Nueva regla de carga pública considera edad, salud y finanzas de inmigrantes que quieran una Green Card, pero no castiga ayudas sociales
Los inmigrantes que reciban ayudas en efectivos del Gobierno federal podrían enfrentar problemas al momento de solicitar una Green Card u otro beneficio migratorio, según la nueva regla de carga pública de la Administración Biden, pero ya no castiga por pedir cualquier apoyo social
Los inmigrantes que soliciten una Green Card ya no serán castigados por pedir ayudas sociales, salvo aquellas que impliquen dinero en efectivo, pero la nueva regla de carga pública del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) seguirá considerando la edad, salud y finanzas en general de un inmigrante que solicite la Green Card.
La dependencia recordó que la Sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) hace que un no ciudadano sea inadmisible si es “probable que en algún momento se convierta en una carga pública”, es decir, que dependa de las ayudas financieras del Gobierno federal para vivir.
“La ‘edad; salud; estado familiar; activos, recursos y estado financiero; y educación y destrezas’, según lo exige el INA”, indicó el DHS que serán considerados en la evaluación de un inmigrante al solicitar la Residencia Legal Permanente.
Sin embargo, la nueva regla se aleja del castigo que el expresidente Donald Trump planteaba imponer con una normativa que estuvo a punto de ser aplicada, pero enfrentó desafíos en tribunales, hasta que la Administración Biden logró detenerla.
“Esta acción garantiza un trato justo y humano para los inmigrantes legales y sus familiares ciudadanos estadounidenses”, consideró el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. “De acuerdo con los valores fundamentales de Estados Unidos, no penalizaremos a las personas por tener que acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos”.
El DHS retomó el principio de la regla de 1999, pero sometió a opinión pública los nuevos lineamientos a través del Registro Federal, como parte del proceso administrativo, luego incluyó los comentarios recibidos y redactó una nueva regla.
“De acuerdo con los valores de nuestra nación, esta política trata a todos aquellos a quienes servimos con justicia y respeto”, expresó la directora de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Ur M. Jaddou.
La funcionaria reconoció que todavía hay “confusión y miedo” entre los inmigrantes, debido a regla de carga pública impulsada por la Administración Trump.
“Aunque todavía queda mucho por hacer para superar la confusión y el miedo, continuaremos trabajando para derribar las barreras en el sistema de inmigración, restaurar la fe y la confianza con nuestras comunidades de inmigrantes y eliminar las cargas excesivas en el proceso de solicitud”, expuso.
El DHS enfatiza el cambio de regla tras las intenciones de la Administración Biden, a la que señaló por considerar los “beneficios complementarios de salud pública, como Medicaid y la asistencia nutricional”, como parte de la determinación de inadmisibilidad de la carga pública.
No es un “pase libre”
Sin embargo, esto no significa una pase libre para los inmigrantes que soliciten la Residencia Legal Permanente, ya que todavía es probable que se convierta en una “carga pública”, si los oficiales de inmigración consideran que esa persona podría depender “principalmente del gobierno para su subsistencia”.
“Se le puede negar la admisión o la residencia permanente legal (lo que se conoce coloquialmente como tarjeta verde)”, advierte el DHS.
El DHS recordó que antes de 2019, casi todos los beneficios gubernamentales no monetarios, includios Medicaid o asistencia nutricional, no eran considerados como una carga pública, algo que la Administración Biden cambió.
“La regla de 2019, que finalmente se anuló y ya no está vigente, resultó en una baja en las inscripciones en dichos programas entre las personas que no están sujetas al motivo de inadmisibilidad de la carga pública, como los niños ciudadanos estadounidenses en hogares de estatus mixto”, expuso el DHS.
Esta regla entrará en vigencia el 23 de diciembre del 2022, aunque será publicada el 9 de septiembre en el Registro Federal.
En qué consiste
La nueva guía que deberán seguir los oficiales migratorios para evaluar a un inmigrante que solicite una Green Card incluye varios aspectos con base en la INA.
En la revisión de peticiones se deberá revisar:
La situación personal del inmigrante: edad de la persona; estado de salud; estado familiar; situación de sus activos, recursos y estado financiero, y su ducación y destrezas.
Evaluación personalizada: DHS no considerará los beneficios recibidos por miembros de la familia que no sean el solicitante.
Descarta ayudas no monetarias: USCIS no considerará la recepción de ciertos beneficios no monetarios para los cuales los no ciudadanos pueden ser elegibles, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) u otros programas de nutrición, Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), Medicaid (excepto para la institucionalización a largo plazo), beneficios de vivienda, cualquier beneficio relacionado con vacunas o pruebas de enfermedades transmisibles, o otros beneficios complementarios o de propósito especial.
Las autoridades migratorias informarán cuándo será implementada la nueva regla y orientará a los inmigrantes al respecto.
“El DHS también llevará a cabo compromisos y actividades de divulgación pública para minimizar el riesgo de confusión o efectos escalofriantes entre los no ciudadanos y los ciudadanos estadounidenses”, acotó.
Las autoridades también darán detalles sobre cómo manejarán las solicitudes enviadas por correo con matasellos en o después de la fecha de que entra en vigor.