Corte Suprema niega petición de Administración Trump contra ley santuario a favor de inmigrantes en California
Autoridades locales no tienen obligación de compartir información con ICE
Un caso que será discutido por la Corte Suprema podría ser determinante para varios inmigrantes. Crédito: Getty / ICE
La Corte Suprema se negó este lunes a escuchar la petición del Gobierno del presidente Donald Trump contra la ley santuario en California, la cual impide a autoridades locales compartir información con oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Los jueces Clarence Thomas y Samuel A. Alito Jr., dijeron que querían escuchar la solicitud, pero se necesitan cuatro miembros de ese tribunal para aceptar un caso.
“La petición de una orden de certiorari es denegada. El juez Thomas y el juez Alito otorgarían la petición de una orden judicial de certiorari”, indica el reporte de la Corte.
De este modo, la Corte deja en vigencia un fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos que confirmó el SB54 de California, una ley promulgada en 2017.
Esa norma se convirtió en una de las leyes de mayor alcance a favor de indocumentados, aprobada a pocos meses de la llegada del presidente Trump, como una forma de desafiar sus políticas hacia inmigrantes.
El Departamento de Justicia (DOJ) consideró que California no puede obstruir a autoridades federales.
“(No puede) obstruir la ley federal mediante la adopción de políticas que rigen la regulación de los extranjeros”, consideraron los fiscales federales. “(No puede) adoptar una ley que dificulte el trabajo de las autoridades federales de inmigración”.
El fiscal general de California, Xavier Becerra, celebró la decisión de los jueces, al considerar que eso devolverá la confianza de la comunidad migrante en la Policía.
“Lo último que debemos hacer es erosionar esa confianza”, indicó. “Hoy, Estados Unidos está experimentando el dolor y las protestas que se producen cuando se rompe la confianza”.
Becerra destacó el triunfo sobre la Administración Trump, el cual deja a los californianos la decisión de qué hcer con la seguridad pública.
Además de la Policía, la SB54 impide a empresas a compartir información con autoridades migratorias.
Se espera que haya una nueva batalla entre los Gobiernos federal y local, pero enfocado a los recursos destinados a materia de seguridad, sobre todo porque tribunales menores tienen distintas opiniones sobre la colaboración entre autoridades para asuntos migratorios.
Por ejemplo, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito dictaminó la semana pasada que el DOJ puede negarse a dar dinero para combatir el crimen a ciudades y estados que se consideran santuario y se niegan a compartir información con las autoridades federales de inmigración, una medida que inició en 2017 con el entonces fiscal Jeff Sessions, pero continúa con el actual William Barr.
Los primeros estados enfrentar problemas de financiamiento del DOJ serán Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Virginia y Washington, así como la ciudad de Nueva York.
