Protestas dentro y fuera de Puerto Rico no detienen extensión de contrato a LUMA Energy por parte del Gobierno que ahora le pagará más al consorcio extranjero

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, asiduo defensor de la compañía, confirmó en una conferencia de prensa que LUMA seguirá teniendo el control de la Autoridad de Energía Eléctrica (PREPA) a pesar de los apagones reportados a diario y los siete aumentos en la factura de luz desde que la empresa canadiense inició labores en la isla hace 18 meses

Una protesta frente a las oficinas de LUMA Energy en Puerto Rico  en reclamo de su salida como compañía operadora de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Una protesta frente a las oficinas de LUMA Energy en Puerto Rico en reclamo de su salida como compañía operadora de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Foto: RICARDO ARDUENGO / AFP / Getty Images

NUEVA YORK – A pesar de la movilización en las calles de Puerto Rico por parte de algunos grupos y la presión de miembros de la diáspora en Estados Unidos para que no se le extendiera el contrato suplementario, LUMA Energy, consorcio extranjero encargado de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en la isla, continuará operando al menos hasta que se culmine el proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Este miércoles, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, asiduo defensor de la compañía, confirmó en una conferencia de prensa que LUMA seguirá teniendo el control de la AEE.

Pierluisi, quien insistió en que la cancelación del contrato sería “nefasto” para la isla, reconoció que a partir de la renovación se le pagará más al consorcio canadiense por sus servicio debido, entre otras cosas, a los costos de la inflación. El pago a LUMA rondaría los $122 millones, según estimó Pierluisi también presidente del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Ahora mismo conforme al acuerdo suplementario, LUMA cobró en este año, que acaba de pasar, alrededor de $115 millones. Para el próximo año, hay un ajuste que ya está dispuesto en el propio contrato, a base de costos de inflación, entre otras cosas, que entonces aumenta la cantidad a alrededor de $122 millones”, declaró el mandatario.

Según el reporte de El Vocero, medio en Puerto Rico que primero informó sobre la extensión del convenio, el contrato extendido no tiene una fecha de vencimiento específica.

Una carta de la Junta de Control Fiscal, organismo federal que manejas las finanzas de la isla desde el 2016,  menciona que la cifra asignada para LUMA en el año fiscal 2023 es de $121.7 millones. El monto se podrá gastar desde la fecha de vigencia de la enmienda propuesta, o sea el jueves, 1 de diciembre.   

Según el gobernador, el proceso para reestructurar la deuda de la Autoridad puede resultar en que el tribunal federal confirme el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) a esos fines o que la jueza Laura Taylor Swain desestime la petición.

“Si el tribunal confirma un PAD para la Autoridad entonces entrarán en vigor todas las disposiciones del contrato de 15 años entre la Alianzas Público Privadas (APP), la AEE y LUMA, que se firmó a mediados de 2020. En ese momento, cambiará la cuantía a la empresa y se establecerá un sistema de bonificaciones o penalidades a base de su desempeño”, explicó el primer ejecutivo.

En las últimas horas, mientras se finiquitaba la votación de la Junta de Directores de la Autoridad de las APP para autorizar la extensión, grupos como “Se acabaron las promesas”, protestaban cerca de La Fortaleza, residencia oficial de Pierluisi en San Juan, bajo la consigna “Rompamos el contrato”.

El grupo, uno de los más activos en Puerto Rico contra el contrato de LUMA,  considera que el ingreso de la empresa ha agudizado la crisis energética en la isla, donde los apagones son la orden del día así como los aumentos en la factura de luz.

“La Junta de Control Fiscal, el Negociado de Energía, el gobierno colonial de Puerto Rico junto con Estados Unidos son cómplices de la aguda crisis energética y sus impactos en la salud y las vidas del pueblo en especial de quienes sobreviven en precariedad a causa de décadas de fallidas políticas y la corrupción. Hacemos el llamado al pueblo a mantener la lucha en las calles, los cuales son espacios públicos y de expresión donde seguiremos denunciando los abusos. Demandamos la recuperación a manos públicas del servicio de energía eléctrica, la cancelación del contrato y la restitución de los empleados injustamente desplazados por la privatizadora LUMA. ¡Lucha si, entrega no! ¡Este pueblo se respeta! #SeAcabaronLasPromesas”, lee un mensaje la mañana de hoy en la cuenta de Facebook del colectivo.

El proceso para autorizar la extensión del contrato no estuvo exenta de controversia.

Eduardo Ferrer Ríos y Liza Ortiz Camacho, los representantes del interés público ante la Junta de Directores de las APP, rechazaron el proceso en el que se aprobó por minoría simple la extensión.

Le pasaron por encima a los intereses del pueblo de Puerto Rico”, consideró Ferrer Ríos.

Los representantes del interés público se abstuvieron de votar, mientras que los otros tres miembros, el secretario de Estado, Omar Marrero; el secretario de Hacienda, Francisco Parés, y el presidente de la Junta de Planificación, Julio Lassús, favorecieron el acuerdo.

