Nueva York tendrá más fondos para “peinar” las calles de armas

Por segunda vez en el último año, las autoridades de Nueva York anuncian la inversión de recursos millonarios para tratar de poner un “alto al fuego” en las calles, particularmente de la Gran Manzana, en donde solo en las primeras tres semanas de 2022, una serie de balaceras han causado grandes tragedias y mucho dolor. 

Pero esta vez la estrategia será diferente. 

La policía estatal de Nueva York (NYSP) iniciará una estrategia de acción e inteligencia para “peinar” de armas las calles e incluso evitar que ingresen al estado. 

Este nuevo plan cuenta con el respaldo de $224 millones de dólares del presupuesto estatal para el año fiscal 2023 presentado por la gobernadora Kathy Hochul.

La fórmula para combatir la presencia de armas incluye enviar a oficiales de la policía estatal a la ciudad de Nueva York para ayudar al Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) en tareas muy específicas, además de un esquema multifactorial para evitar que ingresen armas a los cinco condados.

“Lo que mejor podemos hacer es usar nuestros recursos estatales, nuestros oficiales para ir a lugares como Pensilvania y ver dónde la gente está cargando baúles con armas que son legales allí, pero no legales en el estado de Nueva York”, ejemplificó  Hochul para aclarar en qué consistía el plan.

La mandataria estatal remató: “Si los atrapamos en los puntos de entrada de nuestras autopistas y los detenemos antes de que puedan hacer daño, entonces estamos progresando”.

Hochul y Adams sellan alianza contra el crimen

A diferencia de la secuencia de planes anti crimen anunciados por separado por las autoridades municipales y el ejecutivo estatal, luego de años de disputas entre el exgobernador Andrew Cuomo y el exalcalde Bill de Blasio, esta vez se concreta una alianza entre la gobernadora y el alcalde Eric Adams.

“El miedo y la ansiedad son reales en las calles. Desde hace una década no existía una colaboración entre ambos gobiernos. Estamos en esto juntos. Eso es lo que le estoy ofreciendo al alcalde”, dijo Hochul.

En este sentido, agentes de NYSP más experimentados se asociarán en operaciones especiales con todas las fuerzas policiales locales, para combatir la tenencia ilegal de pistolas en áreas identificadas como críticas, a través de unidades denominadas como Estabilización Comunitaria.

Desde que prestó juramento en el cargo el pasado 1 de enero, el Alcalde Adams ha tenido que enfrentar una serie de hechos violentos y una escalada criminal que ha encendido otra alerta en una ciudad que todavía enfrenta la tercera ola del COVID-19.

Tres policías recibieron disparos, incluido uno en Staten Island esta semana. Kristal Bayron Nieves, una empleada hispana de Burger King de 19 años, fue asesinada por un ladrón armado en Harlem. Y una bebé de 11 meses recibió un disparo en la mejilla por una bala perdida en El Bronx.

Mientras se crean alianzas y se disponen de fondos para rastrear con “mano dura” a los pistoleros, en paralelo, Adams en los primeros días del cargo reiteró que parte de su plan es recuperar una versión reformada de la Unidad Anticrimen de NYPD, un escuadrón especial que fue criticado por ser demasiado agresivo, aunque recibió elogios por sacar las armas de la calle y reducir el crimen.

“Lo vamos a implementar. No vamos a hacer nada en secreto. Cuando finalicemos la operación final, haremos una buena presentación y mostraremos cómo es”, dijo el mandatario municipal tras anunciar una guerra frontal contra el hampa.

“Triple inversión” en grupos antiviolencia

Además, Nueva York en su próximo presupuesto fiscal contará con una “triple inversión” en respuesta y prevención comunitaria a la violencia con armas de fuego.

La gobernadora detalló un aumento de los fondos emergencia del año pasado para el programa SNUG Outreach que amplía a $24,9 millones el apoyo a programas comunitarios interruptores de violencia.

Esto significa, que en paralelo al refuerzo de las operaciones de inteligencia policial, también se mantendrán los programas que ofrezcan servicios integrales para evitar que jóvenes en riesgo caigan en las garras de las bandas y pandillas.

