Congreso de EE.UU. revive tema del estatus de Puerto Rico con medida bipartidista para plebiscito; diáspora reclama afinar el lenguaje, mientras populares anuncian boicot

El anuncio de la presentación en la Cámara de Representantes federal del borrador de consenso de la "Ley de Estatus de Puerto Rico", que revive el debate de décadas sobre una posible solución al problema colonial del territorio, ha desatado opiniones encontradas tanto en EE.UU. como en la isla

Tanto la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez como su compañera de Partido, Nydia Velázquez, visitaron Puerto Rico la semana pasada para discutir la "Ley de Estatus de Puerto Rico".
Tanto la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez como su compañera de Partido, Nydia Velázquez, visitaron Puerto Rico la semana pasada para discutir la "Ley de Estatus de Puerto Rico".
Foto: Alex Wong / Getty Images

NUEVA YORK – El pasado 19 de mayo, líderes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dejaron de lado sus diferencias ideológicas para presentar públicamente el borrador o anteproyecto de ley que dispone para la realización de un plebiscito en Puerto Rico avalado por el Congreso con las opciones no territoriales de independencia, estadidad y libre asociación.

El anuncio de la presentación de la “Ley de Estatus de Puerto Rico”, que revive el debate de décadas sobre una posible solución al problema colonial de Puerto Rico, territorio de EE.UU. por más de un siglo, fue celebrada como una supuesta muestra de compromiso con el pueblo puertorriqueño que trasciende el protagonismo político.

Tan es así que el 28 de abril, antes del anuncio oficial de la medida bipartidista, la representante demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez, compartió por Twitter un comunicado en unión con la comisionada residente, Jennifer González – republicana- en la que anticiparon que habían llegado a un acuerdo sobre la pieza de ley a pesar de sus abiertas diferencias político partidistas.

“Ambas reconocemos que el asunto del estatus es crucial para el futuro de Puerto Rico. Si bien hemos mantenido nuestras posturas separadas por muchos años, no hay duda de que este es un tema cercano a nuestros corazones. Por eso hemos decidido sentarnos a la mesa y negociar un camino hacia la descolonización de la isla. Después de múltiples reuniones productivas, hoy creemos que estamos más cerca que nunca de llegar a un acuerdo”, destacaron las legisladoras.

En la conferencia de prensa para anunciar el llamado proyecto de consenso, Steny Hoyer, el segundo demócrata con mayor poder en la Cámara de Representantes, confirmó lo que plantearon con anterioridad las congresistas, que ya es tiempo de anteponer voluntades para resolver el problema colonial más allá de líneas partidistas.

“La gente de Puerto Rico no quiere ser una colonia”, aseguró Hoyer

La gente de Puerto Rico no quiere ser una colonia, y los Estados Unidos de América no quiere ser un poder colonial. Esta legislación busca atender este problema”, planteó Hoyer, al tiempo que catalogó la discusión como una cuestión de principios.

Borrador de consenso es resultado de la evaluación de dos proyectos rivales en la Cámara de Representantes

El borrador de ley creado por el equipo de Hoyer, quien apoya la estadidad para Puerto Rico, concilia los dos proyectos que competían para ser aprobados tanto en Cámara como en Senado con el fin de atender el tema del estatus.

Uno era el H.R. 2070 o “Acta de Autodeterminación de Puerto Rico”, presentado por Velázquez y la demócrata Alexandria-Ocasio-Cortez, también boricua de Nueva York; y el H.R. 1522 o “Acta de Admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión”, de la autoría de González y el representante demócrata de Florida, Darren Soto.

El “Acta de Autodeterminación de Puerto Rico” buscaba abordar la discusión por medio de una Asamblea Constitucional de Estatus, cuyos delegados serían elegidos por los votantes en la isla. Mientras que el otro proyecto apostaba a iniciar un proceso para admitir de inmediato a la isla del Caribe como estado 51 de la Unión.

Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos desde 1952 bajo la fórmula de Estado Libre Asociado o ELA con el que se identifica el Partido Popular Demócrata (PPD), de mayoría junto al Partido Nuevo Progresista (PNP), que impulsa la estadidad.

Fue a través de la Ley 600 aprobada en el Congreso de EE.UU. que se le autorizó a Puerto Rico desarrollar su propia Constitución. No obstante, desde la referida fecha, la isla se mantiene bajo los poderes plenarios del Congreso federal en cuanto a la aplicación de leyes, etc.

Aunque sus habitantes son ciudadanos estadounidenses y pueden votar en las primarias de los partidos políticos en la isla, no pueden ejercer ese derecho en las elecciones generales para votar por el presidente, por ejemplo, a menos que estén residiendo en EE.UU.

La isla tampoco recibe la misma cantidad de fondos federales en comparación con otros estados. Un ejemplo claro de lo anterior es la reciente decisión del Tribunal Supremo que le negó a unos 300,000 puertorriqueños el Seguro de Seguridad Suplementario (SSI), un programa de fondos para discapacitados que distribuye la Administración del Seguro Social (SSA).

