$271 en la cuenta y el vacío de ayudas, la vida durante el COVID-19 de las empleadas de hogar

“Namasté”. Tras la leve inclinación de cabeza y el gesto con las manos que acompaña a este saludo en su original Nepal, Nita K.C. explicó que tras tres años cuidando niños en Hoboken (Nueva Jersey) la pandemia le ha dejado sin empleo y con apenas $271 en su cuenta. No ha tenido derecho a ayudas y teme que su estatus como TPS acabe pronto.

En una conversación a través de Zoom, Nita lamenta tanta incertidumbre y el hecho de no tener dinero ni para mantenerse ni para ayudar a su familia en el país. “Me encargo de que los niños que están a mi cargo estén seguros pero no sé si los míos lo están”.

Como Nita, otras mujeres, la mayoría inmigrantes y sobre todo latinas como Heidi Cordero, Keila o Miriam Mijangos, se ocupan de las limpiezas de las casas, los más pequeños y también los ancianos de las familias, los más vulnerables, los que más necesitan una guía durante su crecimiento o una mano en la que confortarse y en su vejez.

Es un trabajo crucial que no se trata como tal. La queja casi generalizada es que carecen de salarios dignos, respeto por su labor y ahora el COVID-19 ha destapado esta situación de una forma muy cruda dada la precariedad económica y de salud.

Cordero ha cuidado de cuatro niños en una situación inusual porque según contaba tuvo que pedir a la madre, que la contagió de COVID-19, que se hiciera cargo de ellos. Ante la negativa de la madre a hacerse cargo de sus hijos, la cuidadora dijo que llamaría a la policía. Ni recibió paga, ni ayuda con los médicos.

Nita explicaba que muchas niñeras tienen miedo de contar sus historias por quedarse sin dinero o no tenter buenas referencias para el siguiente trabajo. Cuando lo hay. En este momento, debido a la pandemia, se han perdido muchos empleos y escasean los nuevos .

Ahora piden a la legislatura de Nueva Jersey una legislación que les garantice derechos, algo que iría en beneficio de unas mujeres (el 99% de los empleados domésticos son mujeres) que son en su mayoría latinas (72%) o asiáticas (25%) según un estudio elaborado por Rutgers Center for Women and Work en  colaboración con National Domestic Workers Alliance (NDWA) y organizaciones afiliadas.  

Se trata de estándares de trabajo básicos que acaben con la explotación a la que se ven expuestas. Según el estudio de Rutgers, el 57% ha sufrido robo de salarios, la mayoría trabaja sin contrato y más de la mitad de ellas carecen de seguro médico o vacaciones pagadas. A muchas de ellas, aseguraban en la conferencia de zoom, el estatus migratorio las hacían vulnerables.

Rocío Ávila de la NDWA explicaba que el empleado puede abrir un caso contra su empleador pero la apertura de una investigación se abre a iniciativa del trabajador, es este quien tiene que demostrar la situación y si es vulnerable hay un miedo legítimo a las represalias y la pérdida del puesto de trabajo. 

Debra Lancaster, directora ejecutiva de Rutgers Center for Women and Work, recuerda que estas mujeres son trabajadoras esenciales cuyas familias dependen de sus empleos, pero trabajan en uno de los sectores “más desregulados de la economía y cuando tienen problemas, algo que no es inusual, carecen de red de seguridad”.

La propuesta es crearla para las más de 60,000 trabajadoras domésticas de Nueva Jersey siguiendo directrices que entre otras cosas garanticen un salario mínimo, el pago de las horas extraordinarias, protecciones de salud y seguridad en el trabajo, compensación laboral y vacaciones pagadas.

La propuesta también aboga por la creación de un sistema portable de beneficios de seguros sociales, licencias por enfermedad o familiares además de seguro de desempleo y beneficios de retiro.

En tiempos de COVID se aboga por una extensión de las protecciones de salud y seguridad. Entre otras medidas se pide que se cree un Consejo de Estándares Laborales para que se puedan crear políticas que mejoren la situación de estos trabajadores.

Virgilo Arán, organizador nacional con la NDWA dice que esperan pedir esta legislación de Derechos en 2021 y que sea aprobada inmediatamente por el legislativo y el ejecutivo de Nueva Jersey.