Castigo a patronos de NY que amenacen a trabajadores con ‘La Migra’
Las represalias por la condición inmigratoria no estaban codificadas
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, durante el anuncio de la demanda multiestatal para parar la fusión de Sprint y T-Mobile./ Drew Angerer/Getty Images Crédito: Getty Images
La primera propuesta de ley de la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, estaba destinada a proteger a los inmigrantes. Y esta semana se ha convertido en ley. Albany ha aprobado una enmienda a las leyes laborales del Estado para penalizar la discriminación o toma de represalias contra empleados inmigrantes.
La ley, que fue impulsada por la senadora Jessica Ramos y el asambleista Marcos Crespo establece penalidades por amenazar, penalizar o en cualquier otra manera discriminar o tomar represalias contra un empleado. La norma prohíbe a los empleadores despedir, castigar, discriminar, o amenazar con reportar a un empleado o a uno de sus familiares a las autoridades migratorias.
En un comunicado James aplaudió la aprobación de esta necesaria codificación entre las provisiones antirepresalias de las leyes laborales del estado. La fiscal dice que desafortunadamente no todos los trabajadores desempeñan su labor en un lugar libre de acoso e intimidación, “por ello debemos hacer todo lo que podamos para asegurarnos que los trabajadores vulnerables puedan exigir y defender sus derechos sin temor a ser castigados.
Los inmigrantes son particularmente vulnerables a todo tipo de acoso, robo de salarios, problemas de clasificación laboral, etcétera. De hecho, según las cifras que maneja la fiscalía cada año 6.5 millones de trabajadores indocumentados experimentan algún tipo de robo de salario. Un 85% de los inmigrantes se quejan de no haber recibido pagos por horas extras y los latinos nacidos fuera de EEUU tienen más posibilidades de sufrir accidentes y morir en sus trabajos, recuerda la fiscal.
El clima del miedo, más en estos momentos en los que se repiten las amenazas de deportación, las repercusiones acallan muchas de las posibles denuncias de presuntos explotados. “Con la creciente y acalorada retórica anti-inmigrante, a nivel federal, esta gran disparidad ha empeorado. Prueba de ello son los pocos casos de agresión sexual reportados por trabajadores inmigrantes, el índice de casos reportados se redujo en un 25% desde 2016”, explican desde la fiscalía en un comunicado.
Es un miedo que permite la impunidad. En Nueva York se recuerda que pese a las amenazas de represalias, en California las quejas por amenazas de represalias relacionadas con inmigración aumentaron hasta 94 casos en el primer año de presidencia de Donald Trump, frente a los 20 casos reportados en todo el 2016. En Nueva York, el departamento de Trabajo impuso multas de, al menos, $250.000, en los últimos tres años a pesar de que no se habían codificado específicamente estas amenazas relacionadas con la inmigración. Con esta inclusión en las normas se gana en seguridad jurídica.
