Juez concede victoria a más de medio centenar de inmigrantes en centro de detención de ICE
El magistrado Dana Sabraw expuso el "riesgo sustancial de enfermedad grave o muerte” de los internos debido al coronavirus
El Centro de Detención de Otay Mesa está ubicado en San Diego, frontera con México. Crédito: Aurelia Ventura | La Opinión
Un juez federal ordenó este jueves al centro de detención de Otay Mesa, en San Diego (California) que pusieran en libertad a los inmigrantes que están allí bajo la custodia del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Más de 50 detenidos de las instalaciones federales deberán quedar en libertad debido al alto riesgo de de contraer el coronavirus.
El magistrado Dana Sabraw determinó por escrito que “las condiciones actuales de confinamiento en el centro de detención de Otay Mesa son inconstitucionales” debido a que “ponen en riesgo sustancial de enfermedad grave o muerte” a detenidos vulnerables por condiciones de salud y por edad.
Sabraw ordenó revisar qué detenidos tendrán que quedar en libertad condicional “con condiciones apropiadas para proteger al público y la salud, seguridad y bienestar” de cada uno, y dio como plazo para acatar su orden las 10:30 de la mañana, hora del Pacífico, del lunes 4 de mayo de 2020.
El juez tomó la determinación en respuesta a una demanda colectiva que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó hace una semana a nombre de un grupo de migrantes detenidos en circunstancias de vulnerabilidad.
Mientras que el centro de detenciones de Otay Mesa no informa cuántas personas podrían salir al obedecer la orden del juez, la ACLU informó que en una audiencia del 28 de abril, representantes del ICE mencionaron que hay “entre 51 y 69” detenidos en condiciones vulnerables.
Otay Mesa, con 1,200 detenidos, es desde hace semanas el centro de detenciones con el mayor número de contagios. De acuerdo con versiones de detenidos en informes telefónicos, hasta el lunes de esta semana se contaban 162 detenidos contagiados de COVID-19.
Se sabe, por declaraciones del ICE en audiencia, que por lo menos un detenido se encuentra ahora hospitalizado con respirador o ventilador mecánico.
Más de un centenar de detenidos mientras tanto mantienen una huelga de hambre en demanda medidas de seguridad ante la posibilidad de que el centro se convierta en un brote de COVID-19 de magnitud incontrolable.
“Nuestra preocupación y principal prioridad son la salud y la seguridad de las personas que están en riesgo en Otay Mesa, donde se intensifica rápidamente un brote que amenaza a las personas confinadas”, dijo a Efe tras la decisión del juez la abogada Monika Langarica, de la oficina de derechos de los inmigrantes de la ACLU en San Diego.
Observó que la decisión del juez “es la única opción para proteger a las personas médicamente vulnerables durante esta crisis”.
Langarica dijo que la ACLU estará atenta al cumplimiento de la orden del juez “porque está claro que no se puede confiar en el ICE y (la empresa de cárceles privadas) CoreCivic para cuidar a las personas bajo su custodia”.
