Asamblea Estatal analiza paquete de reformas legales para mejorar situación en ancianatos de NY
En Nueva York ser denunciaron fuertes irregularidades en el funcionamiento de los ancianatos durante la pandemia.
Los ancianatos en el estado de Nueva York han sido sin duda las principales víctimas de la emergencia de salud pública que se desató hace exactamente un año con la llegada del coronavirus. Y en medio de una fuerte polémica que envuelve al gobernador Andrew Cuomo por las disparidades en las cifras de muertos por COVID-19 reportados en estos centros de cuidados, este jueves la Asamblea Estatal informó que analiza un paquete de reformas legales para mejorar la situación en los geriátricos.
Así lo anunció el presidente de la Asamblea Carl Heastie, quien especificó que se trata de cuatro proyectos de ley para aumentar la seguridad y mejorar la calidad de vida de los neoyorquinos que viven en hogares de ancianos.
“La pandemia de COVID-19 ha expuesto y exacerbado muchos de los problemas y desafíos que han existido durante mucho tiempo en nuestro estado, especialmente en nuestros hogares de ancianos”, dijo el presidente, agregando que este paquete legislativo “contribuirá en gran medida a aumentar la seguridad y proteger el bienestar de nuestros neoyorquinos más vulnerables”.
En un comunicado conjunto con el presidente del comité de Salud Richard Gottfried y el presidente del comité de Envejecimiento Ron Kim, Heastie especificó que la Asamblea comenzó el miércoles a aprobar el paquete legislativo y continuaría su trabajo este jueves, y entre los proyectos destacan varios que abordan cuestiones como mejoras de calidad, visitas, supervisión, transparencia e inmunidad de responsabilidad.
“La pandemia de COVID-19 ha arrojado luz sobre la necesidad desesperada de estas reformas, y hace mucho tiempo que se necesitan para los residentes de nuestros hogares de ancianos y sus familias”, dijo el asambleísta Kim.
“Nuestras audiencias de agosto sobre el COVID-19, combinadas con el reciente informe de la Fiscal General de Nueva York Tish James, arrojaron una luz brillante sobre los problemas de personal inadecuado, delitos financieros y negligencia con los pacientes por parte de operadores con fines de lucro, además del daño causado por la inmunidad legal para los proveedores de servicios de salud insertados por el Gobernador en el presupuesto del año pasado en el último momento”, indicó Gottfried.
Al mencionar el informe de la Fiscal General, el asambleísta hacía referencia al escándalo que envuelve actualmente a la Administración Cuomo, que es acusada de esconder la verdad sobre las muertes en los hogares de ancianos en los primeros meses de la pandemia, luego que reportó una cifra de 50% menos de fallecidos, y fue por ello que James decidió averiguar al respecto. Otra investigación fue iniciada por el FBI y la oficina del Fiscal Federal de Brooklyn.
Principales proyectos del paquete
El paquete legislativo incluye una medida que establecería el Grupo de Trabajo para Reinventar la Atención a Largo Plazo con defensores de todo el sistema de cuidados a largo plazo para ancianos. Se requeriría que el grupo de trabajo estudie y produzca un informe para el Gobernador y la Legislatura sobre el estado de los servicios de atención a largo plazo, tanto en el hogar como en las instalaciones, y examine el impacto que la pandemia de COVID-19 ha tenido en Nueva York en temas que incluyen, entre otros, escasez de personal, prohibiciones de visitas y protocolos de control de infecciones y cumplimiento.
Otras medidas incluidas darían prioridad a los esfuerzos de saneamiento en hogares de ancianos e instalaciones de atención para adultos, incluido un proyecto de ley que requeriría el establecimiento de un programa de administración de antimicrobianos y capacitación sobre resistencia y control de antimicrobianos, así como la legislación que requeriría instalaciones de cuidado de adultos para incluir el control de infecciones en sus planes semestrales con respecto a las actividades de garantía de calidad.
El comunicado de los asambleístas también explica que durante la pandemia, “los informes indicaron que las instalaciones residenciales de atención médica en todo el país liberaron a los residentes de manera inapropiada a refugios para personas sin hogar y otros lugares inadecuados que no estaban equipados adecuadamente para continuar cuidando a estas personas. La Asamblea aprobará una legislación que codificaría las regulaciones de Nueva York y la ley federal que establecen ciertos requisitos antes de que una persona sea transferida o dada de alta de un centro de atención médica residencial”.
Y sobre las visitas, aseguran que para muchas personas que viven en hogares de ancianos, “las visitas de familiares y seres queridos proporcionan canales informales críticos de atención que son cruciales para su bienestar. Este paquete también incluirá legislación para permitir exenciones para visitantes de cuidado personal y visitas de cuidado compasivo mejoradas durante emergencias de salud locales o estatales declaradas”.
Polémica por número de muertos de ancianos
La polémica que envuelve a la Administración Cuomo por el presunto encubrimiento del número de ancianos muertos empeoró a mediados de febrero, luego que se revelara que la Secretaria del Gobernador, y quien es su principal asesora, Melissa DeRosa, dijo en una conferencia con legisladores estatales demócratas, que el Estado tardó en responder a los pedidos de la Legislatura Estatal de aclarar los cifras, porque querían responder primero a una investigación federal “políticamente motivada” iniciada por el Departamento de Justicia federal (DOJ) durante la Administración Trump.
Tras esas revelaciones aumentaron los llamados de legisladores de ambos partidos y otros funcionarios electos para que Cuomo renuncie, y se inicie un proceso para despojarlo de los poderes especiales que se le otorgaron durante la pandemia, algo que ya se inició esta semana la Asamblea.
A estas acusaciones de encubrimiento contra Cuomo se suman fuertes denuncias por fallas cometidas por el Departamento de Salud del Estado (DOH) en los primeros meses de la pandemia, que presuntamente habrían provocado un mayor número de muertes en los ancianatos, como emitir una orden estatal el 25 de marzo que requería que los asilos aceptaran pacientes positivos con el virus.
La oficina de James realizó el informe tras las insistentes denuncias de familiares de los ancianos y de funcionarios electos que señalaron negligencia en la manera en cómo el DOH manejó la crisis del coronavirus en estos centros de cuidados, y como resultado de la investigación, la Fiscal General reveló que el número de fallecidos en esos lugares fue de casi 13,000 y no los más de 8,000 que reportó originalmente el DOH. Días más tarde el comisionado de Salud estatal Howard Zucker proporcionó un recuento completo de muertes que incluyó a personas que murieron después de ser trasladadas a hospitales, y esa actualización aumentó el número de fallecidos a más de 15,000 ancianos.