Denuncian que familias negras y latinas son acusadas injustamente de abuso y maltrato infantil en Nueva York

La carencia de programas que prevengan la remoción de niños del seno de sus familias para ser ubicados en hogares de paso o sustitutos, la falta de apoyo a familiares que se hacen cargo de menores quitados a sus padres, el creciente trauma que experimentan miles de pequeños, y tácticas de intimidación, al igual que falta de investigaciones completas antes de iniciar procesos contra padres, son algunos de las críticas que actualmente enfrentan los servicios infantiles en la Ciudad y el Estado.

Así lo denunciaron padres de familia y activistas este jueves durante una audiencia del Comité de Niños y Familias de la Asamblea del Estado de Nueva York, convocada para analizar lo que está ocurriendo con el manejo de casos infantiles, ya que cifras de diferentes organismos señalan que los procesos abiertos contra familias, mayormente latinas y negras, por presunto abuso y maltrato de sus niños aumentaron exponencialmente entre el 2015 y el 2019, sin conocer aún datos más actuales.

Citando a la Oficina de Niños del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU, ese comité de la Asamblea aseguró que hubo un incremento considerable de familias neoyorquinas que terminaron en más casos dentro del sistema de bienestar infantil con vigilancia y riesgo de perder a sus pequeños.

La Oficina de Niños y Familias del Estado de Nueva York (OCFS), destacó en su reporte anual del 2018 que el Registro Central Estatal de Abuso y Maltrato Infantil (SCR) recibió 304,713 llamadas y transfirió 199,047 informes a los distritos de servicios sociales para que se tomaran acciones adicionales. El informe anual de servicios preventivos de la OCFS de 2019-20, advirtió que 95,000 niños en ese período de tiempo estuvieron recibiendo al menos un día de servicios preventivos.

“El sistema tiene muchas maneras para separar a los niños de sus padres, y queremos evitar eso, pues genera traumas, y el trauma es el enemigo en todos los frentes”, aseguró el presidente del Comité de Niños y Familias de la Asamblea Estatal Andrew Hevesi. “No son las personas las que están haciendo esto sino el sistema. El sistema traumatiza a los niños, y cuando el Gobierno interviene empeora todo. Es una locura”.

Hevesi aseguró que urge que haya mayores garantías para que se respete los derechos de los padres de familia cuando se va a iniciar una investigación, y que no se abran procesos para separar a niños, solamente basados en informes sin fundamento o el pasado de padres que han estado en prisiones y se reintegran a la sociedad.

“En primer lugar lo que debemos hacer como Estado es prevenir el trauma. Falta trabajo en prevención y recursos y tenemos que asegurarnos que si ocurre el trauma haya ayuda suficiente para lidiar con eso. Tenemos que evitar que el Estado traumatice”, aseveró el líder político.

“La Falla se está dando al nivel estatal. No se está invirtiendo los fondos necesarios y aquí vemos las consecuencias de eso. Hemos tenido gobiernos que en vez de prevenir e invertir para evitar causar traumas en los niños y las familias, gastan dinero en ponerlos en albergues. No tratan el problema sino los síntomas”, agregó.

Madre denuncia procesos “injustos”

Desiré Wright, madre boricua de tres niños y quien reside en El Bronx, denunció la manera laxa como la Agencia de Servicios Infantiles de la Ciudad de Nueva York (ACS) termina poniendo a familias como la suya en procesos que calificó de “injustos”, que generan trauma en sus pequeños.

“Ellos (ACS) siempre han estado en mi vida. A mi hijo mayor me lo quitaron cuando yo tenía 17 años. Me han estado investigando todo el tiempo y mi hija mayor ha sufrido todo tipo de traumas. Y ahora, otra vez vuelven a traumatizar a mi hogar y a mi niño menor de 5 años, porque la exnovia de mi hijo, que me ha estado acosándonos (y ellos lo saben), llamó a decirles cosas falsas sobre mi y mi familia”, denunció la madre, advirtiendo que no han encontrado en dos años una sola evidencia que muestre que su niño está en riesgo a su lado, y siguen presentándose en casa a vigilarla.

