Exigen evacuar el centro de detenciones de Otay Mesa
Tras la muerte de un inmigrante, familiares temen más contagios
Corecivic es una corporación de cárceles privadas que administra el centro de Otay Mesa. / fotos: Manuel Ocaño. Crédito: Impremedia
El migrante mexicano Oscar Giovanni dijo en llamada telefónica a La Opinión, desde el centro de detenciones de Otay Mesa, que la situación al interior de esa cárcel privada se vuelve insostenible y hay riesgo de más muertes.
“Ayer que nos llamaron a una reunión, nos informaron que ya hay más de 200 detenidos contagiados” con el COVID-19, indicó Oscar desde el centro de detenciones, que se ha convertido en brote y ya cobró la vida de un migrante salvadoreño.
Oscar explicó que la situación es más desesperante porque los guardias carecen de un plan de contingencia.
“Hoy sacaron como a 100 detenidos que habían estado en cuarentena porque unos se habían contagiado y los dejaron que se mezclaran con el resto. Así nada más, sin siquiera tomarles la
temperatura”, dijo.
‘Mi hermano estaba muy enfermo’
Rosa Escobar, la hermana del migrante salvadoreño Carlos Ernesto Escobar —quien pereció el miércoles bajo custodia del ICE de Otay Mesa— confirmó en una grabación entregada a La Opinión que su hermano pereció tanto por coronavirus como por negligencia del centro de detenciones.
“Mi hermano estaba muy enfermo y el juez que lo vio ahí,enfermo en una silla de ruedas [por reiteradas cirugías en los pies, por la diabetes], no se tocó su corazón”, dijo Rosa desde Los Ángeles.
“Todos los muchachos [detenidos] están pidiendo a gritos salir. Ojalá que el juez no cometa más injusticias porque lo que hizo con mi hermano, lo están haciendo con otras personas”, advirtió.
Oscar dice que la indolencia e ignorar a los migrantes detenidos es una constante en Otay Mesa.
“Al señor Escobar solo lo llevaron al hospital cuando ya estaba inconsciente, tirado y no podíamos acercarnos por miedo al contagio”.
Además de los más de 200 migrantes bajo la custodia de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Marshall federal que se han contagiado a partir de los últimos días de marzo, el ICE reconoció este jueves que también 10 de sus agentes en Otay Mesa están contagiados del COVID-19.
La corporación de cárceles privadas que administra el centro, CoreCivic, sigue sin actualizar el número de sus guardias contagiados con el coronavirus, pero desde hace dos semanas se sabía que 18 dieron positivo. Dos guardias mujeres demandaron por separado al centro de detenciones por falta de seguridad ante la contingencia.
Todos los migrantes detenidos enviaron una carta con testimonios a las dos senadoras federales de California, DianneFeinstein y Kamala Harris, al gobernador GavinNewsom y al congresista Juan Vargas, quien representa toda la frontera de California.
“Piden que les ayuden a salir, porque los contagios aumentan y temen que pronto comiencen las muertes por COVID-19”, dijo el director del Comité de Servicios de los Amigos Americanos en San Diego, Pedro Ríos.
Por su parte una coalición de organizaciones contactó esta semana a legisladores federales y estatales para pedir apoyo para liberar a los detenidos antes de que la situación se convierta en trágica.
De una lista de 72 migrantes detenidos en Otay que debieron haber salido a principios de esta semana por una demanda colectiva y para protegerlos por ser personas en riesgo, el centro de detenciones solo permitió salir a dos personas, confirmó Ríos.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que interpuso esa demanda, informó que este viernes asistirá a una audiencia ante la corte que ordenó la liberación para saber por qué el centro de detenciones sigue sin cumplir la orden de un juez federal.
Tanto la ACLU como la directora ejecutiva de la organización Ángeles de la Frontera, Dulce García, temen que si el centro de detenciones no actúa pronto, así como los contagios se multiplicaron en abril y la primera semana se mayo, también se podrían multiplicar los fallecimientos de migrantes.
“La muerte del señor Escobar Mejía era totalmente prevenible”, dijo García, abogada de migración. “Pero pereció por negligencia del centro de detenciones y por avaricia de la empresa CoreCivic, que solo se interesa en ganancias como prisión privada”.
La abogada que a menudo representa a detenidos de Otay Mesa, dijo que al interior “es imposible guardar distancia para prevenir contagios y más bien parece que quisieran provocarlos, es un caldo de cultivo”.
Explicó que lo que los guardias del centro de detenciones llaman cuarentenas es separar a grupos de 100 o más detenidos y luego volverlos a reunir con el resto, además mantener celdas con ocho o más detenidos, en condiciones de aglomeración.
Alex Mensing, uno de los dirigentes de Pueblo Sin Fronteras, dijo a La Opinión que es necesario que todos los detenidos salgan cuanto antes del centro de detenciones.
“La mayoría, tanto de los que ya están contagiados como los que no lo están, tienen familiares en Estados Unidos que pueden ayudarles a aislarse, a tener los cuidados de salud que necesitan sin que el brote continúe en aumento e irremediablemente haya más muertes”, expresó.
La Opinión pidió comentarios a ICE y al Marshall pero al cierre de la edición, no obtuvo respuesta.
