. “Los fondos se utilizan para cubrir exámenes de cáncer de mama, cáncer uterino, y enfermedades de trasmisión sexual, y otros servicios de salud preventiva”, explicó.

Durante la Administración Reagan, en 1992, se promulgó una ley similar que prohibía a los beneficiarios discutir el tema del aborto, pero dicha legislación no prosperó.

Alcances de la ley

Adames indicó que la implementación de la norma es compleja y que aún no se sabe exactamente cuándo entrará en vigencia.
“En este momento se están analizando los alcances de la política”, señaló. Una vez determinados los detalles, la ley entrará en vigencia el 4 de mayo de este año.