Estado de excepción en el Salvador

La falta de garantías pueden derivar en atropellos a los derechos

Supuestos "pandilleros" son trasladados, desde la delegación policial "El Penalito", hacia una cárcel de San Salvador (El Salvador). El Salvador intensificó en los últimos días las capturas de supuestos pandilleros como parte de las medidas de un régimen de excepción que continuará hasta finales de mayo, que suspende garantías constitucionales y otorga poderes extraordinarios al Gobierno de Nayib Bukele para su "guerra contra las pandillas".
Supuestos "pandilleros" son trasladados, desde la delegación policial "El Penalito", hacia una cárcel de San Salvador (El Salvador). El Salvador intensificó en los últimos días las capturas de supuestos pandilleros como parte de las medidas de un régimen de excepción que continuará hasta finales de mayo, que suspende garantías constitucionales y otorga poderes extraordinarios al Gobierno de Nayib Bukele para su "guerra contra las pandillas".
Foto: Rodrigo Sura / EFE

La ofensiva del presidente Bukele de El Salvador contra las pandillas locales aparentemente tiene el respaldo de un inmenso sector de la población cansado de la inseguridad pública. El impacto de las medidas tomadas presenta el dilema de querer proteger a la sociedad civil corriendo el peligro de cometer abusos inaceptables en nombre de esa seguridad.

Bukele desde el primer momento se manifestó como un mandatario distinto, capaz de romper todos los esquemas sin importarle las actitudes autoritarias para conseguir sus propósitos. La “guerra contra las pandillas” que hoy dirige para pacificar el país después de un violento fin de semana que dejó más de 80 muertos.

El gobierno salvadoreño y las principales pandillas mantuvieron una tregua que redujo la violencia considerablemente a partir del 2020, según numerosos reportes. De acuerdo a los observadores, la violenta acción que mató a inocentes y pandilleros rivales, es un indicio del rompimiento del pacto.
Los sondeos de opinión muestran un respaldo al Estado de Excepción ratificado por el Congreso en marzo pasado y recientemente extendido hasta fin de mayo. Hasta el domingo pasado hay oficialmente 16,500 personas detenidas y se reportan hay días sin ningún homicidio.

Este es el resultado de limitar la libertad de asociación, suspender el derecho de ser informado de las razones de arresto y las garantías procesales, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir los celulares de quienes consideren sospechosos.
A esto hay que sumarle los cambios en una reforma penal que puede castigar a un menor de 12 de años de edad que puede recibir 10 años de prisión y a 20 años si está entre los 16 y 18 años de edad. Además, deja espacio a las ambigüedades tanto en su aplicación retroactiva de dudosa legalidad y como en definiciones de delitos.

Comprendemos la necesidad de paz, pero nos preocupa que la falta de garantías mínimas conduzca a serios atropellos cometidos por una policía que además de tener cuotas de detenciones, deja a su discreción determinar quienes son sospechosos de ser pandilleros. Para ser detenidos por largo tiempo esperando un procesamiento por jueces sin rostro y testigos secretos. Es la receta perfecta para que justos y ex pandilleros, también paguen por pecadores.

El apuro de Bukele por mostrar detenidos en ropa interior amontonados en una celda no deja espacio para muchas más estrategias para enfrentar a los estimados 70,000 pandilleros que hay en El Salvador según el gobierno.

La violencia de las pandillas es un síntoma de otros problemas sociales y económicos. El encierro es un remiendo que da tranquilidad momentánea, pero está muy lejos de tratar la enfermedad.