Ya durante el 2021 en la Gran Manzana se totalizaron 479 asesinatos, la peor marca sangrienta desde el año 2011, cuando se registraron en las estadísticas un total de 511. La incidencia de hechos fatales fue una constante en las principales ciudades del país, que además enfrentaban los efectos pandémicos.

En este sentido, las autoridades neoyorquinas cuando apenas avanzan los primeros días de este nuevo año ya teñidos de sangre y dolor para varias familias, se han trazado un camino que en primer término saque las armas de las calles, especialmente de los vecindarios que han sido más castigados por la violencia.

Entre el recelo y el apoyo

Fuentes de la organización Comunidades Unidas por la Reforma Policial (CPR) que lidera una coalición de más de 200 organizaciones locales y nacionales,  que exigieron un recorte de $1 mil millones de presupuesto de gastos de NYPD, aseguran que están viendo con “cierto recelo” las nuevas inversiones anunciadas en reforzar la “inteligencia policial”.

“Estamos observando en detalle los nuevos movimientos, en la Ciudad se han aplicado trucos presupuestarios para seguir invirtiendo en la fuerza policial. Estamos esperando para fijar una posición clara. Históricamente todos los refuerzos policiales han terminando castigando a las minorías y a los más pobres”, dijeron a El Diario dirigentes comunitarios.

Entretanto, Katherine Schowalter voluntaria del capítulo de Nueva York de la organización Madres Demandan Acción en contra las Armas consideró de inmediato las medidas anunciadas por la gobernadora Hochul como “una muestra del compromiso de enfrentar de manera ampliada la epidemia de la violencia armada”.

Por su parte, en las calles algunos opinan que es hora de reforzar la “moral” y los recursos de los uniformados.

“Creo que los resultados de quitarle poder a los funcionarios están claros y quienes los sufrimos son quienes vivimos en El Bronx y en los barrios azotados por la delincuencia, no los políticos que viven en Manhattan. Ya vimos en qué terminó todo ese movimiento en contra de NYPD, mezclado con la reforma de la ley de fianzas”, consideró el bodeguero hispano Josué Villas, quien ha sufrido tres asaltos en los últimos meses en su establecimiento.

Hartos de balaceras en Carnesie

Este viernes en la tarde defensores de la comunidad y residentes hartos de las balaceras, se unieron nuevamente contra la violencia armada, en Rockaway Parkway y la Avenida Falklands en Brooklyn, justamente en un sitio que ha sido el escenario de varios tiroteos recientes, para denunciar y sensibilizar contra la violencia armada en la ciudad.

Allí el pasado 17 de diciembre, Arthur Miles, de 32 años, recibió un disparo mortal en la intersección, a solo unos pasos de la entrada del tren “L”.

Al día siguiente, el 18 de diciembre, a menos de una milla de distancia, un hombre de 20 años fue víctima de una detonación en Breukelen Houses.

La semana pasada estas localidades fueron el centro de otro hecho de pólvora, por una balacera que se registró en la 1014 este de la calle 92 de Carnesie, en donde un hombre de 45 años fue trasladado a un hospital con dos impactos en la cabeza.

NYPD reportó que otras dos víctimas, una mujer y un hombre de unos 40 años, recibieron disparos en la misma localidad, aunque las circunstancias no quedaron claras de inmediato.

Más recursos contra la violencia armada:

• $350,000 en fondos para triplicar los recursos del Centro de Inteligencia del Estado de Nueva York (NYSIC) con un equipo de analistas necesarios para procesar e investigar armas de fuego en todo el estado.
• $13,1 millones para ampliar el uso de las Unidades de Estabilización Comunitaria que asocian a los policías estatales más experimentados con las agencias locales de aplicación de la ley, para combatir los problemas de delincuencia específicos de la comunidad.
• $18,2 millones amplían los fondos para la iniciativa de eliminación de la violencia relacionada con armas (GIVE) que apoya los esfuerzos de las fuerzas del orden locales para detener la violencia armada, aclarar casos de disparos no mortales y reducir la reincidencia de personas bajo supervisión comunitaria.
• $24,9 millones para ampliar programas de extensión en las calles y en los hospitales que facilite nuevas iniciativas que brindan servicios integrales para jóvenes, preparación para el trabajo y capacitación en el lugar de trabajo.