El debate el año pasado sobre las dos legislaciones rivales no pasó de audiencias con simpatizantes de ambos proyectos ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara, liderado por el demócrata de Arizona, Raúl Grijalva. Pero generó mayor atención en Washington D.C. sobre el tema.

Aunque el borrador ya existe, se requiere toda una cadena de procedimientos adicionales para que finalmente sea aprobado en el Congreso y, posteriormente, firmado por el presidente Joe Biden para que se convierta en ley.

Ya se anticipa que la legislación sea frenada en el Senado, de mayoría republicana. Pero antes de llegar a ese cuerpo, la medida debe ser redactada en su totalidad en la Cámara, debatida en comité antes de pasar al pleno para votación. También se vislumbra la realización de una audiencia pública en Washington D.C.

A esto se suma el comprimido calendario legislativo debido a las elecciones legislativas a mitad de mandato, lo que podría retrasar más la evaluación.

A pesar de lo anterior, Grijalva -quien estuvo tres días en Puerto Rico la semana pasada para reunirse con líderes políticos y encabezar un foro público para recoger el insumo de la ciudadanía sobre el proyecto- confió en que el mismo será aprobado en la Cámara este mes.

“Fue un proceso difícil, y ahora estamos de vuelta con la intención de escuchar, tomar recomendaciones, ver qué puede ser perfeccionado, clarificar y hacerlo mejor en una legislación, y luego movernos antes de junio y enviarlo al pleno”, indicó Grijalva en una conferencia de prensa en la isla donde llegó acompañado de Velázquez, González y Ocasio-Cortez.

Un plebiscito para el 5 de noviembre de 2023

Según dispone el anteproyecto, los puertorriqueños podrán escoger entre las opciones de independencia, estadidad o libre asociación en un plebiscito que se realizaría el 5 de noviembre de 2023.

En caso de que ninguna de las opciones obtenga una mayoría absoluta (50% más uno de los votos), tendría que realizarse una segunda vuelta el 3 de marzo de 2024 entre las dos fórmulas con más votos.

Sin embargo, a medida que más voces se suman a la discusión, el debate lejos de simplificarse, se complica.

Activistas de la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos han enumerado una serie de requisitos de los que carece la legislación.

Miembros de la diáspora piden más audiencias públicas y clarificación del lenguaje

Power4 Puerto Rico, una coalición que agrupa a más de 30 organizaciones de boricuas en EE.UU., considera que es importante ampliar el acceso a vistas públicas sobre el proyecto.

 “Mientras un puñado de miembros del Congreso se dirige a Puerto Rico para reuniones, lo mínimo que el presidente Grijalva puede hacer para garantizar un mínimo de transparencia es celebrar audiencias públicas formales y que estén disponibles en nuestro idioma nativo español”, reclamó Érica González, directora ejecutiva de Power 4 PuertoRico.

No solo eso, sino que a juicio de los miembros de la coalición, que siguen destacando las bondades del H.R. 2070, es imperativo que se aclare el lenguaje del documento en varios renglones que van desde idioma hasta ciudadanía.

“Detalles importantes que son fundamentales al derecho de los puertorriqueños para trazar justamente su futuro están ausentes del borrador, incluyendo cuál sería el lenguaje oficial en Puerto Rico en el escenario de la anexión, los impuestos y fase en la cronología, las implicaciones para la identidad nacional, al igual que otros cambios que pudieran enfrentar los puertorriqueños en la vida real”, planteó Melissa Mark-Viverito, expresidenta del Concejo Municipal de NY y directora de políticas en el Centro Cultural Puertorriqueño de  Chicago.

El grupo además rechazó la provisión en la ley que elimina el conteo de las papeletas en blanco.

 “Hay personas en la isla que no necesariamente apoyan las tres opciones descolonizadoras en la papeleta de esta legislación, pero que tienen el derecho de ser escuchados. Esta es la razón por la que nosotros habíamos reclamado por una Asamblea Constitucional al frente de un proceso serio, e inclusivo de autodeterminación que incluyera todas las voces”, indicó por su parte el asesor sénior de Power 4 Puerto Rico, Federico de Jesús.

Los activistas además mencionaron otros ángulos que no se tocan en la legislación como la participación de la diáspora en la elección y el tratamiento que se le dará a la deuda de Puerto Rico, cuyo proceso de reestructuración avanza a raíz del plan de ajuste del gobierno central de la isla (PAD) al que la jueza Laura Taylor Swain le dio paso a principios de este año.

PPD y PIP insatisfechos con borrador para plebiscito vinculante

Los reclamos de Power 4 Puerto Rico no son los únicos. En la isla, ya se siente la inconformidad por parte de algunos sectores, y por parte de otros, el total rechazo.

En el caso del Partido Popular Democrático (PPD), su liderato abiertamente cuestionó que no se le tomó en cuenta al momento de desarrollar el borrador de la legislación federal.  

