Aumenta la presión para ampliar el cupo de licencias de venta en las calles

María Angélica Castillo vende fruta picada en Midtown Manhattan desde hace ocho años. Ocho años durante los que no ha tenido licencia para hacerlo. Por ello ha tenido que pagar multas de $1,000 y trabajar con miedo a que los ingresos con los que cuenta su familia se vean comprometidos.

Como ella, hay muchos vendedores en las calles de la ciudad, la mayoría inmigrantes. Algunos, sin papeles, tienen el miedo añadido de que lo peor que les pueda pasar no sea que su familia se quede sin comida en la mesa. Otros, para evitar esos miedos alquilan licencias por las que se pagaron $200 a la ciudad por miles de dólares lo que complica realmente que puedan sacar ganancias de su trabajo.

En estos meses de pandemia han sido trabajadores esenciales, empresarios y supervivientes en comunidades en las que el coronavirus se ha ensañado con una población vulnerable no solo por temas de salud sino económica y socialmente. Pero hay una solución y el grupo CityWorkers4Justice, creado tras las protestas por la muerte de George Floyd quiere que esta se adopte lo antes posible.  Para ello convocó una sesión en zoom para entender la situación y a continuación llamar a concejales a los que animar a aprobar la propuesta de regulación 116.

Esta propuesta, que lleva activa pero parada desde 2018,  permitiría que se emitieran 400 permisos de venta en las calles anualmente durante 10 años. Para Stella Becerril del Street Vendor Project del Urban Justice Center, los cambios que trae esta nueva regulación en este sentido “hace tiempo que se necesitan”. Becerril explica que no hay ningún sector que tenga tantas restricciones coo este y que necesita que quienes están en él sean reconocidos “como un pilar de la comunidad”.

Se calcula que hay hasta 20,000 vendedores en la calles en la ciudad y solo 5,000 tienen licencia para hacerlo legalmente. La lista de espera para conseguir una nueva licencia excede la década.

La regulación, que apoyan tanto el alcalde Bill de Blasio como el presidente del concejo Cory Johnson, crea una oficina civil para atender a los vendedores y un consejo consultivo para mejorar las condiciones de vida y trabajo de quienes estén en esta labor.

La concejal Carlina Rivera, que apoya esta regulación, lamentaba las condiciones de trabajo de unas personas que durante esta pandemia han tenido que elegir entre su salud y sus ingresos. Rivera dijo saber de la oposición a esta ley por parte de otros pequeños negocios de comidas pero explicó que en la ciudad “hay oportunidad de coexistir” y hay que ayudar a unos vendedores que contribuyen al desarrollo de la ciudad.

Rivera lamentó que la policía haya estado acechando a los vendedores, que se quejan del acoso, a pesar de que el alcalde, Bill de Blasio, pidió que no lo hicieran.

Castillo, la vendedora de fruta, explicaba que los vendedores “pagamos impuestos y queremos trabajar legalmente, que se acabe el mercadeo de las licencias y trabajar sin miedo”.