Exigen aprobar ley que informe a padres supervisados por agencia de Servicios Infantiles en NYC sobre sus derechos

“No nos quiten a nuestros hijos”, ese fue el clamor que este miércoles decenas de familias que tienen o han tenido investigaciones con la Agencia de Servicios Infantiles de la Gran Manzana (ACS), mayormente latinas, negras e inmigrantes, manifestaron al frente del edificio de la Alcaldía y el Concejo Municipal.

Con carteles y arengas, en los que denunciaron que ACS lleva años promoviendo prácticas racistas y discriminatorias para remover a menores de edad de sus hogares, basados en investigaciones “viciadas”, los manifestantes pidieron que esa agencia brinde un trato digno a familias de color, comenzando con informar a los padres investigados sobre los derechos que tienen en sus procesos.

Activistas, defensores y líderes políticos hicieron un llamado urgente al Concejo Municipal para que apruebe la llamada iniciativa Miranda Familia, que obligaría a que los inspectores de ACS lean la lista de derechos a los padres y tutores de niños cuando son investigados, tal y como hace la policía cuando detiene a una persona en un proceso penal.

La concejal Carlina Rivera, promotora de la iniciativa municipal, anunció que impulsará nuevamente la propuesta de ley en el Concejo de la Ciudad, que requeriría que los trabajadores sociales de ACS brinden a las familias sus derechos verbalmente y por escrito.

“Estamos ante una agencia que está cometiendo abusos contra nuestras familias latinas y afro y lo mínimo que podemos exigir que hagan es que les informen a los padres sobre los derechos que tienen y las opciones, en su propio idioma”, comentó la legisladora.

Rivera reveló con datos, la manera desproporcionada en la que ACS actúa contra familias de color, lo que sería una prueba de sus procesos discriminatorios.

“La mayoría de familias que se me acercan a pedir ayuda y a denunciar a ACS, son latinas y afro; de 60,000 familias investigadas cada año, el 87% son latinas y afro, por lo que aprobar esta ley es la oportunidad para empezar a ver cambios urgentes que se necesita promover”, dijo la legisladora del Bajo Manhattan.

El senador estatal Jabari Brisport, arremetió contra ACS y pidió que cesen el trato discriminatorio hacia familias latinas y negras y dijo que al final, la mayoría de las investigaciones que la agencia adelanta no encuentran nada sustancial, pero ya han hecho el daño, creando trauma en las comunidades.

“Esta legislación Miranda es algo de sentido común y respeto hacia familias que todos los días están batallando para salir adelante y dar a sus hijos lo que se merecen, pero el sistema quiere seguir tratando a nuestros padres de manera diferente”, dijo el legislador de Albany. “Dígannos si creen que estos padres no tienen derechos, dígannos si creen que estos padres no merecen abogados y entonces podemos tener otra conversación, pero no podemos seguir con un sistema que a unos padres les da derechos y a otros no, pues lo que necesitamos es que haya familias estables y no que las separen”.

La pieza de ley “Familia Miranda” lograría que los padres tengan el conocimiento de sus derechos, y así poder buscar un abogado antes de responder preguntas, o solicitar que ACS emita una orden judicial antes de realizar una inspección en un hogar.

Los manifestantes denunciaron que ACS se opone a la aprobación de la legislación de la Familia Miranda, a pesar de que una reciente auditoría interna halló que personal de esa agencia está de acuerdo con los padres y defensores sobre sus quejas. El reporte interno contó, de acuerdo a los denunciantes, que los trabajadores coincidieron en que ACS somete a las familias a vigilancia injusta, no desarrolla “esfuerzos razonables” para mantener unidas a las familias e incentiva al personal a “ser invasivo y no decirle a los padres sus derechos”.

“El paso más básico para encoger el sistema de regulación familiar y acabar con la discriminación racial discriminación es simplemente decirles a los padres sus derechos, pero ACS se niega a hacer eso”, dijo Carmen Piñeiro, quien vivió en carne propia visitas intrusivas a su casa e insistió en que la agencia es “racista” y debe empezar un camino para enmendar sus fallas.

“Yo como mujer latina viviendo en El Bronx, donde Raymundo y todo el mundo hemos vivido estos abusos de ACS digo que ya es hora de que paren con eso, porque nos quitan los niños por ser pobres. Porque entran a las casas y miran una nevera o una gabeta o si no ven una cama. Pero en vez de quitar hijos y darles cheques a gente ajena por qué no les dan a las familias pobres dinero para que puedan tener mejor a sus hijos“, agregó la madre latina.

