Ratifican rechazo al plan de la Ciudad de abrir prisiones en los vecindarios

NUEVA YORK.- Una amplia coalición de activistas y organizaciones comunitarias bajo el grito de “No a nuevas cárceles”, volvieron este domingo a mostrar su inconformidad con el plan de la Administración De Blasio de cerrar la prisión de Rikers Island y reemplazarla con 4 cárceles en los condados de Manhattan, Brooklyn, Queens y El Bronx.

El plan que sería completado en 10 años tendría un costo de $ 11.000 millones, desde el principio ha sido rechazado por las organizaciones comunitarias y activistas, que exigen que la Ciudad debería invertir esos fondos en programas de rehabilitación, en escuelas y no en infraestructura de encarcelamiento masivo.

El plan eliminó un obstáculo importante en la Comisión de Planificación el mes pasado, pero eso no impidió que los residentes de Chinatown, Boerum Hill, Kew Gardens y Mott Haven hicieran oír sus voces de protesta nuevamente.

La iniciativa, dirigida por Departamento de Planificación Urbana, busca reducir el hacinamiento mediante la reducción de la población encarcelada en Rikers, que promedió alrededor de 9,400 reclusos en 2017, a 5,000 en 10 años, que podrían ser acomodados en las cárceles pequeñas en los condados.

Los manifestantes focalizaron sus reclamos contra el alcalde Bill De Blasio, el presidente del Concejo Corey Johnson y los concejales Margaret Chin, Stephen Levin, Karen Koslowitz y Diana Ayala, quienes han sido los mentores del plan de cárceles en los condados.

El mitin y posterior marcha empezó a las 12 p.m. en Columbus Park, entre las calles Baxter Street y Mulberry, en Chinatown, Manhattan.

De acuerdo a los manifestantes, el plan de las cárceles, está mal concebido, es peligroso y no aborda las causas fundamentales de las condiciones inhumanas y los abusos que prevalecen en todas las cárceles de la ciudad de Nueva York, no solo Rikers Island.

Nancy Kong, de la organización Neighbors United Below Canal, que participó en la marcha en Chinatown rechazó que se pretenda construir una cárcel en el vecindario.

“Aquí es donde viven y juegan niños y adultos mayores”, dijo Kong.

Otros activistas apuntaron contra los concejales Chin, Levin, Koslowtiz y Ayala. “Ellos no han salido a apoyar a sus comunidades, ni han abordado ninguna de nuestras preguntas e inquietudes, especialmente en lo que respecta a la seguridad de los detenidos, empleados, personas mayores y niños”.

“Nos estamos uniendo para salvar a nuestros adultos mayores, para salvar a nuestros hijos, invertir en educación, vivienda e invertir en una verdadera reforma de la justicia penal, no en las cárceles”, coincidieron los manifestantes.

“Construir cárceles no ofrece ninguna garantía de que Rikers cierre definitivamente”, dijo Anna Stornella, una residente del área.

“Deberían más bien invertir esos $ 11 mil millones en un programa de enfermedades mentales, programas alternativos de suspensión, una verdadera reforma de justicia penal”, gritó Christopher Marte, miembro de la junta comunitaria 65, durante la marcha.

Michael George, un residente de Tribeca, calificó al plan de la Ciudad como una “monstruosidad”.

“Rikers Island es una instalación perfectamente buena que lo único que necesita es ser reparada. La reforma de la justicia penal es algo que todos respaldamos. Demasiadas personas van a la cárcel por pequeños y absurdos delitos”, insistió George.

Puntos clave del reclamo

Los activistas difundieron un documento en el que expusieron las razones por las que se oponen a la construcción de las cárceles:

•         Las toxinas y los materiales peligrosos están presentes en cada uno de los sitios. No hay planes de mitigación.
•         Las partículas y el ruido en el aire durante un período de 10 años es una sentencia de muerte para nuestros adultos mayores y niños que viven cerca de cada sitio.
•         La comunidad no participó en discusiones significativas antes de la selección del sitio por parte de la Ciudad, como tampoco los concejales que representa cada una de las áreas afectadas. En todas las reuniones posteriores, participaron solamente como “invitados”.
•         Todas las Juntas Comunitarias (5 en total) votaron en contra.
•         Dos presidentes de condado de El Bronx y Queens, Rubén Díaz, Jr. y Melinda Katz, votaron no, y ninguna de sus observaciones e inquietudes fueron atendidas.