Para este borrador no se contó con el Partido Popular. Fuimos excluidos de este proceso y estamos excluidos de poder votar”, declaró el presidente del Partido, José Luis Dalmau Santiago. “Cualquier proceso que excluya al ELA (Estado Libre Asociado) nosotros lo vamos a combatir aquí y en Washington, que de eso no quede duda”, aseguró.

En la misma línea se expresó, el presidente de la Cámara de Representantes de la isla, Rafael “Tatito” Hernández en entrevista con el podcast Válgame PR.

Según Hernández, el plebiscito irremediablemente está inclinado hacia la estadidad.

“Aquí nadie va a votar por algo de perder lo que tiene….La gente no se  muda de Puerto Rico para Venezuela ni se va para Europa, se va para EE.UU. Hay seis millones de puertorriqueños en EE.UU.  No están viviendo en otro lado. Así que si sacan el ELA que es lo único que mantiene la puertorriqueñidad, la autonomía, con sus luces y sus sombras, si lo sacan de la papeleta, la gente va a votar abrumadoramente por la estadidad”, planteó el estadolibrista.

Hernández, que no participó de la reunión de liderato del PDD con Grijalva y los demás políticos federales, anticipó que su Partido podría pelear en los tribunales contra la medida citando una opinión del Departamento de Justicia federal del 2021.

El Departamento de Justicia de EE.UU. había recomendado enmiendas en el proyecto 2070 para que se incluyera el ELA territorial como alternativa.

Ante la resistencia de los populares, Velázquez aprovechó la visita a la isla para emplazar a los miembros de la colectividad a que le expliquen a los miembros del Congreso el ELA no territorial y colonial que proponen.

“Yo invito al Partido Popular o a algunos dentro del Partido Popular, porque ustedes saben que dentro del Partido Popular hay también división. Hemos estado claros en que esto es un proceso para descolonizar a Puerto Rico. Y obviamente, el estatus actual es un estatus territorial, colonial”, planteó Velázquez en una conferencia de prensa.

“Le damos la bienvenida, a aquellos que favorecen el ‘enhancement’ (la ampliación) del Estado Libre Asociado (ELA) que sea no territorial y no colonial a que nos presenten esa opción. Estamos aquí para escucharlos que nos digan cual es la opción de un Estado Libre Asociado no territorial y no colonial”, añadió.

El otro partido con reservas con el proyecto de consenso es el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

En la reunión con los congresistas participaron Rubén Berríos, presidente del PIP; Juan Dalmau, secretario general; la senadora María de Lourdes Santiago, vicepresidenta, y el profesor Carlos Iván Gorrín Peralta.

“El pueblo de Puerto Rico tiene el derecho inalienable a la libre determinación e independencia, y los Estados Unidos la obligación de descargar su responsabilidad descolonizadora. Debe ser tarea impostergable para ambos países ponerle fin al régimen colonial, tal y como acertadamente reconoce el borrador del proyecto”, afirmaron en una declaración conjunta tras el encuentro con los congresistas.

El problema, a juicio de los independentistas, es que según el lenguaje de la medida, la opción de la estadidad es autoejecutable. “Constituye la proverbial píldora venenosa”, consideraron.  Según la colectividad, el Congreso no aprobará un proyecto que disponga, como lo hace el borrador, que si la estadidad obtiene la mitad más uno de los votos, el presidente deberá proclamar la admisión de Puerto Rico como Estado dentro del año de la votación.

En el foro público realizado el sábado en el Centro de Convenciones de Miramar depusieron unas 30 personas, la mayoría políticos ligados a los principales partidos o exfuncionarios de Gobierno.

En general, respaldaron que el proyecto sea uno con el aval del Congreso.

Sin embargo, nuevamente se plantearon dudas sobre el lenguaje de la legislación y la necesidad de ahondar en el alcance de cada unas de las opciones descolonizadoras.

Por ejemplo, el exgobernador del PPD, Aníbal Acevedo Vilá, se refirió directamente a la fórmula de libre asociación.

“La propuesta final debe incluir lenguaje que aclare que Estados Unidos está dispuesto a reconocer el derecho a reclamar la ciudadanía norteamericana para los nacidos en Puerto Rico de ciudadanos norteamericanos”, planteó.

En el encuentro, hubo un momento de tensión cuando el excandidato independiente a la gobernación de Puerto Rico, Eliezer Molina, interrumpió las labores con un grupo de simpatizantes para reclamarle a Grijalva la supuesta inacción de su comité en cuanto al tema de las playas y otros recursos naturales en jaque por proyectos de desarrollo en las costas.

“Me es insólito que Puerto Rico está viviendo una destrucción sin precedente, que nos roban nuestras playas, nuestros bosques y llegó el momento que si ellos representan los recursos naturales no se preocupan por eso, pues el pueblo lo va a hacer”, declaró Molina al salir del centro.

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