Aprueban leyes en NYC para sacar de las calles a ‘e-bikes’ y cargadores de litio no certificados

El año pasado el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY) investigó 220 incendios causados ​​por explosiones de baterías de iones de litio que cargan las bicicletas eléctricas, incidentes que resultaron trágicamente en 147 heridos y 6 muertos. Por eso esta semana se aprobó un paquete de leyes que tratará de poner frenos a estas fatalidades. Pero también se enciende el “fuego” de las dudas en miles de deliveristas que dependen de estos equipos para sobrevivir.

La primera legislación 663-A, patrocinada por el concejal Oswald Feliz, restringiría la venta, arrendamiento o alquiler de dispositivos de movilidad motorizados, como bicicletas eléctricas y scooters eléctricos, y baterías de almacenamiento para los dispositivos que no cumplan con certificaciones de seguridad reconocida.

Para poder venderse legalmente, estos dispositivos y sus baterías de almacenamiento deben haber sido certificados por un laboratorio de pruebas acreditado para cumplir con los estándares de seguridad aplicables de Underwriters Laboratories (UL). 

Se requerirá que el logotipo o el nombre del laboratorio de pruebas se muestre en el empaque o la documentación del producto, o en el vehículo o la batería en sí, para ayudar en la aplicación.

Campaña educativa

Otro proyecto de ley de la concejal Gale Brewer prohibiría de manera similar el ensamblaje o reacondicionamiento de baterías de segunda mano o su venta.

Se requeriría además que el FDNY, en consulta con el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP), desarrolle una campaña de información para educar al público sobre los riesgos de incendio que presentan estos dispositivos de movilidad.

“Estos proyectos de ley son un paso inicial para aumentar la educación pública y reducir la creciente circulación comercial de baterías no certificadas que representan el mayor peligro”, indicó la presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, antes de la votación del jueves.

Si bien los defensores están de acuerdo en que la seguridad de los trabajadores es una prioridad, argumentan que los proyectos de ley por sí solos no abordarán la raíz del problema.

“Si los repartidores, y otras comunidades de bajos ingresos, tuvieran acceso a estaciones de carga públicas, no tendrían que correr el riesgo de hacer esto en sus hogares”, refirió Ligia Guallpa, directora ejecutiva del Proyecto de Justicia Laboral.

La preocupación de los defensores de la inmensa masa laboral de los trabajadores de reparto, que tienen en las bicicletas eléctricas su principal herramienta de trabajo, es que las leyes que avanzan finalmente afectarían más a los trabajadores de ‘deliveries’ que a los fabricantes.

“Obviamente los equipos nuevos y certificados son mejores, pero mucho más costosos. Y la mayoría de nosotros para arrancar solamente podemos tener equipos de segunda mano. Esto podría significar muchos decomisos y que nos criminalicen. Las empresas no pierden. Perdemos nosotros”, reaccionó Lorenzo Fernández, un deliverista guatemalteco.