El concejal de Queens, Shekar Krishnan, quien de niño aseguró haber vivido momentos de vigilancia excesiva por parte de ACS en su familia urgió a que la Gran Manzana se ponga del lado de los padres y los pequeños y no sean separados sin fundamento.

“La separación familiar ocurre aquí mismo en Nueva York debido a las prácticas crueles de ACS que toma como blanco, abrumadoramente a familias negras y latinas”, dijo el legislador municipal. “Hay que garantizar que las familias sean plenamente conscientes de sus derechos cuando entren en contacto con los investigadores de ACS y para asegurar que en comunidades de inmigrantes como las que represento, sus derechos se dan en un idioma de manera accesible”.

Otra iniciativa municipal, promovida por la concejal Sandra Ung, busca que ACS proporcione un formulario de divulgación multilingüe a los padres o tutores durante una investigación de protección infantil en los idiomas de los padres para garantizar que tengan una mejor comprensión de sus derechos.

“La visita de un trabajador social de ACS es una experiencia aterradora para cualquier padre o cuidador, y el shock y la confusión iniciales hacen que pensar con claridad y racionalmente comprensiblemente difícil”, dijo la concejal Ung. “Ellos pueden, sin saberlo, dar su consentimiento para un registro o firmar un documento legal sin entender las implicaciones de sus acciones”.

Tras los señalamientos contra la agencia de Servicios Infantiles, el Comisionado de ACS, Jess Dannhauser, advirtió que su oficina está comprometida a mantener seguros a los niños y, al mismo tiempo, abordar las disparidades raciales sistémicas que existen en el bienestar infantil.

“Valoramos las perspectivas de aquellos con experiencias vividas en el sistema de bienestar infantil y estamos comprometidos a proporcionar a los padres materiales escritos en su puerta que los ayudarán a comprender mejor sus derechos cuando son objeto de una acusación de abuso o negligencia infantil”, dijo el funcionario.

El Comisionado de ACS dijo también que además de transmitir a las familias los derechos que tienen, esa agencia seguirá trabajando para evitar que más niños ingresen al sistema de bienestar infantil cuando son removidos de sus hogares.

“Continuaremos nuestro trabajo para estrechar la puerta de entrada al sistema de bienestar infantil invirtiendo en las comunidades y trabajando con partes interesadas externas para ayudarnos a reducir los informes injustificados a la línea directa de abuso infantil del Estado, para que podamos enfocar mejor nuestros recursos de protección infantil en aquellos que realmente lo necesitan”, agregó Dannhauser.

La agencia de Servicios infantiles destacó además que ha trabajado para acabar con la inequidad racial, por lo que en el 2020, buscaron subvenciones para trabajar con el Servicio Nacional de Innovación (NIS) para promover la equidad tanto en ACS como dentro del sistema de bienestar infantil.

Igualmente mencionaron que han avanzado en la reducción de reportes innecesarios, pues aunque la ley estatal exige que cada vez que envíen un informe de posible abuso o maltrato infantil, protección infantil de ACS debe evaluar rápidamente la seguridad de los niños y el hogar, tienen claro que no todos los informes a la línea directa estatal de abuso infantil son necesarios.

Por ello, la agencia asegura que están educando a los profesionales que trabajan con niños y familias sobre las muchas formas de brindar apoyo a las familias sin hacer un informe innecesario a la línea directa de abuso infantil del estado, cuando no hay razón para sospechar que un niño puede haber sido abusado o maltratado.

Recomendaciones de las organizaciones que denuncian fallas sistémicas en ACS:

• Establecer y proporcionar financiación y apoyo gubernamentales para un Plan de Rendición de Cuentas.
• Crear un grupo liderado por padres y jóvenes con experiencia vivida en la regulación familiar el sistema y líderes comunitarios informados y comprometidos
• Preservar y ampliar las inversiones en familias y comunidades antes de que ocurra una separación familiar y reducir las inversiones en vigilancia
• Brindar asistencia directa a las familias y a las organizaciones comunitarias
• Dedicar nuevas inversiones a las familias más afectadas por la regulación familiar y a las comunidades con más investigaciones y remociones de niños
• Incluir a miembros de la comunidad en los comités de designación judicial del Tribunal de Familia
• proporcionar comentarios públicos sobre los nombramientos propuestos del Tribunal de Familia, y
• priorizar el nombramiento de jueces que tengan conexiones personales con el sistema de regulación familiar
• Ampliar y mejorar la representación legal de los padres para mejorar el acceso a justicia, exigiendo que los investigadores de los servicios de protección infantil proporcionen notificación de sus derechos, incluso en formularios escritos que describan esos derechos
• en varios idiomas para padres con dominio limitado del inglés.