Magistrado nominado por Trump votó a favor de protege derechos laborales de personas LGBTQ

La Corte Suprema, con el apoyo de Neil Gorsuch, prohíbe la discriminación en el trabajo debido a la orientación e identidad sexual

Joseph Fons celebra ante el Tribunal Supremo que los trabajadores LGBTQ no puedan ser despedidos por su orientación e identidad sexual.

Joseph Fons celebra ante el Tribunal Supremo que los trabajadores LGBTQ no puedan ser despedidos por su orientación e identidad sexual. Crédito: AFP / Getty Images

Aimee Stephens inició hace años una batalla en los tribunales que ayer cambió a EEUU.

Stephens fue despedida en el 2012, dos semanas después de anunciar en la funeraria en la que laboraba que era una mujer transgénero e iba a presentarse a trabajar como tal.

El de Stephens fue uno de los tres casos que examinó la Corte Suprema de Justicia para decidir si la protección contra la discriminación por razón de sexo cubre también los casos de identidad y orientación sexual. Y ayer dio la razón a los tres trabajadores.

Seis de los nueve magistrados del Máximo Tribunal, que interpreta inapelablemente las leyes, decidieron que el tipo de discriminación que sufrió Stephens está contemplado e incluido en la Ley de Derechos Civiles de 1964 como discriminación sexual.

El Título VII de la ley prohíbe discriminar por motivos de raza, religión, origen nacional o sexo. Este último caso desde ahora se aplica a los trabajadores de la comunidad LGBTQ.

Es una decisión que ofrece respuesta también a la demanda de Donald Zarda, quien perdió su trabajo en la empresa Altitude Express cuando dijo que era gay, y a la de Gerald Bostock, quien fue despedido de su trabajo en el condado de Clayton, en Georgia, cuando se unió a una liga de softball gay.

Buena parte de los trabajadores estaban ya protegidos por leyes locales en este sentido pero no había una ley federal que protegiera a millones de gays y transgéneros en toda la nación. Ahora el Supremo, al considerar los casos de Stephens, Zarda y Bostock, determinó que no hace falta una ley, que este derecho está ya protegido por la legislación que firmó el presidente Lyndon B. Johnson hace 56 años.

La decisión del Supremo es crucial para el derecho laboral y como argumento para otras situaciones discriminatorias que pueda haber en educación o acceso a derechos.

Mayoría progresista conservadora

Y este fallo es muy llamativo porque el razonamiento de la mayoría fue escrito por Neil Gorsuch, quien fue el primer nominado por Donald Trump al Supremo. En esta ocasión este magistrado junto con el presidente del Tribunal, John Roberts, dejaron de lado a los miembros más conservadores de la Corte –con los que normalmente se alinean– para defender la posición favorecida por los togados considerados progresistas, Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.

En su escrito Gorsuch determinó que la respuesta a lo planteado “está clara”. Un empleador que despide a una persona por ser gay o transgénero, despide a una persona por rasgos o acciones que no se habrían cuestionados en miembros de un sexo diferente. El sexo juega un papel necesario e imposible de disfrazar en la decisión, exactamente lo que el Título VII [de La ley de Derechos Civiles] prohíbe.

Gorsuch explicó en su razonamiento que aunque quienes adoptaron la Ley de Derechos Civiles no anticiparan este resultado “de la misma manera posiblemente no pensaron en las muchas consecuencias de la Ley que han emergido con los años, incluida la protección contra la discriminación por razón de maternidad o el acoso sexual de empleados trabajadores hombres”. Según el magistrado “los límites de la imaginación de los redactores de la ley no es razón para ignorar las demandas de esta”.

Revés para Trump

Los abogados de la Administración conservadora de Donald Trump y los empleadores que defienden esta discriminación afirmaron en octubre, durante las audiencias ante los magistrados, que la Ley de 1964 se refería a hombres y mujeres cuando hablaba de sexo y no a la orientación o identidad sexual de estos.

Quienes abogaban por esta línea esperaban que, como en otras ocasiones, el Supremo dejara en manos del Congreso la tarea de legislar en este punto.

Solo Bostock podrá celebrar la victoria ya que Zarda falleció en un accidente y Stephens murió en mayo.

Pero es una celebración compartida a la que se han sumado activistas y políticos.

Sarah Kate Ellis, presidenta de GLAAD, una organización que defiende a esta comunidad afirmó ayer que esta sentencia no debería haber abierto ni siquiera un debate. “Los americanos LGBTQ deben trabajar sin miedo a perder su empleo por ser quienes son”.

En semejantes términos se expresó ayer en Twitter el gobernador de California, Gavin Newsome, que explicó que ver resuelto este problema es algo “extraordinario”. “La lucha por la verdadera igualdad continua.

Está por verse que esta decisión no se vea exceptuada para organizaciones religiosas pero el gobernador de Nueva York, uno de los estados donde se protegen los derechos laborales de esta comunidad, recordó ayer que la última decisión de la Administración Trump con respecto a estas personas ha sido eliminar protecciones para evitar discriminación.

Andrew Cuomo expresó en un comunicado que la discriminación es “inmoral, ilegal e incompatible con la idea de América” y pidió que se pase la Ley de Igualdad que amplíe las protecciones sobre las personas LGBTQ en materia de vivienda, educación, acomodo público y más, “como ocurre en el estado de Nueva York”.

La representante demócrata por California, Katie Porter, explicó que el trabajo no se había acabado con esta victoria que celebraba. “Continuaré luchando en el Congreso para que todas las personas LGBTQ  vivan sin ser discriminadas, no solo en el trabajo sino todos los lugares”.

Mateo Guerrero organizador en la organización Make the Road NY, recordó en un comunicado que esta interpretación de la ley, defendida durante generaciones, ha salido adelante a pesar de la mayoría conservadora en la Corte.

“No obstante aún tenemos que recordar que las raíces de la desigualdad no han sido tratadas y la falta de entrenamiento, de educación inclusiva, la criminalización y la falta de un estatus migratorio aún impiden solicitar un trabajo”.

Decisión Suprema en cifras:

  • 9 magistrados tienen la Corte Suprema.
  • 6 votaron a favor.
  • 3 votaron en contra.
  • 8.1 millones de personas LGBTQ en edad de trabajar se podrán beneficiar.
  • 3.9 de ellos, casi la mitad, viven en estado que no tienen leyes que los protege.

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