A juicio de los disidentes, la abstención significaría votos en contra.

“No podíamos validar una votación contraria a derecho… bajo la Ley 120 la abstención se entiende como un voto en contra a la enmienda del contrato supletorio”, planteó Ortiz Camacho en una conferencia de prensa virtual.

El dúo planteó que la Ley 120-2018  establece que cualquier transacción relacionada con la Autoridad de Energía Eléctrica, tiene que contar con el voto afirmativo de los representantes del interés público.

Ortiz Camacho y Ferrer Ríos además tronaron contra la Junta de Control Fiscal por haber aprobado el proceso antes de la votación de las APP.

Los miembros anticiparon que acudirán a los tribunales para pedir que se anule la votación.

Por su parte, Marrero rechazó los planteamientos de los denunciantes bajo el argumento que la discusión fue extensa y conforme a derecho.

“Confirmamos que se siguieron los procedimientos y reuniones de manera consistente con lo que ha sido nuestra práctica en el pasado. Querer decir lo contrario es mentirle a Puerto Rico. Los miembros tuvieron toda la información necesaria y que fuese solicitada para considerar el asunto en cuestión”, indicó por escrito el representante del Gobierno a El Vocero.

El contrato fue avalado por la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica por cuatro votos a favor y uno en contra, tras su aprobación previa por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP).

Desde la diáspora y previo a que se confirmara la extensión del contrato, la expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark-Viverito, indicó que la extensión temporal podría ser una oportunidad para avanzar en la lucha contra la compañía energética desde distintos ámbitos.

“Estamos escuchando el clamor. Tienen toda la justificación en estar frustrados y nosotros vamos a luchar con ellos (con los puertorriqueños) para tratar de ponerle presión al gobernador porque este contrato no puede seguir. Hay mucho sufrimiento en Puerto Rico. Mi mamá que tiene 75 años, yo siempre pienso en ella, que como cualquier otro puertorriqueño sufre estos apagones, lo que significan estos apagones en la calidad de vida. Lo que tiene que ver con la salud, lo que sufren los hospitales, las personas discapacitadas. No es aceptable”, planteó sobre las deficiencias que se le atribuyen a LUMA desde junio del año pasado cuando se activaron las clásulas del contrato por 18 meses.

Mark Viverito, que formó parte de una delegación de líderes políticos y activistas neoyorquinos que pidieron la cancelación del contrato a LUMA en el marco de la celebración de la conferencia SOMOS en Puerto Rico en noviembre, catalogó la gestión de LUMA por los pasados meses como “inaceptable”.

“Ahora hay que analizar el aspecto legal, qué opciones tenemos legalmente o qué opciones tiene Puerto Rico legalmente para llevar a LUMA y a este contrato a la Corte. Pero también seguir nosotros en la diáspora consiguiendo el apoyo. El Concejo Municipal de Nueva York ya presentó una resolución pidiendo que ese contrato no se firme y que se cancele”, destacó la excandidata a la Defensoría del Pueblo de NY en entrevista con el podcast Válgame PR.

Por su parte, la organización no gubernamental “Queremos sol” que propone una transformación energética para Puerto Rico basada en energía renovable,  planteó en sus redes que el Gobierno de Puerto Rico debe dejar de insistir en extender un servicio pésimo y caro.

Todos en Puerto Rico saben que LUMA no sirve. El Gobierno no puede seguir ignorando el reclamo de que cancelen el contrato”, indicaron los miembros de la entidad en uno de varios tuits en los que también incluyen el número telefónico de La Fortaleza para que usuarios llamen y reclamen la cancelación del contrato.

Por su parte, el equipo de prensa de LUMA circuló este miércoles  un comunicado de prensa en el que indican que la extensión es una oportunidad para continuar la reconstrucción del sistema eléctrico en Puerto Rico.

“La extensión del contrato suplementario permitirá que los sobre 3,000 hombres y mujeres de

LUMA continúen trabajando para construir un sistema eléctrico más confiable, resiliente y

limpio para los 1.5 millones de puertorriqueños a quienes tenemos el privilegio de servir”,

expresó Wayne Stensby, presidente y CEO de LUMA. Ahora más que nunca, todos debemos

unirnos y enfocarnos en lo más importante para todos: construir un mejor futuro energético

para Puerto Rico”, añadió.

Según la empresa, en 18 meses, han reducido la frecuencia de las interrupciones de servicio o la cantidad de interrupciones que experimenta el cliente promedio en un año, un 30 % en comparación con las cifras de la Autoridad.

Adicional, LUMA se atribuyó haber conectado a más de 36,500 clientes a cubierta solar y haber impulsado 251 proyectos de infraestructura financiados por FEMA (Administración Federal de Manejo de Emergencias) con una inversión de $6.2 mil millones.

Las críticas contra LUMA incrementaron tras el impacto del huracán Fiona en Puerto Rico el 18 de septiembre.

Tras el embate del sistema, a la entidad le tomó unas tres semanas restaurar el servicio eléctrico al 90% de la población.

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