FBI arresta a legislador del PNP en Puerto Rico por corrupción a horas de haber ganado las elecciones
Las autoridades federales en la isla alegan que Néstor Alonso Vega aumentó el salario de uno de sus empleados para recibir de vuelta la mitad del dinero incrementado
Agentes del FBI en una foto de archivo. Crédito: ROBYN BECK/AFP/Getty Images
Por Frances Rosario
PUERTO RICO – Las autoridades federales arrestaron esta mañana al representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Néstor Alonso Vega, por supuestamente aumentar el salario de uno de sus empleados para recibir de vuelta la mitad del dinero incrementado, explicó este jueves el jefe de la Fiscalía federal, W. Stephen Muldrow.
Precisó que el incremento de salario de la “persona A”, como se le identifica en el pliego acusatorio al empleado, fue de $80,000 y que el legislador supuestamente recibió $40,000. Reveló que cuentan con videos y llamadas telefónicas de algunas de las transacciones realizadas desde el 18 de mayo hasta septiembre pasado.
“Tenemos un video de mayo 21, de junio 15… Un video junio 30, un video julio 15, hay un video y una grabación de teléfono de agosto 19, donde Alonso Vega y la persona A hablaban de lo que iban a decir para encubrir el esquema”, explicó el fiscal, al añadir que también tienen videos de septiembre en el que hablaban de una transferencia de dinero por ATH Móvil.
Además, Alonso Vega supuestamente recibió dinero en efectivo o a través de pagos a su tarjeta de crédito de Home Depot, informó Muldrow.
Fue en agosto que comenzó la investigación contra el legislador. Culminó ayer, a un día de las elecciones generales en las que Alonso salió reelecto, con la radicación de nueve cargos criminales.
Por este esquema, el representante enfrenta cargos de soborno (“kickbacks”), fraude electrónico de servicios honestos y robo de fondos federales.
Se declara no culpable
Alonso se declaró no culpable durante la vista inicial realizada frente a la magistrada Camille Vélez Rivé y se le impuso una fianza de $10,000.
“Hemos hecho un arreglo, donde él puede quedarse libre bajo fianza”, dijo Muldrow.
De ser hallado culpable, el legislador se expone a 10 años de prisión por robo y soborno a programas federeales y 20 años por fraude electrónico de servicios honestos.
“Esto no fue un error de juicio. Fue un intento de soborno deliberado y una clara violación de la ley. La corrupción pública es una amenaza para la calidad de vida y si no se controla puede destruir nuestro país y nuestra democracia”, afirmó el fiscal federal.
De paso, advirtió que “seguimos investigando este caso y otros casos” relacionados a la corrupción pública en la Legislatura, específicamente relacionado a salarios inflados de empleados para que el legislador recibiera dinero.
Agentes del FBI llegaron a la casa del político
Por otro lado, el arresto del legislador ocurrió en la mañana de esta jueves en su hogar en San Juan. Estuvo a cargo de agentes del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés).
Alonso es el tercer representante arrestado y acusado por cargos de corrupción desde agosto. La primera detención fue contra María Milagros Charbonier y la segunda contra Nelson del Valle. A ambos se le imputaron cargos de soborno, robo de fondos federales y fraude, entre otros, por supuestamente inflar el salario de sus empleados a cambio de que estos les dieran una mesada devuelta.
En el 2016, Alonso fue elegido por primera vez como representante por acumulación por el PNP. Hace dos días, en las elecciones generales, revalidó en su cargo. Quedó décimo entre los 11 candidatos que se seleccionan por acumulación con 59,170.
Cuando a finales del pasado mes la Cámara de Representantes divulgó el salario de los empleados, se reveló que Alonso tenía entre 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020 solo tres empleados. Eran Eric Rivera González, un ayudante que cobraba $1,200 mensuales; José Martínez Ramos, quien era el director administrativo, con un salario de $6,100, así como Alexis Torres García, un ayudante especial con salario de $6,000.
Al comparar estos salarios con el que se registró en el año fiscal 2018 al 2019, se observa un incremento sustancial, pero tenía en esta ocasión cuatro empleados.
La información pública revela que Rivera González devengó $1,200 mensuales, Martínez Ramos cobraba $5,000 y Torres García $4,000. El cuarto empleado que no aparece en el año fiscal 2019 al 2020 era Andrea Díaz Díaz, quien como secretaria ganó $1,800 mensuales.
