“Impeachment” a Trump: las leyes centenarias que protegen en EEUU a los soplones que denuncian a sus jefes cuando cometen abusos
Informar de las conductas incorrectas de un jefe puede ser algo que asuste a muchos. Por eso, en Estados Unidos existen varias leyes para brindar protección a quienes se atrevan a hacerlo
Crédito: Getty Images
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagoniza un nuevo escándalo que esta vez le ha valido la apertura de un proceso de “impeachment”, un juicio político que podría llevar a su destitución. Una espiral de polémica que comenzó con la queja de un funcionario anónimo.
Poco se sabe de este informante, solo que presentó su queja ante la inspección general de la Comunidad de Inteligencia de EEUU, el órgano que agrupa a las 16 agencias individuales que realizan labores de inteligencia. Entre ellas, están la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).
Según los datos que ha ido publicando la prensa estadounidense, él o la informante sería un agente de inteligencia que habría oído una conversación telefónica entre Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
En ella, Trump habría intentado presionar a Zelenski para que investigue a Hunter Biden, un estadounidense que trabajó para Burisma Holdings, una de las mayores compañías de gas natural del país.
Pero el blanco principal de esta movida sería en realidad su padre: Joe Biden, que se perfila como uno de los candidatos demócratas con más oportunidades de plantarle batalla a Trump en las elecciones presidenciales del próximo año.
¿Qué hacer cuando se descubre que el hombre que lleva las riendas del país está abusando de su poder? ¿Callar o denunciarlo?
En Estados Unidos, existen leyes que intentan proteger a quienes se decidan por esta última opción.
Una de las más antiguas, por ejemplo, data de 1863: la Ley de Reclamos Falsos, que se creó a raíz de las estafas que los proveedores del Ejército de la Unión cometían durante la Guerra de Secesión, haciendo pasar por buenos los productos de baja calidad o dañados que le vendían a la institución.
La norma estipulaba una recompensa a quien denunciara. Desde entonces, ha sido modificada varias veces.
Si bien continúa vigente, en la actualidad existen otras varias leyes y regulaciones que protegen a los llamados whistleblowers (soplones) según el área o Estado sobre el que denuncien.
Ley de Protección a Soplones
Los soplones o informantes son quienes denuncian información o actividades ilegales, poco éticas o contrarias a la política de la institución en la que se cometen.
Muchas de ellas no se limitan a funcionarios, sino que también se aplican a empleados de compañías privadas. Por ejemplo, al personal de un contrato que trabaja para el gobierno.
En el caso del informante que acusó a Trump, al tratarse de un funcionario del sector de inteligencia, le correspondería la Ley de Protección a Soplones de la Comunidad de Inteligencia, de 1998.
Quienes trabajan en esta área manejan información delicada y confidencial, por lo que no solo ponen en riesgo su empleo, sino que también podría enfrentarse a una acusación penal por hacer pública información clasificada. Por eso, la ley que los rige es más estricta que las otras.
Para empezar, estipula que quien quiera calificar como soplón debe seguir unos pasos especiales. Por lo que si, por ejemplo, acude a la prensa antes que a las autoridades, no podría beneficiarse de la protección contra despidos o venganzas que ofrece la ley.
La queja se presenta ante el inspector general de la Comunidad de Inteligencia para que este decida en los siguientes 14 días si esta es lo suficientemente creíble o relevante para enviársela al director de Inteligencia Nacional.
A su vez, este tendrá siete días para mandársela a los comités de inteligencia del Congreso y del Senado, un paso que el actual director, Joseph Maguire, se ha negado a dar, pese a que el inspector, Michael K. Atkinson, había clasificado la queja de “asunto urgente”.
La opción que le quedaría al informante sería entregarle él mismo la denuncia a las Cámaras. Pero para hacerlo, la ley le exige que le pida primero instrucciones al director. Algo que Maguire tampoco ha hecho.
Según su abogado, el director no considera que la queja sea un “asunto urgente” y cree que la conducta denunciada corresponde a “alguien ajeno a la Comunidad de Inteligencia” y que no guardaba relación con “ninguna actividad de inteligencia” de su competencia.
Un argumento que, según advirtió Atkinson, puede poner en peligro al soplón, ya que la protección que garantiza la Ley de Protección a Soplones de la Comunidad de Inteligencia no se le aplicaría. Algo que, además, podría disuadir a futuros informantes.
Este escenario es inédito, según recalcó la prensa estadounidense.
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