6 puntos clave de la medida de consenso para resolver el estatus de Puerto Rico mediante plebiscito avalado por el Congreso de EE.UU.
Este jueves y tras varios meses de negociaciones, miembros de la Cámara de Representantes en Washington presentaron oficialmente el borrador de un proyecto bipartidista que dispone para una consulta el 5 de noviembre de 2023 en Puerto Rico entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia o libre asociación
Puertorriqueños en las calles del Viejo San Juan. Crédito: RICARDO ARDUENGO | AFP / Getty Images
El borrador de la “Ley de Estatus de Puerto Rico” presentado este jueves en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para realizar un plebiscito federal en la isla con opciones no territoriales se logró tras meses de conversaciones y tensos choques, principalmente, entre líderes que favorecen la estadidad y los que rechazan esa fórmula.
El resultado fue un acuerdo bipartidista histórico que no había sido alcanzado antes con el fin de resolver el problema colonial en Puerto Rico, territorio de EE.UU. desde hace más de un siglo, según destacaron los congresistas involucrados en el proceso.
En la conferencia de prensa ayer convocada por el segundo demócrata de mayor rango en la Cámara, Steny Hoyer, políticos como las representantes demócratas por Nueva York, Nydia Velázquez y Alexandría Ocasio-Cortez; el demócrata por Florida, Darren Soto, y la comisionada residente en Washington, Jennifer González, coincidieron en el carácter novel de la legislación de consenso.
A pesar de sus diferencias políticas y del procedimiento para llegar a una resolución al problema del estatus, los legisladores están claros en que la mayoría de los puertorriqueños están cansados de la relación entre EE.UU. y el territorio.
“La gente de Puerto Rico no quiere ser una colonia, y los Estados Unidos de América no quiere ser un poder colonial. Esta legislación busca atender este problema”, planteó Hoyer.
Movida histórica que logró unir voluntades más allá de lo político
“Esto que ha pasado hoy convierte este día en uno histórico para el futuro de Puerto Rico”, indicó González, quien favorece la estadidad. “No es perfecta. No es todo lo que Nydia quería, no es todo lo que yo quería… pero al menos necesitamos reconocer que hay una voluntad por parte de los miembros que estamos aquí de hacerlo”, expuso la comisionada residente.
Ocasio-Cortés incluso catalogó la medida como un “milagro”.
Velázquez, por su parte, indicó que aunque ella y sus colegas tienen ideas distintas sobre cómo alcanzar la descolonización de Puerto Rico, pudieron llegar a un terreno común luego de largas horas de negociaciones.
“La pregunta de estatus es mucho más grande que todos nosotros aquí hoy y más grande que cualquier motivación política. La pregunta de estatus ha afectado a los puertorriqueños por siglos”, argumentó Velázquez.
Proyecto de consenso surge de dos legislaciones rivales en la Cámara
Precisamente, la legislación de consenso surgió del proyecto H.R. 2070 o “Acta de Autodeterminación de Puerto Rico”, presentada por Velázquez y Ocasio-Cortez; y del H.R. 1522 o de Acta de Admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión, de la autoría de Soto y González.
La primera medida buscaba abordar el tema por medio de una Asamblea Constitucional de Estatus, cuyos delegados serían elegidos por los votantes en la isla. La segunda buscaba iniciar un proceso para admitir de inmediato a la isla del Caribe como estado 51 de la Unión.
Un largo proceso de audiencias y tres meses de negociaciones a puerta cerrada
El año pasado, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes que dirige el demócrata de Nuevo México, Raúl Grijalva, realizó varias audiencias en las que se discutió el alcance de ambos proyectos. Ninguno bajó a votación en ese organismo, pero generaron un amplio debate dentro y fuera del Congreso federal. Por los pasados tres meses se realizaron negociaciones entre las partes a puerta cerrada para llegar a la pieza de consenso.
A pesar del avance que representa esta iniciativa, para que se convierta en ley debe ser aprobada tanto en Cámara como en Senado, lo que representa un gran desafío.
De concretarse la aprobación, los boricuas deberán escoger entre las opciones de independencia, estadidad o libre asociación en un plebiscito que se realizaría el 5 de noviembre de 2023.
En caso de que ninguna de las opciones obtenga una mayoría absoluta (50% más uno de los votos), tendría que realizarse una segunda vuelta el 3 de marzo de 2024 entre las dos fórmulas con más votos.
“Esta es la primera vez que el Congreso reconoce a la libre asociación como una opción de estatus, donde la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños sería respetada”, destacó Velázquez.
¿Qué pasará con la ciudadanía estadounidense?
Bajo la estadidad, los puertorriqueños serían ciudadanos estadounidenses indefinidamente. En el caso de las otras dos opciones, las personas que ya son ciudadanos mantendrán esa categoría. Sin embargo, quienes nazcan luego de que entre en vigor el modelo de independencia estarán sujetos a las leyes migratorias de Estados Unidos.
En cuanto a la libre asociación, los hijos de ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico son elegibles a ese derecho mientras dure el pacto entre las dos naciones.
Grijalva viajará a Puerto Rico para realizar audiencias públicas sobre el proyecto
Bajo el acuerdo, Grijalva visitará la isla con personal del comité para llevar a cabo audiencias públicas sobre el alcance de la medida.
“La relación colonial con Puerto Rico necesitaba acabar”, sentenció el demócrata.
Adicional, el comité habilitó un sitio web para recibir retroalimentación por parte de los puertorriqueños antes de introducir oficialmente la medida en el Congreso.
ELA excluido de legislación y populares se expresan desafiantes
El legislador además indicó que el actual Estado Libre Asociado no está contemplado por ninguna parte de la medida.
Algunos líderes como el presidente del Partido Popular Democrático, Luis Dalmau, ya anticiparon que combatirán la medida federal porque excluye el ELA actual.
“Tengo que señalar que el llamado acuerdo para intentar mover unos proyectos que no tenían futuro ah dejado afuera el análisis y discusión, no solo al ELA, sino al escuchar el sentir del pueblo puertorriqueño y que a la misma vez omitió el análisis y el aval de la Oficina de Estudios Congresionales y del Departamento de Justicia federal, tal y como lo requiere la orden administrativa ejecutiva del pasado presidente Barack Obama y que está en vigor, no ha sido derrocada”, declaró Dalmau en conferencia de prensa.
“Ninguna de estas medidas contenidas en el acuerdo, por sí solas, ha tenido el respaldo suficiente como para salir de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara federal. Es decir, se trata de un engendro extraño entre dos medidas totalmente incompatibles una con la otra, así como incompatible con la realidad de los puertorriqueños en Puerto Rico”, sostuvo.
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