La Junta demanda a gobernador de Puerto Rico y modifica el Plan de Ajuste para reestructurar la deuda de la isla
El organismo pidió al tribunal anular las leyes 80, 81 y 82 de 2020 de pensiones a empleados públicos para impedir que el gobernador de Puerto Rico las implemente e hizo varios cambios a la propuesta para renegociar la deuda pública
Imagen de las protestas en San Juan, Puerto Rico, en enero del 2020, para denunciar suministros abandonados para damnificados del huracán María en la isla. Crédito: RICARDO ARDUENGO | AFP / Getty Images
Por Joanisabel González
Bajo la premisa de que costarán al erario unos $120,000 millones que Puerto Rico no posee, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) hizo valer la palabra empeñada y al filo de la medianoche demandó al gobernador Pedro Pierluisi para impedir que el mandatario implemente la Ley 80 de 2020.
También solicitó a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain que anule las leyes 81 y 82 del mismo año y en paralelo, presentó la contestación al memorando de correcciones y aclaraciones al Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central y radicó una nueva versión del documento que busca modificar unos $33,000 millones en bonos y otras obligaciones.
La demanda del organismo fiscal para anular los tres estatutos así como la Resolución Conjunta 33-2021 demuestra que la JSF y la administración Pierluisi no lograron ponerse de acuerdo el viernes pasado, cuando las partes se reunirían como solicitó Swain, tras identificar varias deficiencias en el PDA del gobierno central y que impedirían su confirmación.
Gobernador de Puerto Rico y la Junta se reunieron en NYC
En realidad, según el litigio, desde el pasado viernes cuando la JSF llevó a cabo su reunión pública más reciente en la ciudad de Nueva York hasta ayer lunes, el organismo y Pierluisi han intercambiado diversas cartas en las que insisten en sus respectivas posiciones.
“El gobernador, repetidamente, ha afirmado su preferencia por los planes de pensiones de beneficio definido para los empleados públicos”, indica la JSF en la demanda que también destaca que Pierluisi firmó la RC 33 el pasado 15 de diciembre.
“La (JSF) se involucró en esfuerzos exhaustivos con el Gobierno para estudiar formas de implementar posibles modificaciones de las leyes de una manera fiscalmente responsable”, reza la demanda, en la que se agrega que tales conversaciones estuvieron predicadas en un acuerdo de “no implementación” de las leyes en controversia sin el aval del organismo.
Gobierno tendría que despedir empleados públicos
Solo para pagar la Ley 80, alegó la JSF en su escrito en defensa del PDA, el gobierno tendría que eliminar al menos 1,500 puestos de trabajo en adición a la eliminación de plazas ya contemplada en el plan fiscal.
Para implementar la Ley 81 de 2020 y que sea neutral al fisco, habría que eliminar otros 1,835 puestos entre las agencias de ley y orden, lo que según la JSF, haría más difícil la ya deteriorada capacidad del gobierno para ofrecer servicios de seguridad a la población.
El plan fiscal vigente contempla la eliminación de 3,200 puestos de trabajo a partir de este año fiscal.
La Ley 80 de 2020 permite que ciertos empleados públicos se acojan a la jubilación de manera temprana. La Ley 81 del mismo año busca mejorar las condiciones de retiro de policías y otros agentes del orden público como los bomberos y oficiales de corrección. La Ley 82 de 2020, por su parte, permite a los maestros utilizar sus licencias para sumar estas a los años de servicio que deben acumular para jubilarse.
“Sin embargo, el gobierno ha roto tal acuerdo con la RC 33-2021 (antes la Resolución del Senado 171), una medida que requiere al gobierno implementar la Ley 80, al menos parcialmente”, se indica en el documento, donde también se señala que los oficiales del gobierno vuelven a “repetir la historia” de aprobar medidas que el pueblo puertorriqueño no puede costear.
“La JSF habría preferido trabajar con el gobierno para encontrar una alternativa viable que brindara a los maestros, policías y otros empleados gubernamentales un plan real que Puerto Rico pueda pagar, en lugar de volver a caer en las viejas costumbres de hacer promesas que no se pueden cumplir”, indicó el presidente de la JSF, David Skeel, al dar a conocer el litigio.
Congelación de beneficios a pensionados próximo a entrar en vigor
El litigio incoado por la JSF se produce a solo días de que -según el plan fiscal certificado vigente- entre en vigor la congelación de beneficios de pensión en el Sistema de Retiro para Maestros y el plan de pensiones de la Judicatura.
Según lo establecido por el organismo, la congelación de beneficios en ambos planes de pensiones debe comenzar a partir del próximo 1 de enero. En síntesis, en ambos sistemas se eliminan las pensiones definidas para dar paso a planes de aportación definida, es decir, que la pensión que reciba el trabajador dependerá de los ahorros que este haya acumulado durante sus años de servicio.
La reestructuración de ambos planes de pensiones dejaría ahorros de unos $198 millones a partir de este año fiscal hasta el 2026, según la JSF.
En contraste, se alega en la demanda, si el gobierno sigue adelante con la Ley 80, ello costaría entre $80 millones y $100 millones solo en el primer año y esa cuenta aumentaría entre $430 millones y $900 millones al cabo de una década.
Según la JSF, el gobierno aseguraba que facilitar el retiro temprano de ciertos empleados públicos resultaría en ahorros porque tales plazas no se llenarían una vez vacantes o se reclutarían nuevos trabajadores con menos paga, pero no hay certeza de que eso sucederá.
“Pagar por aumentar los beneficios de retiro limitando nuevas contrataciones o contratando a empleados públicos que trabajan en tareas de emergencia pagando menos es contrario al mandato de asegurar los fondos para servicios esenciales y los esfuerzos recientes del gobierno para revertir los altos niveles de atrición entre empleados públicos de emergencia”, alegó la JSF al argumentar en contra de las leyes 81 de 2020.
Las leyes que serán desplazadas por el Plan de Ajuste
Mientras la JSF busca anular por separado las leyes 80, 81 y 82 de 2020, así como la RC 33, el organismo insistió a la jueza en la necesidad de que estos estatutos y cualquier otro vigente o futuro con iguales intenciones pueda ponerse en práctica.
De acuerdo con la JSF, el organismo no interesa una autorización “amplia” del tribunal en torno a las leyes que puedan estar vigentes o que se aprueben a futuro y que tengan el efecto de interferir con el PDA.
“Como cuestión de derecho, cualquier ley aprobada por la Asamblea Legislativa estará ocupada en la medida en que esta conflija con la ley federal Promesa o cualquier otra ley federal”, indicó la JSF en las contestaciones que el organismo ofreció a Swain con el objetivo de convencerle de que el PDA debe confirmarse.
En su contestación a Swain acerca de por qué debe confirmarse el PDA del gobierno central, la JSF incluyó una lista de 49 leyes estatales que serían desplazadas por Promesa y un detalle de las secciones o capítulos que serían ocupadas por el estatuto federal.
De igual forma, las secciones seis y ocho del VI Artículo de la Constitución de Puerto Rico quedarían sin efecto hasta que Puerto Rico pague los compromisos que supone el PDA. Estas secciones requieren el pago prioritario de la deuda pública, según contraída y ello costaría al menos $1,700 millones adicionales solo en el año fiscal 2022.
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