San Diego, California, acordó pagar $1.3 millones de dólares a la familia de mexicano que murió a manos de alguaciles
Marco Antonio Nápoles Rosales murió luego de ser arrestado por agentes del Departamento del Alguacil de San Diego (SDSD) el 16 de agosto de 2018 en medio de un forcejeo en el que se utilizaron descargas eléctricas contra la víctima
Népoles estuvo desarmado al ser arrestado y no tenía antecedentes penales. Crédito: Tom Kurtz | AFP / Getty Images
El condado de San Diego, California, pagará más de $1.3 millones de dólares a la familia de un hombre mexicano que murió a manos de alguaciles en 2018, informaron este viernes autoridades mexicanas.
Marco Antonio Nápoles Rosales murió luego de ser arrestado por agentes del Departamento del Alguacil de San Diego (SDSD) el 16 de agosto de 2018.
El informe de SDSD señaló que uno de sus agentes respondió a una llamada hecha por la empleada de una gasolinera en Fallbrook, en el condado de San Diego, sobre un hombre que se negaba a salir de la tienda de la estación, informó la agencia Efe.
Tras varios minutos y varias ocasiones en las que el agente le pidió que abandonara el negocio por ser propiedad privada, comenzó un forcejeo debido a que Nápoles se negó a entregar su mochila para ser revisada, agregó SDSD.
Cuando cayeron al suelo, Nápoles se seguía resistiendo a ser arrestado, y ocho agentes más llegaron para ayudar al oficial para concretar la detención. Para ello, usaron una pistola paralizante y una camisa de fuerza.
En medio del forcejeo, Nápoles recibió al menos seis descargas mientras pedía ayuda a gritos, hasta que sufrió un paro cardíaco y murió mientras era trasladado al hospital.
Familiares alegaron que Nápoles había tenido un “mal día” por falta de dinero, teniendo que caminar varios kilómetros hasta la gasolinera, ya que no contaba con celular.
La madre del mexicano fallecido, Dolores Rosales, llevó a cabo una demanda contra el condado de San Diego, que fue apoyada por el Consulado de México en San Diego.
La demanda señala que Nápoles estuvo desarmado cuando fue arrestado y no tenía antecedentes penales.
Tras los alegatos, el condado accedió el pago de $1.3 millones de dólares para terminar con la querella legal.
“Esperamos que este caso sirva para recordar a todos que el uso excesivo de la fuerza no es aceptable bajo ninguna circunstancia”, recalcó Gutiérrez.
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