Demócratas en el Senado federal y líderes boricuas piden para Puerto Rico la misma cantidad de fondos SNAP que reciben los estados
La senadora de Nueva York, Kirsten Gillibran, planea incluir la "Ley de Asistencia Justa Nutricional de Puerto Rico" (Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act) en la "Ley Agrícola" (Farm Bill) que negocian republicanos y demócratas en el Congreso para que los ciudadanos estadounidenses en la la isla reciban la misma cantidad de fondos SNAP que los que habitan en los estados
La senadora Kirsten Gillibran (D-NY) presentó la "Ley de Asistencia Justa Nutricional de Puerto Rico" (Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act). Crédito: Anna Moneymaker | Getty Images
NUEVA YORK – Miembros del Senado en Washington D.C. encabezados por la demócrata de Nueva York, Kirsten Gillibrand, anunciaron este miércoles la introducción en ese cuerpo de una medida que busca otorgar a los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico la misma cantidad de fondos SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementario) para alimentos que reciben los beneficiarios en los estados.
El Congreso ha limitado por más de 40 años la participación de Puerto Rico, en el programa SNAP, en gran parte, debido a su condición territorial.
En una conferencia desde el Capitolio federal, el grupo de líderes que incluyó al de los demócratas en el Senado, Charles E. Schumer (Nueva York); Richard Blumenthal (D-CT), la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González-Colón; el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael “Tatito” Hernández ; y el recién nombrado director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Luis Dávila Parnes, se comprometieron a presionar para que la legislación avance en el Congreso.
En febrero pasado, Gillibrand ya le había solicitó Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que informara a los miembros del comité de Agricultura del Senado al que pertenece sobre la posibilidad de que Puerto Rico sea incluido en el programa.
A juicio de la senadora, la exclusión de los puertorriqueños pone en riesgo alimenticio a miles de familias en la isla que dependen de fondos gubernamentales para llevar comida a la mesa.
La legisladora destacó que, en casos de emergencia como huracanes, Puerto Rico tiene que esperar por la acción del Congreso para extender la ayuda, proceso que puede durar meses.
“¿Se imaginan tener que esperar por el Congreso para un almuerzo? ¿Usted imagina sobrevivir a un huracán con su hogar destruido, con sus seres queridos heridos o muertos, y luego a pesar de todo eso, no tener suficientes alimentos para comer? Es absurdo, es injusto”, cuestionó Gillibrand.
“Hoy estamos presentando una legislación para que Puerto Rico pueda participar completamente del programa SNAP. La ‘Ley de Asistencia Justa Nutricional de Puerto Rico’ (Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act) se asegura que los residentes de Puerto Rico reciban la asistencia nutricional que necesitan con la que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses cuenta….”, planteó la demócrata.
González, quien señaló que la medida en el Senado viene a complementar la versión de una legislación presentada previamente en la Cámara, coincidió en que las complicaciones para que los boricuas accedan a los fondos en casos de emergencia es una razón esencial para enmendar el ordenamiento de este programa.
“Eso significa que cuando hay un desastre y una declaración de emergencia por parte del presidente, nosotros tenemos que regresar al Congreso para aprobar otro paquete de fondos para lidiar con una emergencia en la isla y esto puede tomar meses, incluso un año”, abundó.
“Los beneficiarios de SNAP reciben menos beneficios mensuales, que, no solo sus contrapartes en los 50 estados y Washington D.C., incluso en territorios como Guam y las Islas Vírgenes“, añadió la representante de Puerto Rico en el Congreso sin derecho al voto.
Hernández indicó, por su parte, que la Cámara de Representantes en Puerto Rico ya está haciendo su parte en términos de legislación para facilitar la transición en caso de que finalmente la medida sea aprobada.
Hernández informó que radicó la legislación estatal para comenzar la transición ordenada entre ambos programas
La iniciativa incluye una inversión de $207 millones al Departamento de la Familia para digitalizar los expedientes de los recipientes de los programas, contratar personal y adiestrarlo como parte del pareo de fondos.
La legislación anunciada este miércoles podría ser incluida en la llamada Ley Agrícola del 2023 que negocian republicanos y demócratas en el Congreso, aunque lo anterior no está garantizado.
“Como miembro del comité de Agricultura del Senado, estoy enfocada en incluir esta legislación crítica en la Ley de Agrícola de este año, y estoy optimista que vamos a hacerlo”, indicó la senadora en un comunicado de prensa enviado tras la conferencia.
Por las pasadas décadas, la ley que viabiliza la asignación de fondos SNAP, ha estado incluida en ese paquete de agricultura.
La llamada “Farm Bill 2023”, valuada por la Oficina de Presupuesto del Congreso en $700,000 millones de dólares, tiene que pasar por los comités de Agricultura tanto de la Cámara como del Senado hasta llegar a una versión final en la que se reconcilien los distintos borradores de la misma.
Actualmente, Puerto Rico recibe una subvención en bloque (block grant) que provee una cantidad fija de fondos federales para financiar el Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Esta estructura de financiación es distinta a la que guía a SNAP.
El Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) explica en su sitio web que SNAP se financia a través de la estructura conocida como “derecho a subsidio” (entitlement), que permite que el programa sirva a todas las personas elegibles que presenten una solicitud.
La flexibilidad de este sistema permite que las autoridades puedan expandir la ayuda en períodos de emergencia. “En este sentido, Puerto Rico enfrenta una desventaja a la hora de brindar asistencia alimentaria a sus hogares más necesitados, incluso cuando otros importantes programas federales de nutrición —entre ellos, el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) y los programas de comidas escolares— funcionan igual en Puerto Rico que en el resto de los Estados Unidos”, plantea la entidad en uno de sus informes.
La atención a este tema resulta aún más apremiante considerando que casi la mitad de la población en Puerto Rico sufre de pobreza o se encuentra bajos lo niveles de pobreza.
De acuerdo con las estadísticas del Instituto de Desarrollo de la Juventud (IDJ), entidad especializada en el estudio de la pobreza en la isla, un 44.1% de la población en Puerto Rico vive bajo los niveles de pobreza, según datos del 2015 al 2019.
SNAP no es el único programa federal bajo el que los boricuas son tratados de manera desigual en comparación con los estados.
El programa Medicaid en Puerto Rico, por ejemplo, recibe fondos limitados que se han extendido temporalmente desde el Congreso, mientras que los estados reciben permanentemente la totalidad de las asignaciones.
Aunque luego de la aprobación de la ley de Cuidado de Salud a Bajo Costo, conocida como “Obamacare”, el Congreso ha aumentado los fondos federales para Medicaid en la isla, la preocupación de que no se logre una extensión y pacientes queden desprovistos del cuidado de salud que merecen vuelve a ser centro de debate.
