Estudiantes indocumentados podrán recibir ayuda económica bajo Ley CARES

Jueza nombrada por el presidente Trump echa atrás regla del Departamento de Educación

800,000 personas consiguieron el beneficio migratorio.

800,000 personas consiguieron el beneficio migratorio. Crédito: SHAWN THEW | EFE

El Departamento de Educación tuvo que echar atrás su regla que prohibía apoyar a estudiantes indocumentados con los fondos de la Ley CARES.

La dependencia a cargo de Betsy DeVos no tomó la decisión por motu propio, sino en cumplimiento de un fallo de un tribunal federal con sede en Washington, D.C.

La demanda fue presentada por más de 260 organizaciones, incluidas United We Dream, el grupo de activistas que apoya a los “dreamers” y busca reformas para su estancia legal y permanente en los Estados Unidos.

En marzo pasado, el Congreso apoyó la Ley CARES que asignó $6,000 millones de dólares a colegios y universidades para que todos los estudiantes cubrieran gastos como cuidado infantil, vivienda y alimentación.

Sin embargo, la regla emitida originalmente por la secretaria DeVos y el Departamento de Educación buscaba excluir a los estudiantes indocumentados, incluidos los beneficiarios de DACA, acusó la demanda.

La jueza federal Dabney Friedrich, nombrada por el presidente Donald Trump, decidió a favor de los demandantes y el Departamento de Educación reconoció que su regla queda sin efecto.

“El 1 de julio de 2020, el Departamento de Educación… publicó una Regla Final Provisional (IFR) con respecto a los servicios equitativos bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus… El 4 de septiembre de 2020, en (la demanda) NAACP v. DeVos, el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Columbia emitió una opinión y una orden de anulación de la IFR. En consecuencia, el IFR ya no está en vigor”, reconoció la oficina educativa federal.

Los defensores de los inmigrantes celebraron la decisión, a considerar que la regla era “cruel” e “innecesaria”, ya que –entre otros aspectos– impedía recibir alivio para préstamos estudiantiles.

“El intento de la secretaria DeVos y del Departamento de Educación de evitar que los estudiantes indocumentados recibieran ayuda federal para cubrir los gastos de comida, vivienda y cuidado de niños fue cruel e innecesaria”, consideró la organización United We Dream.

Ahora los estudiantes deberán coordinarse en los colegios y universidades para asegurarse de recibir esta ayuda, la cual es indispensable para decenas de familias de comunidades hispanas, siendo una de las más afectadas por la pandemia de COVID-19, pero no han recibido apoyos, como los $1,200 de la misma Ley CARES.

“Los inmigrantes han sido en gran parte excluidos de recibir la ayuda necesaria”, acusan los activistas. “Todo mientras muchos estudiantes indocumentados han tenido que intervenir para ser los únicos proveedores de sus familias o para ayudar a sus hermanos menores con sus tareas escolares”.

Agregan que la decisión de la jueza Friedrich ayudará a compensar algunas de esas fallas.

“Al comienzo de la pandemia de COVID-19, mi mamá perdió su trabajo y durante meses yo me convertí en la única proveedora de una familia de cinco. Mi familia fue excluida del alivio de COVID-19, como la asistencia en efectivo, debido a nuestro estado migratorio, y en cambio dependió de los esfuerzos de ayuda mutua en mi comunidad”, contó Luz Chavez Gonzales, beneficiaria de DACA y estudiante de Trinity Washington University.

Agregó que la decisión del tribunal en D.C. haya sido en favor de los inmigrantes y otros grupos desplazados de la ayuda.

“Me alegra ver esta victoria para mí y para otros estudiantes indocumentados que realmente podrían usar estos fondos durante este momento difícil”, expresó.

Chávez Gonzáles pidió al Senado aprobar la Ley HEROES, avalada por los demócratas en la Cámara, que enviaría ayuda económica a cualquier persona, sin importar su estatus migratorio.

Cabe destacar que entre los republicanos también hay un movimiento para que los estadounidenses casados con indocumentados reciban la ayuda de Ley CARES, pero la propuesta presentada por el senador Marco Rubio (Florida) y respaldada por empresarios migrantes no ha logrado avanzar.

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