Activistas boricuas en la diáspora piden audiencias públicas en el Congreso sobre plebiscito federal propuesto para Puerto Rico

Miembros de la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos pidieron a los líderes de la Cámara de Representantes federal que realicen audiencias públicas para discutir el proyecto que dispone para un plebiscito en Puerto Rico entre opciones no territoriales antes de que el mismo baje a votación en el Comité de Recursos Naturales de ese cuerpo legislativo.

Melissa Mark-Viverito, expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York, fue una de las que se pronunció sobre la urgencia de los representantes en aprobar este miércoles en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja la “Ley de Estatus para Puerto Rico” presentada oficialmente en ese cuerpo legislativo el viernes pasado.

En una carta al presidente de ese Comité, el demócrata Raúl Grijalva, Mark-Viverito pidió que antes de darle paso a una medida de tal envergadura e impacto para los puertorriqueños, como mínimo, se debe someter el documento a audiencias públicas que estén disponibles también en idioma español.

“Negarle a los puertorriqueños y a los estadounidenses el derecho a audiencias públicas en el Congreso abiertas, formales y en español, empañaría el arduo trabajo que ha puesto el líder (Steny) Hoyer y otros miembros del Congreso para resolver este problema”, planteó la también miembro de la coalición de organizaciones de la diáspora Power4PuertoRico.

Adicional a la falta de programación de audiencias públicas, Mark-Viverito argumentó que a los puertorriqueños en Estados Unidos les preocupa la falta de detalles sobre un proceso de anexión en caso de que la opción de estadidad prevalezca en la consulta.

La expresidenta del Concejo además mencionó la falta de claridad en el lenguaje sobre la ciudadanía estadounidense bajo la alternativa de libre asociación, así como la imposición de condiciones inaceptables bajo la independencia.

“Aunque debemos movernos hacia adelante, lo debemos hacer adoptando un proceso verdaderamente democrático con base en hechos y en la verdad, no procesos apresurados o ambiguos o con un lenguaje manipulado, uno que le permita a la gente saber por lo que están votando exactamente”, planteó la demócrata.

Al llamado se unió como entidad Power4PuertoRico con una campaña para contactar por Twitter y / o llamar a la oficina de Grijalva con el reclamo de que se posponga el voto en el comité hasta tanto se realicen audiencias públicas.

“El Comité de Recursos Naturales de la Cámara realizó audiencias públicas y oficiales para reformar la Ley minera de 1872, la Prohibición a los Mariscos Rusos & almacenamiento de carbono en alta mar. ¿Acaso el proceso de descolonización de Puerto Rico no merece un examen riguroso de los detalles que pueden cambiar para siempre a estos caribeños?”, lee una entrada en la cuenta de redes de la coalición. El mensaje incluye el hashtag “#NoVoteB4Hearings” (No votación antes de audiencias).

Los representantes buscan darle paso mañana a la legislación mediante una votación en el Comité para que la misma pueda pasar al pleno de la Cámara antes del receso de agosto.

Esto se da luego de que Grijalva, así como las demócratas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez; y los republicanos Darren Soto, y Jennifer González, comisionada residente en Washington, viajaran a la isla a principios de junio para recabar el sentir de líderes de los distintos partidos políticos y otros sectores sobre el alcance del proyecto.

Aparte de las reuniones con líderes partidistas, se realizó un foro público en el Centro de Convenciones de San Juan, pero el espacio para deponer fue limitado y tenía que solicitarse con anticipación.

Según dispone el proyecto de ley, los puertorriqueños podrán escoger entre las opciones de independencia, estadidad o libre asociación en un plebiscito que se realizaría el 5 de noviembre de 2023.

En caso de que ninguna de las opciones obtenga una mayoría absoluta (50% más uno de los votos), tendría que realizarse una segunda vuelta el 3 de marzo de 2024 entre las dos fórmulas con más votos.

Antes del viernes, los técnicos de la Cámara se dedicaron a afinar el lenguaje de la legislación. Pero, a juicio de los activistas, los cambios no aclaran aspectos clave como son la ciudadanía, el idioma, así como la representación de Puerto Rico en eventos como las Olimpiadas en caso de que prevalezca la opción de la estadidad.

Un punto novel expuesto en la carta de Mark-Viverito, por ejemplo, plantea la duda sobre si las escuelas tendrían que ofrecer clases solo en inglés en caso de que Puerto Rico se convierta en estado, así como los procedimientos en tribunales e instrumentalidades del Gobierno.

Otro debate a colación es la intervención de EE.UU. en Puerto Rico en caso de que la mayoría opte por la independencia.

“La opción de estatus de independencia en el lenguaje de la legislación establece que Estados Unidos impondrá ciertos requerimientos para la Constitución de la nueva república. No parece probable que un país libre dictaría los términos para la ‘carta magna’ de un nuevo país soberano. Por lo tanto, instamos a que estos requisitos sean eliminados de la legislación”, puntualizó la exfuncionaria municipal.

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