“No queremos correr el riesgo”: Más de dos millones en California temen recibir ayuda para sobrevivir
La nueva regla de Trump está alejando a los inmigrantes de las estampillas de comida y MediCal
El mes pasado, Yuri se sentó en su comedor en San José, encendió el televisor y escuchó algo que la hizo enderezarse y pensar.
El gobierno de Trump, dijo el presentador de noticias, acababa de anunciar una nueva regla que podría dificultar que los inmigrantes obtengan una tarjeta de residencia, si usaron, o es probable que usen, beneficios del gobierno público como cupones de alimentos o Medicaid.
Yuri, quien vino a los Estados Unidos desde Michoacán, México, se inscribió en CalFresh, el programa de estampillas de comida de California, para sus siete hijos nacidos en Estados Unidos, que tienen edades entre poco más de un mes y 15 años. Pero con la nueva regla, se preguntó ella, ¿utilizar las estampillas de comida podría poner en peligro su solicitud de asilo o posiblemente la deportaría?, ¿Tendrían ella y su familia que regresar a Michoacán, uno de los estados en México con la peor violencia del crimen organizado?
Ella decidió ya no utilizar las estampillas de comida para sus hijos y se salió de MediCal, a pesar de sufrir de algunas complicaciones de salud que tuvo durante su último embarazo. Le preocupa, dijo, lo que tendrá que hacer para mantener el estómago de sus hijos lleno sin las estampillas. Pero ella no quiere que el uso de los programas sociales la ponga en riesgo de ser deportada.
A lo largo del estado de California, el cambio inminente en lo que se conoce como la regla de “carga pública” está sembrando la confusión y el miedo dentro de la comunidad inmigrante, haciendo que muchas personas abandonen los programas que necesitan por temor a represalias de las autoridades de inmigración, de acuerdo con casi dos docenas de entrevistas con proveedores de atención médica, abogados, organizaciones sin fines de lucro y agencias de servicios sociales.
La nueva regla puede afectar a más de dos millones de californianos, de los cuales la gran mayoría no están sujetos a la regulación, pero podría originar que unas 765,000 se salgan de los programas de MediCal y CalFresh, según el Centro de Investigación de Políticas de Salud de UCLA.
Yuri, quien prefiere mantener su identidad en secreto por miedo de llamar la atención para su familia, no será afectada por la nueva regla: los refugiados y los asilados están exentos de la nueva póliza; al igual no le afectará las estampillas de comida que ella recibe para sus hijos, quienes son ciudadanos estadounidenses. Pero muchos inmigrantes como ella, que no serán afectados, están sintiendo los efectos y muchos prefieran salirse de los programas.
Expertos de los servicios sociales describen a los pacientes que han decidido no tomar ventaja de los programas como personas que han abandonado citas médicas cruciales (con cáncer), sobrevivientes de violencia doméstica, víctimas de un delito con una visa humanitaria y los padres que han decidido retirar a sus hijos de los beneficios de almuerzo escolar gratuito y hasta de la cobertura de salud.
Actualmente los solicitantes de la tarjeta de residencia deben de probar que no serán una carga financiera en el país a través de programas de bienestar o instituciones de salud públicas. La nueva regulación, si sobrevive las batallas legales entrará en vigor a mediados de octubre, y ampliará la definición de ‘carga pública’ a Medicaid, estampillas de comida y cupones de vivienda. Los agentes de migración también están considerando el ingreso, la educación, el idioma inglés y la salud cuando se tome una determinación.
Claribel Chávez, una trabajadora comunitaria del Second Harvest Food Bank en el Valle del Silicon, dijo que la razón primaria de la gente con la que habla que se resiste a inscribirse en las estampillas de comida es el miedo a ser considerados carga pública. “Ellas no lo están haciendo porque solo sienten miedo”, indicó. “Ellas dicen, ‘preferimos batallar con lo poco que tenemos que poner nuestro nombre en el sistema porque ‘se está poniendo feo’”.
En el mes de agosto, los condados de Santa Clara y de San Francisco demandaron a la administración Trump sobre las regulaciones y entablaron una moción conjunta para forzar una orden judicial preliminar para bloquear la regla antes de que entre en vigor.
La moción indica que si la regla se implementa, causaría “daños irreparables” a los condados y “hará que las personas se retiren o renuncien a los beneficios públicos que son críticos y todo por temor a posibles consecuencias de migración”. California es uno de varios estados que han demandado al gobierno para bloquear la regla.
