El “sí” a la estadidad en plebiscito no vinculante realizado en Puerto Rico lleva la delantera
El Departamento de Justicia federal ya le informó a las autoridades locales que no favorecen la consulta por varias razones
El “sí” a la estadidad se encuentra en la delantera en el plebiscito no vinculante que se realizó en Puerto Rico como parte de las elecciones generales de este martes, 3 de noviembre.
El “sí” a la pregunta “¿Debería Puerto Rico ser admitido inmediatamente a la Unión como Estado?” aventajaba al “no” más de tres horas después de cerrados los colegios. Con un 26.75 % de los colegios de escrutados, el “sí” prevalecía con 322,268, mientras que el “no” sumaba 287,291 votos.
El oficialista Partido Nuevo Progresista impulsó la consulta a pesar de la oposición de líderes de otras colectividades como el Popular Democrático, que incluso llevaron el asunto hasta el Tribunal Supremo para su impugnación.
EEUU se opone
El plebiscito fue descartado en julio pasado por las autoridades estadounidenses encabezadas por el Departamento de Justicia que consideran que el procedimiento está viciado hacia la estadidad y partía de la premisa de que los puertorriqueños no favorecen el estatus territorial actual, el Estado Libre Asociado (ELA).
Para el Gobierno estadounidense, el plebiscito da la falsa impresión de que un triunfo del ‘sí’ conllevaría el inicio automático de una transición de Puerto Rico hacia la estadidad.
Según expone el subsecretario de Justicia Jeffrey Rosen en una carta a las autoridades electorales puertorriqueñas, tanto Alaska como Hawái votaron en consultas autorizadas previamente por el Congreso federal.
“En otras palabras, la legislación federal ya había establecido los términos para su potencial admisión y condicionaba dicha admisión al voto afirmativo de los electores de los territorios. Esa no es la postura aquí”, destaca el documento.
Otra de las objeciones a la consulta está relacionada con la tardanza de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en someter la documentación para requerir los fondos para la votación, por lo que el Departamento rechazó autorizar $2.5 millones para costear la celebración del plebiscito “Estadidad sí o no”.
La entidad plantea, además, en la misiva enviada al entonces director de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera, que en el 2017 la agencia rechazó igualmente financiar el plebiscito. La carta agrega que en dicha consulta la participación del electorado fue demasiado baja como para interpretar los resultados como un voto decisivo para la estadidad.
A principios de octubre, el Tribunal Supremo validó la consulta adicional de hoy al establecer que la Ley para la Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico (Núm. 51 de 2020) que la habilita responde al fin público de darle continuidad a lo expresado en los plebiscitos de 2012 y 2017.
El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos, había solicitado al alto foro en la isla que le ordenara a la CEE detener cualquier gestión relacionada con el proceso y que declarara inconstitucional las leyes que lo habilitan.
El plebiscito es el sexto que se celebra en la historia de la isla desde el primero en el 1967. Ninguna de las consultas ha logrado movilizar las fichas necesarias en el Congreso federal para resolver el centenario problema del estatus.