“Llegaron a mi casa hace dos años y hace menos de un mes volvieron, estaba trabajando y ACS me llamó que habían hecho denuncias contra mi, diciendo que había actividad de pandillas en mi casa, que yo vendo droga, que tengo armas, que mi hijo lo balearon seis veces por estar en pandillas. Todas cosas falsas y lo que hace ACS es venr cada vez, entrevistar a mi niño solo, sin mí a su lado, lo que es ilegal, y pedirle que les muestre el cuerpo. Lo que a él ya lo tiene traumatizado”, agregó la puertorriqueña, advirtiendo que son acciones racistas.

“Tienen que parar ese abuso. No necesitamos que nos vigilen de esa manera eso es traumatizante. Si yo fuera blanca ellos ni siquiera vendrían a mi casa. A los criminales les dan una segunda oportunidad y a muchas mamás y papás y a los niños los castigan de manera injusta poniéndoles un trauma que no deben cargar”, agregó la medre.

Amenazados con enviarles a la Policía

Joyce McMillan, defensora de bienestar infantil y directora ejecutiva de la organización JMac For Families criticó los atropellos que sufren muchas familias a quienes funcionarios de agencias de servicios infantiles contactan y asedian sin siquiera hacerles saber los derechos que tienen.

“No estamos pidiendo cambiar los derechos de los padres. No estamos pidiendo expandirlos. No estamos pidiendo negociarlos. Estamos pidiendo que se nos informe cuáles son”, dijo la activista, quien fue respaldada por el testimonio de otra madre que denunció haber sido amenazada con que enviarían a la Policía a su casa si no colaboraba con ACS.

“Me llamaron así y me dijeron que mis dos niños menores estaban en los huesos y cuando les pregunte de dónde habían sacado mi información no me dijeron pero estoy segura que fue de la escuela, y sin dejarme saber mis derechos me dijeron que si no respondía iban a enviarme a la policía”, dijo Shalonda Curtis-Hackett, advirtiendo también que las familias de minorías sufren más la posibilidad de terminar con casos abiertos.

Y es que datos de las propias entidades infantiles demuestran que este tipo de investigaciones a padres por presunto abuso o negligencia con sus hijos afecta de manera desproporcionada a las familias negras y latinas. En 2019, casi el 45% de las familias investigadas por ACS fueron hispanas y el 41% negras, de acuerdo al propio comisionado de ACS David Hansell.

Otro dato alarmante fue que de las investigaciones de bienestar infantil en la Gran Manzana, en el 65% finalmente las acusaciones se consideraron infundadas, lo que familias afectadas denuncian como una prueba más de que los servicios infantiles estarían usando un perfil racial para abrir casos de manera acelerada sin méritos reales, generando traumas y dolores de cabeza innecesarios en familias pobres que ya tienen mucho con que lidiar.

ACS asegura que combates las fallas

El comisionado de ACS aseguró en la audiencia que el objetivo principal de su agencia es garantizar que la raza de una familia o la etnicidad de un niño no determine cómo son tratados, y a pesar de que los números demuestran un aumento significativo en la apertura de procesos, manifestó que se han dado a la tarea de combatir las fallas.

“ACS ha tomado muchos pasos para evitar envolvimientos innecesarios de familias en el sistema tradicional de protección infantil, conectando a las familias a los recursos y al apoyo que necesitan, mientras minimizamos más intervenciones intrusivas”, dijo el funcionario.

El Comisionado de ACS agregó que su meta número 1 será reducir las investigaciones de protección infantil innecesarias, expandir la prevención primaria, fortalecer los servicios de prevención y empoderar la labor de defensoría de los padres en su trabajo.

Entre tanto, Lisa Ghartey, Comisionada de la División de Bienestar Infantil de la Oficina Estatal de Niños y Servicios Familiares (OCFS), admitió que hay una desproporción en el tratamiento de casos de presunto abuso entre familias latinas y negras, y dijo que es urgente cambiar ese enfoque y ayudar a resolver asuntos que afectan a las familias.

“Durante demasiado tiempo el sistema se ha estado enfocando en percibir los déficits de individuos que contribuyen al abuso infantil y al maltrato, en vez de reconocer el abuso infantil como un reto penetrante de salud pública”, dijo la funcionaria, asegurando que falta mucho por hacer para garantizar un trato justo a las familias y a los niños del estado e insistiendo en labores completas de prevención como la clave contra el maltrato.

“Es imperativo que nos reenfoquemos en mejorar el bienestar y la salud de las familias y las comunidades, impementando apoyo económico y concreto en el centro de las estrategias de prevención, antes de que los niños terminen yendo al sistema infantil”, finalizó la funcionaria estatal.