Promueven ley que compensaría a 16,000 familiares de muertos en ancianatos de NY por COVID-19

La agria controversia sobre las muertes masivas en ancianatos de Nueva York, durante el inicio de la crisis por la pandemia de COVID-19, está lejos de ser una página que pueda pasar la nueva gobernadora Kathy Hochul. 

Este miércoles, funcionarios electos y familiares de las víctimas exigieron a la mandataria que apoye un anteproyecto de ley que crearía el primer fondo de compensación en el país, el cual beneficiaría a cerca de 16,000 neoyorquinos que perdieron a un ser querido en estos centros, bajo la definición de “muerte por negligencia”. Es decir, durante las semanas cuando una controversial orden ejecutiva estatal abrió paso al traslado de pacientes con coronavirus a estas instalaciones.

El paquete de leyes denominado Justicia para las Víctimas de Asilos de Ancianos pretende además modificar el “estatuto de limitaciones” de Nueva York, lo cual permitiría a los sobrevivientes buscar justicia en los tribunales, pues se ampliaría el lapso en el cual puedan interponer querellas ante los prestadores públicos o privados de estos servicios. 

“Este paquete normativo que estamos impulsando, además establecería regulaciones muy claras que eviten tragedias similares. Es lo menos que podemos garantizar en medio del dolor de miles de neoyorquinos”, estimó el asambleísta Ron Kim, patrocinante de este anteproyecto.

$4 billones en indemnización

En frente de la oficina ejecutiva de la gobernación en la Tercera Aaenida de Manhattan, activistas y familiares de ancianos fallecidos, durante los peores días de la pandemia, exigieron a Hochul que preste atención a esta normativa, que se propone evitar nuevos “ancianocidios”, como lo definió el legislador Kim.

La iniciativa legal, recientemente introducida, pretende ganar más terreno en la Asamblea Estatal y no solo precisa la creación de un fondo de $4 billones para indemnizar a las familias de las víctimas, sino que establece regulaciones para prevenir restricciones sobre la responsabilidad de los hogares de ancianos en situaciones específicas como las generadas durante la pandemia.

“Nuestro propósito es que injusticias de esta naturaleza no vuelvan a suceder a una escala masiva nunca más”, subrayó la oficina de Kim en un comunicado.

La ventana del proceso de compensaciones a los familiares se abriría apenas se firme la ley y tendría un lapso de reclamos hasta el 1 de enero del año 2035.

“No descansaremos”

El exgobernador Andrew Cuomo, hasta su último día en el cargo, fue blanco de fuertes denuncias sobre su responsabilidad en la decisión del pasado 25 de marzo del 2020 de trasladar a pacientes con COVID-19 que estuvieran “médicamente estables” a asilos de ancianos, cuando los hospitales del estado estaban saturados de infectados.

Esa controversia se encendió con otro combustible, luego que la Fiscal General de Nueva York Letitia James, reveló la apertura de una investigación criminal que detalla que presuntamente la cifra de ancianos fallecidos durante los meses iniciales de esta crisis no habían sido verdadera: de acuerdo con los cálculos de esta denuncia se estima que murieron por lo menos un 50% más personas de la tercera edad que el número oficial reportado.

La puertorriqueña Aide Paveí quien perdió a su madre Elba en un centro de rehabilitación de ancianos en Washington Heights el pasado 6 de abril de 2020, cuenta que cada día escuchan sobre más evidencias de la “gran negligencia” que significó el traslado a pacientes con COVID-19 a estos centros.

“En donde estaba interna mi mami, murieron nada menos que 100 personas. Nosotros hemos girado cartas a la nueva Gobernadora para que nos escuche. Hasta ahora, solo hemos recibido su silencio. Difícilmente nosotros descansaremos hasta ver algo de justicia”, reaccionó Aide, quien se encontraba en la primera fila de esta demostración y ahora forma parte de la organización ‘Voces de Ancianos’.

Por su parte, Vivian Zayas co fundadora de la organización ‘Voces de Ancianos’ recordó que la política de “enviar 9,000 pacientes contagiados por coronavirus a centros en donde existían personas vulnerables, donde estaban nuestros padres y abuelos, fue un hecho grotesco que todavía no tiene ningún responsable”.

Esta petición se produce justamente cuando entra en vigor el primer mandato de vacunación del país para los trabajadores de salud del país, que se extiende también a toda la fuerza laboral de los ancianatos.

En medio de este escenario, Hazel Crampton-Hays, portavoz de la secretaría de prensa de la gobernación de Nueva York, aseguró que la gestión de Hochul está centrada en apoyar todos los mecanismos para mantener a salvo a todas las familias. 

“Estamos comprometidos con la transparencia y el restablecimiento de la confianza en el gobierno estatal. Esperamos trabajar con la legislatura y todas las organizaciones para lograrlo”, acotó Crampton-Hays.

Tres claves: ¿Qué busca la ley?

• Eliminar el escudo de inmunidad legal que gozan los centros de rehabilitación y de cuidado prolongado para personas de la tercera edad (‘nursing homes’), para que puedan enfrentar demandas civiles por los daños causados a los familiares durante la pandemia.
• Establecer regulaciones para rechazar cualquier intento futuro de restringir condiciones de responsabilidad para hogares de ancianos en medio de futuras crisis de salud pública.
• Indemnizar a cerca de 16,000 familias que perdieron a sus seres queridos internos en estos centros, cuando se ordenó el traslado de pacientes “en recuperación” por COVID-19 en el pico más alto de la pandemia en la primavera de 2020.

Muerte en los ancianatos de NY:

• 8,400 fallecidos por COVID-19 en asilos de ancianos y centros de rehabilitación entre marzo y agosto del año pasado fueron las cifras oficiales preliminares del Departamento de Salud del Estado de Nueva York (DOH)
• 50% más muertos de esas cifra oficial se registraron en estos centros, de acuerdo a el informe de 72 páginas presentado por la Fiscal General de Nueva York Letitia James.
• 15,000 fallecidos sería, por lo menos, la cifra real total de fallecidos.
• 1,885 personas mayores supuestamente murieron en hospitales y no se incluyeron en el recuento oficial de muertes en hogares de ancianos del DOH.