Claves para inmigrantes ahora que jueces pueden volver a “cerrar casos” tras decisión del fiscal Merrick Garland

Durante el gobierno del presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia, del que dependen los tribunales migratorios, retiró a los jueces la capacidad de “cerrar casos”, un proceso que les permitía administrar los expedientes para evitar acumulaciones.

Eso generó un serio problema en las cortes migratorias, pues los casos sin atender se triplicaron en menos de cuatro años hasta alcanzar más de 1.3 millones.

Ahora, el fiscal general Merrick Garland modificó aquella decisión de su predecesor Jeff Sessions, considerada una de las decisiones más polémicas y criticadas por jueces migratorios.

En qué consiste el cambio

La decisión del Fiscal General sigue la Orden Ejecutiva del presidente Joe Biden “Restaurar la fe en nuestros sistemas legales de inmigración y fortalecer los esfuerzos de integración e inclusión para los nuevos estadounidenses”, lo cual permitirá a los jueces suspender los casos o sacarlos del expediente activo.

Ahora los jueces pueden suspender por tiempo indeterminado procesos de deportación, ya que los casos de inmigrantes pueden continuar sin un efecto inmediato, mientras sus abogados siguen otros procesos.

“Por la presente anulo la decisión de la Junta del 31 de julio de 2018 y devuelvo el caso a la Junta para que proceda de acuerdo con esta opinión”, indica el fiscal Garland sobre su decisión que implica a la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).

Defiende que el cierre administrativo como “una herramienta de gestión de expedientes que se utiliza para
pausar temporalmente los procedimientos de deportación”, lo cual beneficia a miles de personas que solicitan asilo u otro tipo de protección.

“Tiene sentido en inmigración debido al hecho de que hay ciertas aplicaciones y beneficios para los que las personas pueden calificar y que requieren un paso preliminar por parte de [USCIS] o, a veces, de un tribunal estatal y esa acción puede determinar si alguien es elegible para un beneficio ante la corte”, dijo a CNN la jueza Dana Leigh Marks, presidenta emérita de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.

Es importante que un inmigrante cuente con asesoría de un abogado para seguir el procedimiento y buscar que el juez aplique esta decisión discrecional.

Por qué había cambiado

La regla que impueso Sessions era parte de una orden para que los jueces cumplieran cuotas de al menos 700 casos anuales, un reto prácticamente imposible, lo que derivó en acumulación de casos.

Además, la decisión del DOJ, a través de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), criticó que había un “uso exacerbado tanto el alcance del atraso existente de casos judiciales de inmigración como la dificultad de abordar ese atraso de manera justa y oportuna”.

Sin embargo, un reporte de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), un centro de análisis de datos de la Universidad de Syracuse, reveló en septiembre del 2020 que el “cierre administrativo” de casos ayudaba a los procesos.

“Los jueces de inmigración han utilizado habitualmente el cierre administrativo para gestionar su creciente número de casos”, indicó el reporte.

También cita, con base en datos obtenidos por la Ley de Información, que el proceso ayudaba a que procesos migratorios abiertos en otras agencias siguieran su curso, por ejemplo en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

“Lejos de contribuir al retraso, el cierre administrativo ha ayudado a reducir el retraso (de casos)”, señalan el informe.

La parte más destacable para los inmigrantes que encontró TRAC es que los no-ciudadanos pueden permanecer en EE.UU. y encontrar soluciones legales a sus casos.

“Los datos de los tribunales de inmigración muestran que es probable que los inmigrantes que obtienen el cierre administrativo hayan seguido los requisitos legales y obtengan un estatus legal”, indica.