ATP sobre la deportación de Djokovic: “Las decisiones en materia de salud pública deben ser respetadas”

Novak Djokovic perdió su batalla legal en un tribunal australiano, así que no podrá defender su título en el Abierto de Australia. Esto "marca el final de una serie de acontecimientos profundamente tristes"

Djokovic alegó haber pasado el COVID-19 en los últimos meses para supuestamente no vacunarse.
Djokovic alegó haber pasado el COVID-19 en los últimos meses para supuestamente no vacunarse.
Foto: DAVID GRAY / AFP / Getty Images

La ATP (Asociación del Tenis Profesional) calificó la deportación de Novak Djokovic por el gobierno australiano como “el final de una serie de acontecimientos profundamente tristes”, considera al jugador serbio “uno de nuestros mayores campeones” y advierte de que “las decisiones de las autoridades legales en materia de salud pública deben ser respetadas”.

Djokovic perdió este domingo en un tribunal australiano el recurso contra la decisión del Gobierno de revocar por segunda vez su visado, por lo que será deportado y no podrá defender su título en el Abierto de Australia.

“La decisión que se ha tomado hoy, de mantener la cancelación del visado de Novak Djokovic en Australia, marca el final de una serie de acontecimientos profundamente tristes. En última instancia, las decisiones de las autoridades legales en materia de salud pública deben ser respetadas. Se requiere más tiempo para hacer un balance de los hechos y aprender de esta situación”, dice la ATP en un comunicado oficial.

En este sentido, agregó: “Independientemente de cómo se ha llegado a este punto. Novak es uno de nuestros mayores campeones y su ausencia en el Abierto de Australia es una pérdida para nuestro deporte. Sabemos lo agitados que han sido los últimos días para Novak, y lo mucho que quería defender su título en Melbourne. Le deseamos lo mejor y esperamos verlo pronto, de nuevo, en pista”.

Por último, la ATP continúa recomendando “firmemente la vacunación de todos los jugadores”.

Según la ley, Djokovic se enfrenta, además, a una prohibición de regresar al país durante tres años, salvo ciertas excepciones, que pueden incluir “circunstancias imperiosas que afectan los intereses de Australia”.

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