Corte Suprema rechaza extender beneficios del Seguro Social (SSI) a ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico
La decisión significa que unas 300,000 personas en la isla caribeña no podrán recibir fondos mensuales bajo el programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI); los jueces del máximo foro de justicia en Estados Unidos votaron 8-1 a favor de excluir a la isla, territorio de EE.UU., del programa federal con base en los poderes plenarios del Congreso
Exterior de la Corte Suprema de Estados Unidos. Crédito: STEFANI REYNOLDS | AFP / Getty Images
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este jueves extender los beneficios del programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) de la Administración del Seguro Social a los puertorriqueños en la isla, territorio de Estados Unidos.
Los jueces del máximo foro de justicia en Estados Unidos votaron 8-1 a favor de la Administración de Joe Biden al determinar que la decisión del Congreso federal de excluir a Puerto Rico del programa SSI no viola el mandato de la Constitución de EE.UU. de que la ley le aplica a todos los ciudadanos por igual.
El SSI es un programa que reciben los ciudadanos estadounidenses en los estados de EE.UU. mediante el cual se paga una mensualidad a adultos y a niños con discapacidad o ciegos con ingresos bajos.
Los residentes en territorios como Guam y las Islas Vírgenes Estadounidenses tampoco reciben este beneficio.
La decisión significa que unas 300,000 personas en la isla caribeña no podrán recibir el beneficio. El Gobierno federal decidió que una expansión del programa para desembolsar fondos a Puerto Rico costaría unos $2 mil millones al año.
En una opinión del juez conservador Brett Kavanaugh se plantea que las acciones del Congreso son válidas bajo la provisión constitucional que le permite a los congresistas tratar a los territorios distinto a los estados. La jueza Sonia Sotomayor, de origen puertorriqueño, fue el voto disidente.
La exclusión del SSI tiene su origen en la misma legislación del Congreso estadounidense que creó el programa en 1972.
Al reaccionar a la decisión, la comisionada residente en Washington, Jennifer González, citó la Cláusula Territorial como la ficha clave.
“Siguiendo los casos históricos que permiten la discriminación contra los ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico, SCOTUS confirmó que la Cláusula Territorrial le permite al Congreso excluirnos de tan importante programa social para combatir la pobreza como lo es el SSI”, planteó González en un tuit desde su cuenta.
“Emplazo a mis colegas en el Congreso a que actúen con premura para corregir este discrimen insólito que mantiene a más de 300,000 de nuestros más vulnerables en la pobreza extrema. Ya hay una vía y es convertir mi proyecto H.R.537 en ley”, emplazó la funcionaria que no tiene derecho al voto sobre legislaciones en el Congreso.
El comunicado de González, del oficialista Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico, indica que ha impulsado la aplicación del SSI para Puerto Rico a través de las legislaciones HR3226, HR947, HR537 en la Cámara de Representantes.
En noviembre pasado cuando se realizó una vista oral del caso, varias organizaciones exigieron al Tribunal Supremo de Estados Unidos que incluya a Puerto Rico en el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario.
“Hemos visto de primera mano cómo el Gobierno federal discrimina hasta el nivel más alto contra los puertorriqueños pese a ser ciudadanos estadounidenses”, dijo en en ese momento Frankie Miranda, presidente de la Federación Hispana, en una conferencia de prensa desde Washington.
El reclamo judicial fue presentado por el puertorriqueño José Luis Vaello-Madero.
El boricua residía en Nueva York y contaba con una ayuda mensual de $586 dólares bajo el SSI. Los pagos continuaron hasta que se mudó a Puerto Rico en 2013.
Cuando el Gobierno federal supo que Vaello-Madero residía en la isla, la Administración del Seguro Social le reclamó la devolución de los $28,810 dólares recibidos desde que se mudó a Puerto Rico.
El ciudadano citó la Constitución para exponer su argumento de que la exclusión de los residentes en Puerto Rico del programa del SSI violaba el principio de igualdad de protección de derechos.
El Supremo, sin embargo, determinó que la Constitución no le exige al Congreso extender los beneficios de Seguridad Social a los residentes de Puerto Rico. El foro judicial se refirió a casos previos para plantear que del mismo modo que no se cobran impuestos federales en Puerto Rico, los beneficios del SSI no son obligatorios.