En su publicación del cambio de la regla, el Departamento de Seguridad Nacional estimó que 324,000 personas que viven en hogares individuos con personas sin documentos se retirarán o se mantendrán alejados de los beneficios públicos debido al cambio.
Pero los defensores de los derechos de los inmigrantes dijeron que esperan que el grupo afectado sea mucho mayor, porque los efectos están llegando a inmigrantes legales y familias de estatus mixto que, por temor a las consecuencias negativas, ahora pueden retirarse o mantenerse al margen de la asistencia para la vivienda, la atención médica u otras actividades de servicios sociales. Un estudio reciente de Kaiser Family Foundation, por ejemplo, estimó que la regla podría provocar que hasta 4,7 millones de personas se retiren de MediCaid y del Programa de seguro médico para niños (CHIP).
Aunque es difícil medir los impactos completos de la política antes de que entre en vigencia, hay algunas sugerencias de que ya puede estar influyendo.
En el condado de San Francisco, según los registros judiciales, la inscripción de cupones de alimentos en hogares con al menos una persona sin documentos disminuyó drásticamente cuando se anunció la propuesta en el otoño de 2018, mientras que la inscripción de hogares ciudadanos se mantuvo relativamente estable.
En el condado de Santa Clara, los datos proporcionados en los registros judiciales indican que el número de hogares que reciben cupones de alimentos con al menos un miembro que no es ciudadano disminuyó un 20%, o de 15,000 a 12,000, desde octubre de 2018 hasta mayo de 2019.
Durante el mismo período, la inscripción de cupones de alimentos en hogares ciudadanos se mantuvo en aproximadamente 26,000. Los registros también muestran que la participación de MediCal en hogares con al menos una persona sin documentos disminuyó a 13.5% desde el otoño de 2018 hasta julio de 2019, mientras que la participación en hogares ciudadanos aumentó un 6%.
Para los proveedores de atención médica en el Área de la Bahía, la posibilidad de que los pacientes rechacen la atención médica es preocupante. El condado de Santa Clara tiene la cuarta tasa más alta de tuberculosis (TB) en California, según la Dra. Sara Cody, directora de salud pública del condado, con casi el 10% de la población infectada con TB latente. Los pacientes que se someten a evaluación y tratamiento podrían aumentar el riesgo de propagar la infección a los residentes del condado, agregó.
Jane García, directora ejecutiva del centro de salud La Clínica, que opera en los condados de Alameda, Solano y Contra Costa, dijo que los proveedores de atención médica han informado que los pacientes se saltan las citas y se dan de baja de los programas de salud del condado, así como de MediCal. Ella indicó que recibe de 3 a 4 correos electrónicos al día de médicos que informan cancelaciones y ausencias de citas.
Greg C. Garrett, el oficial jefe de política y asuntos externos del Consorcio de Salud de Alameda, compartió la historia de un ciudadano estadounidense de 13 años con depresión severa y esquizofrenia cuya madre la retiró de los servicios de salud porque temía ser carga pública.
Su proveedor me dijo que está teniendo pesadillas preguntándose qué está pasando con esta joven debido a sus problemas”, dijo Garrett.
Los solicitantes de asilo y los refugiados estarían exentos de la norma actual, al igual que las víctimas de la violencia doméstica y la trata. Pero los defensores y abogados que trabajan con esas poblaciones dicen que muchos de ellos también están confundidos acerca de la regla de más de 800 páginas y han preguntado si deberían reconsiderar el uso de los beneficios.
Además, ni el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) ni los programas de almuerzos escolares gratuitos o de precio reducido se verían afectados por el cambio, pero los proveedores de servicios sociales en el Área de la Bahía dicen que las personas que reciben de ambos beneficios han expresado preocupación por continuar inscritos.
En cuanto a Yuri, el camino a seguir es uno sin CalFresh para sus hijos, y, aunque está buscando el consejo de un abogado de inmigración, parece improbable que la consulta legal cambie de opinión Por ahora, dijo, todo parece demasiado incierto.
“No queremos correr el riesgo”, dice ella, meciendo la cuna rosa de su recién nacido. “Nunca se sabe lo qué va a pasar”.
Érica Hellerstein es una periodista del diario The Mercury News en San José y ahora participa en The California Divide, una colaboración entre diferentes salas editoriales que examinan el tema de la desigualdad y sobrevivientes económicos en California.
