Corte Suprema descarta apoyar decisión sobre patrocinar la inmigración de indocumentados
Jueces devuelven polémico caso a Noveno Tribunal de Apelaciones
La Corte Suprema se desistió de apoyar la decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito sobre el caso de una mujer acusada de promover la inmigración de indocumentados.
La opinión de la jueza Ruth Bader Ginsburg –aprobada por unanimidad– señala que los jueces de la Corte de Apelaciones se excedieron en su decisión de considerar que una ley era demasiado amplia sobre los procesos migratorios, además de violar la Primera Enmienda de la Constitución.
“Revocamos la sentencia del Noveno Circuito y devolvemos el caso de reconsideración desprovisto de la investigación ampliada, interrumpida por el panel de apelación y teniendo una semejanza justa con el caso formado por las partes”, indica la opinicón de la jueza Ginsburg.
La decisión fue sobre el proceso United States v. Sineneng Smith, acerca del enjuiciamiento penal de Evelyn Sineneng-Smith, una consultora de inmigrantes de San José, California, condenada por violar el estatuto que penaliza alentar o inducir a un extranjero a ingresar y permanecer en los EEUU como indocumentado. La mujer también enfrentó cargos por fraude postal.
Sineneng-Smith prometía ayudar a inmigrantes –la mayoría filipinos– a obtener la Residencia Permanente, a través del proceso de Certificación Laboral, pero ese programa expiró el 30 de abril de 2001. Ella continuó prometiendo ayuda y obtuvo ganancias por $3.3 millones de dólares.
En 2018, los jueces del Noveno Circuito, suspendió una clausula de la Ley de Inmigración (INA) que castiga a quienes brinden ayuda o asistencia a indocumentados para llegar y quedarse en el país, lo que desató una apelación del Gobierno del presidente Donald Trump ante el Máximo Tribunal.
La Orden Ejecutiva del presidente Trump, “Mejorar la Seguridad en el Interior de los Estados Unidos”, emitida en enero de 2017, incluye un punto que busca castigar a cualquiera que aliente o ayude a extranjeros sin visas, concretamente la Sección 6, la cual sigue sin efecto claro.
“El Secretario (de Seguridad Nacional) emitirá directrices y promulgará regulaciones, cuando así lo exija la ley, para garantizar la evaluación y el cobro de todas las multas y sanciones bajo las cuales el Secretario está autorizado bajo la ley para evaluar y cobrar a los extranjeros presentes ilegalmente en los Estados Unidos y a aquellos que facilitan su presencia en los Estados Unidos“, indica.
La decisión de la Corte Suprema no es firme sobre si es delito proteger a un indocumentado, ya que se centró en la decisión de los jueces del Tribunal de Apelaciones de invitar a terceras partes a presentar argumentos que violan la Primera Enmienda, considerando que dichas posturas son dispares y fueron innecesarias, en lugar de tomar una decisión bajo los argumentos de las partes.
“Ninguna circunstancia extraordinaria justificó la toma de control de la apelación por parte del panel… Una corte no está oculta a los argumentos precisos de los abogados, pero la transformación radical de este caso en el Noveno Circuito va más allá de los límites”, indica.
La opinión considera que los argumentos de las organizaciones “invitadas” por la Corte de Apelaciones tuvieron mayor peso que los abogados de las partes, e incluso plantearon preguntas sobre la Primera Enmienda, un aspecto no considerado por la defensa.
En concreto, la decisión no responde si la Orden Ejecutiva del presidente Trump se emitirá contra quienes protegen a indocumentados, pero el caso volverá al Noveno Circuito, a fin de que los jueces escuchen nuevos argumentos.