Activistas buscan tumbar en cortes a líderes de Seguridad Nacional e inmigración
Demanda acusa que proceso de nombramientos fue ilegal
El secretario de Seguridad Nacional, Chad Wolf, y el presidente Donald Trump. Crédito: JIM WATSON | AFP / Getty Images
Un demanda iniciada este jueves por el Fondo Mexicano Estadounidense de Defensa Legal y Educación (MALDEF) ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia cuestiona la legalidad de la designación de Chad Wolf como secretario interino de Seguridad Nacional y la validez de las restricciones que el funcionario impuso al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
El MALDEF presentó la querella en nombre del Proyecto Soñadores de Santa Fe, en Nuevo México, y del Centro Comunitario Español de Joliet, Illinois, y nombra como demandados a Wolf, y al subsecretario interino de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli.
Cuccinelli funge, asimismo, como director interino del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que maneja del programa creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama y que ha amparado contra la deportación a cientos de miles de inmigrantes indocumentados traídos al país cuando eran menores de edad.
Wolf emitió el 28 de julio una ordenanza que limita a un año las renovaciones de los permisos de los beneficiarios de DACA y las autorizaciones de trabajo, y rechaza las solicitudes nuevas de amparo. Desde 2012 el programa otorgó un amparo contra la deportación y permisos de trabajo válidos por dos años.
“La gestión irresponsable del Gobierno (del presidente Donald) Trump tiene consecuencias bajo nuestra Constitución y nuestras leyes”, afirmó el presidente de MALDEF, Thomas Sáenz.
A mediados de agosto la Contraloría General declaró inválidas las designaciones de Wolf y Cuccinelli, por lo que ninguno de ellos podía ocupar su puesto.
El 1 de marzo, un tribunal federal en Maryland dictaminó que el Gobierno había designado a Cuccinelli ilegalmente y que el funcionario “carecía de autoridad” para cumplir sus funciones. El fallo del tribunal calificó de “inválidas y sin respaldo o efecto legal” dos directivas de inmigración emitidas por Cuccinelli que eliminaron protecciones que la ley federal otorga a quienes buscan asilo en Estados Unidos.
El 14 de agosto, la Administración Trump abandonó su apelación al dictamen de este tribunal y nueve días después anunció la postulación de Wolf como titular de Seguridad Nacional, un nombramiento que ahora pasa a confirmación del Senado.
“El nuestro es un país de inmigrantes y soñadores”, afirmó Martín Estrada, de la firma de abogados que respalda la demanda. “Los jóvenes beneficiarios de DACA están en el corazón de ese sueño, han ido a nuestras escuelas, han servido en nuestras fuerzas armadas y no quieren otra cosa que contribuir al mejoramiento de nuestras comunidades”.
Según Ernest Herrera, abogado de MALDEF, “el ataque más reciente del Gobierno contra DACA no tiene el peso de la ley y debería ser desechado de inmediato; Wolf no tiene autoridad legal para trastornar la vida de cientos de miles de soñadores que viven, estudian y trabajan en el país que conocen como suyo”.
El cuestionamiento de la autoridad de Wolf y Cuccinelli en sus respectivas funciones, y por ende de todas sus decisiones, está basado en la senda irregular que los llevó a sus puestos y que, según los demandantes, viola las leyes federales sobre cargos gubernamentales.
En abril de 2019, la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, renunció a su cargo. De acuerdo con las leyes sobre la administración de agencias federales, el cargo debió pasar a la entonces subsecretaria interina Claire Grady.
“Debido a que el funcionario incorrecto asumió el título de secretario interino, las enmiendas subsiguientes en el orden de sucesión hechas por tal funcionario fueron inválidas y los funcionarios que tomaron sus posiciones bajo tales enmiendas fueron nombrados apoyándose en un orden de sucesión inválido”, según el asesor legal de la Contraloría, Thomas Amstrong.
La designación de los titulares en los ministerios y varias agencias del Gobierno, al igual que la de los jueces del Tribunal Supremo y de los tribunales federales, corresponde al presidente y debe ser confirmada por el Senado. Aunque en el Senado los republicanos tienen mayoría, Trump ha evitado algunos trámites de confirmación al poner al frente de ministerios y agencias a funcionarios interinos, de los cuales hay ahora al menos 20.
La Contraloría refirió el asunto al Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional para que determine “la acción potencial” y le instó a “considerar las acciones tomadas por funcionarios designados de manera inválida”.
El Departamento de Seguridad Nacional, creado tras los atentados terroristas de septiembre de 2001 y con la consolidación de al menos 16 agencias, tiene a su cargo, entre otras dependencias a Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), USCIS y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
Estas agencias desempeñan un papel principal en la aplicación de las políticas migratorias de Trump, que han incluido al rechazo en la frontera sur de decenas de miles de solicitantes de asilo, la detención de decenas de miles de inmigrantes a la espera de sus trámites de deportación y la separación de miles de menores inmigrantes de sus familias.
