Madre solicitante de asilo al borde de la deportación por falta de abogado

Regina González Anica, una madre que huyó de su pueblo en Guerrero (México), tras recibir amenazas de muerte después del asesinato de su marido, se encuentra entre la espada y la pared, ya que las autoridades de migración le ha dado 90 días para que abandone el país.

Por falta de recursos no ha tenido acceso a la asistencia legal que la ayude con su petición de asilo político.

“Me la paso llorando, aunque trato de que no me vean mis hijas”, dice con voz apagada Regina de 28 años de edad y madre de dos niñas de 8 y 3 años.

Esta joven es de un pueblo al sur de Guerrero. Estaba casada. Ella y su esposo se dedicaban a la venta de pescado. 

“Él era Jesús Salvador Alavez García. Me llevaba varios años. Tenía 45 años cuando lo mataron. Murió en marzo de este año”, cuenta.

A Jesús Salvador lo levantaron los que se dedican a la venta de drogas. Estuvo desaparecido por dos días. 

“Yo lo anduve buscando hasta que cuando fui al Palacio Municipal de mi pueblo, miré el periódico; y ahí venía la noticia de que lo habían encontrado torturado y asesinado de dos balazos, uno en la garganta y otro en la cabeza”, dice.

Al noveno día que terminaron de rezar los rosarios por la memoria de su difunto marido, Regina cuenta que una mujer la fue a visitar para decirle que se tenía que ir del pueblo sino la iban a matar.

“Me mandaron a advertir con ella. Yo me fui con mis niñas a Acapulco donde vive mi padre. Ahí me aconsejaron que mejor me viniera a Estados Unidos”, dice.

Junto con sus menores hijas abordó un autobús que las llevó a Tijuana, aproximadamente 15 días después del asesinato de su esposo. 

“Llegué con una hermana. Durante cuatro meses trabajé en una fábrica de cajas. Pero los primeros días de julio, decidí entregarme a migración en la frontera y pedir asilo político”, comenta.

Después de cinco días de mantenerla detenida al lado de sus hijas en las celdas conocidas como hieleras por sus temperaturas congelantes, fue puesta en libertad con un grillete de monitoreo electrónico en el tobillo.

“Me fui a San Bernardino con una cuñada que ahí vive. Pero al llegar me puse muy mala de una anemia severa que siempre he padecido pero que se me agravó por no comer bien. Me tuvieron que hospitalizar, y poner cuatro litros de sangre. Pensaba que me iba a morir”, recuerda.

Su estado delicado de salud obligó a que migración, le removiera el grillete del tobillo.

Después de dos meses de hospitalización en el condado de Riverside, decidió abandonar el hospital bajo su propia responsabilidad.

“No estaba lista ni sana para dejar el hospital, pero estaba desesperada. Como se me dificultaba respirar en Riverside, me dijeron que me viniera a Raleigh – la ciudad capital del estado de Carolina del Norte, que era mejor para mi salud porque el aire estaba menos contaminado”, explica.

En Raleigh, Regina tiene una hermana que la recibió y le dio techo con sus dos hijas. Pero el feliz reencuentro de las dos hermanas, no duró mucho.

“Ella me corrió porque me decía que no la ayudaba en nada ni a pagar la renta”, dice.

Desde hace unos días, vive con sus hijas en una traila que un hermano de la Iglesia Cristiana a la que asiste, le presta. 

“Nos alimentamos de la comida que nos regalan algunos familiares y la familia del hermano”, dice.

Se enteró que tenía una orden de salida del país emitida el 25 de octubre, hace 20 días cuando llamó al número telefónico de migración. “El plazo para que me salga es de 90 días”, precisa.

Desde que estaba en Riverside, y aún en Raleigh, ha hablado con muchos abogados de migración. “Todos nos piden mucho dinero para ayudarme con mi caso. Pero yo no lo tengo”, comenta con tristeza.

“La verdad yo salí de México porque tenía mucho miedo por mi vida. No pensé en todos los obstáculos que me iba a encontrar en Estados Unidos”, confía.

Francisco Moreno, director de comunidades y vocero del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM) dice que después de que Regina se puso en contacto con ellos en busca de ayuda, se acercó a la gente del consulado de México en Raleigh, pero le dijeron que por ser solicitante de asilo, no la pueden ayudar.

“¿Entonces dónde está el dinero que el gobierno de López Obrador dio para que los consulados se convirtieran en defensorías públicas para los inmigrantes?”, cuestiona.

Moreno revela que COFEM apoyó a Regina con una abogada que revisó su caso, y la acompañó dos veces a la corte sin cobro alguno. “Pero para continuar ayudándola, necesitaba cobrarle. Eso hizo que Regina se quedara sin ningún tipo de ayuda legal, y ahora enfrente el riesgo de ser deportada”, comenta.

A nombre de COFEM, Moreno le envió una carta a Roberto Valdovinos, director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, en la que le pregunta con quién pueden tratar este tipo de asuntos para darle alivio a la situación de esta familia.

“Cómo, cuándo, dónde y quién puede apoyar a esta familia y a las muchas que sabemos andan por allí rodando miserablemente”, le pregunto al funcionario, pero hasta ahora no ha tenido respuesta.

La cónsul adscrita Alicia Patricia Pérez, y Adriana Bonfil de Protección del Consulado de México en Raleigh le dijeron que no la pueden ayudar.

“Mientras tanto, Regina no tiene dinero, trabajo, comida ni dónde quedarse permanentemente. Nadie del Consulado le puede decir cómo la pueden ayudar a permanecer legalmente en el país, o a regresarse a México aún bajo amenazas de muerte”, afirma.

Desconsolada, Regina dice que ellas y sus niñas han sufrido tanto que a veces piensa en regresar a México.

“La verdad tengo miedo de irme a México, pero si no me pueden ayudar no me va a quedar otra, y ponerme en manos de Dios. Eso sí a mi pueblo nunca regresaría. Sería la muerte”,  exclama.

Se abrió una cuenta para recaudar fondos para Regina y sus hijas. Haz click aquí: Ayudémos a Regina.