Demócratas en Washington D.C. encabezados por representante Nydia Velázquez piden exención de un año a la Ley Jones en Puerto Rico para facilitar flujo de ayuda humanitaria
La representante federal Nydia Velázquez envió una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para que deje sin efecto de manera temporal las disposiciones de la ley del 1920 que limitan el ingreso de barcos extranjeros con suministros a la isla, azotada recientemente por el huracán Fiona
La congresista puertorriqueña de NY, Nydia Velázquez, encabeza el grupo de congresistas que pide una exención a la Ley Jones en Puerto Rico a raíz del embate del huracán Fiona. Crédito: Erin Scott | AFP / Getty Images
NUEVA YORK – La representante demócrata en el Congreso de Estados Unidos, Nydia Velázquez, envió una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para que deje sin efecto de manera temporal las disposiciones de la Ley Jones que limitan el ingreso de barcos extranjeros con suministros a Puerto Rico, esto con el fin de agilizar las labores humanitarias en la isla tras el azote del huracán Fiona.
En la carta con fecha del 22 de septiembre, la legisladora de origen boricua plantea que la emergencia en la isla amerita que las autoridades federales suspendan la aplicación de la ley por un año para facilitar el flujo de agua, alimentos, combustible y otros productos de primera necesidad.
“Un número significativo de puertorriqueños no solo han perdido el servicio de electricidad, sino que han sido desplazados y están experimentando inseguridad por la falta de comida y agua. La isla ya estaba sufriendo dificultades financieras cuando el huracán Fiona dio otro golpe paralizante a la gente y a la economía que por mucho tiempo han tratado de recuperarse”, lee la carta firmada por otros siete representantes demócratas entre los que se encuentran Alexandria Ocasio-Cortez, Ritchie Torres y Adriano Espaillat, todos de Nueva York.
“Con el largo camino a la recuperación apenas iniciando, nosotros estamos pidiendo la exención de un año de la Ley Jones para Puerto Rico. La isla ahora enfrenta una batalla cuesta arriba sin precedentes para reconstruir casas, negocios y comunidades. Flexibilizar temporalmente estos requerimientos– con el propósito expreso de la recuperación ante el desastre- le permitirá a Puerto Rico tener mayor acceso al combustible que necesitan para las plantas generadoras de energía, comida, medicinas, ropa y suministros para construcción”, añadieron los políticos.
“Como miembros del Congreso, nosotros creemos que es nuestra responsabilidad asegurarnos que el Gobierno federal promueve el desarrollo económico y seguridad de cada comunidad a lo largo del país. A la gente de Puerto Rico se les ha negado por mucho tiempo los mismos beneficios provistos a los ciudadanos estadounidenses. Ahora mismo, es demasiado lo que está en juego. Por lo tanto, le solicitamos el Departamento de Seguridad Nacional para proveer una exención de un año de los requisitos de la Ley Jones en Puerto Rico…”, puntualizaron los representantes.
Mayorkas no ha respondido públicamente al pedido de los congresistas neoyorquinos. Sin embargo, el pasado 21 de septiembre, a través de su cuenta oficial informó que se encontraba en Puerto Rico acompañando a personal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en las labores de respuesta y recuperación.
“Hoy yo pasé tiempo con nuestro equipo de @FEMA. Yo recibí actualizaciones críticas en @DHSgov sobre la respuesta en curso a #Fiona. Es todo manos a la obra para nuestro equipo. Ellos están haciendo un trabajo increíble junto a nuestros socios interagenciales para apoyar a la gente de Puerto Rico. #WeAreDHS”, lee el mensaje en la red social.
No es la primera que la congresista de origen puertorriqueña se refiere a este tema.
En septiembre del 2017, poco después del impacto del huracán María en Puerto Rico, Velázquez consideró que el plazo de 10 días en la exención aprobado por el entonces presidente Donald Trump no era suficiente para responder a las necesidades de los damnificados boricuas.
“Una exención de 10 días como la Administración ha anunciado está lejos de ser suficiente considerando el alcance de esta tragedia. Más aún, a medida que Puerto Rico Puerto Rico inicia la larga ruta a la reconstrucción, va a ser difícil hacerlo si los suministros para reconstruir cuestan el doble que en territorio continental. A ese fin, yo insisto en mi llamado previo para una exención de un año a la Ley Jones..”, emplazó la demócrata.
Para esas fechas, barcos y organizaciones organizaciones extranjeras se vieron imposibilitados de enviar suministros a la isla ya que no podrían atracar en isla debido al alcance de la ley, lo que retrasó la respuesta humanitaria para los puertorriqueños.
Sin embargo, informes periodísticos revelaron que la exención a la ley no tuvo gran impacto ya que no llegaron embarcaciones extranjeras en la Isla producto de la concesión.
Una ley del 1920 contra submarinos alemanes
El Congreso aprobó en 1920, después de la Primera Guerra Mundial, la Ley de la Marina Mercante, también conocida como Ley Jones, en respuesta a la situación con los submarinos alemanes que hundieron casi 5,000 barcos durante el conflicto armado.
Mediante el estatuto, el Gobierno buscaba controlar y fortalecer la industria naval del país ante este peligro.
La sección 27 de la establece que solo los barcos estadounidenses pueden transportar bienes y pasajeros entre puertos puertorriqueños. No solo esto, sino que establece que solo ciudadanos estadounidenses pueden construir los barcos, trabajar en ellos o ser sus propietarios.
A pesar de que actualmente ningún submarino amenaza la costa de la isla caribeña, esta ley, para algunos obsoleta, sigue vigente.
Bajo el estatuto, las embarcaciones que quieran ingresar a Puerto Rico con registro extranjero deben pagar aranceles, cuotas e impuestos proteccionistas, que termina reflejándose en el gasto de los consumidores en la isla.
Algunos barcos optan por cambiar de ruta y llegar a Jacksonville, Florida
Otra alternativa es que los barcos cambien de ruta y se dirijan hacia Jacksonville, Florida, donde pueden trasladar toda su mercancía a una embarcación estadounidense para enviarla a Puerto Rico.
En resumen, toda ayuda a Puerto Rico debe llegar primero a territorio continental de Estados Unidos antes de ser transportada en barcos con bandera estadounidense hacia la isla.
Un informe publicado en el 2012 por dos economistas de la Universidad de Puerto Rico reveló que la Ley Jones provocó pérdidas de unos $17,000 millones de dólares en la economía de la isla entre 1990 y 2010.
Otro informe del Instituto Cato divulgado en julio de este año reveló que el costo de las mercancías que vienen de Estados Unidos continental se disparan por lo menos el doble que en las islas vecinas, incluidas las Vírgenes donde la ley no es aplicable. El reporte además señala que el costo de vida en Puerto Rico es un 13% más alto que en 325 áreas urbanas del resto de EE.UU., esto a pesar de que el ingreso per cápita es de unos $18,000 dólares, casi la mitad que en Mississippi, el más pobre de los 50 estados.
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