Activistas y sobrevivientes de prisiones de NY protestan ante eventuales cambios en la Ley de Fianzas

Mientras que algunas versiones apuntan a que un acuerdo entre la gobernadora Kathy Hochul y legisladores, sellaría en las próximas horas cambios técnicos a la ley de fianzas, en el Bajo Manhattan sobrevivientes de Rikers Island, organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y líderes electos enviaron  de nuevo este jueves  un rotundo “¡No! a esa posibilidad.

La concentración en frente de la sede de la Corte Suprema, en la Plaza Foley, se realizó mientras avanzan las complicadas negociaciones para aprobar en la Asamblea Estatal el proyecto de ley de presupuesto del año fiscal 2024 de Nueva York. Un proceso que está en su “agonía”, pero debió haber terminado hace dos semanas.

“Es inhumano que se pretenda aprobar un presupuesto, que en vez de llevar más dinero para la educación y programas sociales, pretenda mandar más gente a morir en las cárceles. !No queremos volver para atrás!”, gritaba el activista Victor Herrera, de la organización Freedom Agenda.

El criterio de los defensores de la ley de libertad bajo fianza, vigente desde enero de 2020, es que esta reforma en la administración de la justicia penal, ha evitado que más de 24,000 personas sean encarceladas por delitos menores y delitos graves no violentos.

Esto significa que miles de neoyorquinos pudieron pelear sus casos en libertad y mantener sus trabajos, vivienda y acceso a servicios médicos.

Aun así, durante los últimos tres años, la población carcelaria en todo el estado se ha disparado y también las muertes en los centros penitenciarios. Diecinueve personas murieron mientras estaban encarceladas en Nueva York en 2022, a medida que aumenta la tasa récord de decesos en las cárceles.

En esta manifestación coincidieron asambleístas demócratas del estado de Nueva York, familiares de personas que murieron trágicamente en Rikers Island y defensores de New York Communities for Change, VOCAL-NY, Freedom Agenda, Envision Freedom Fund, The #HALTsolitary Campaign, the RAPP Campaign y el Fondo de Defensa del Inmigrante.

Asimismo, a través de un comunicado, esta coalición recordó que más de 100 profesores de derecho, de las facultades de derecho del estado de Nueva York, escribieron una carta oponiéndose firmemente al plan de cambios a la ley de fianzas peleado por la gobernadora Hochul.

“Como académicos que enseñan y estudian derecho, conocemos la capacidad que tendrán estos cambios para reproducir la violencia y afianzar inequidades sistémicas. Bajo este enfoque se enviarían a más neoyorquinos negros, hispanos y de bajos ingresos a la cárcel”, destacó la misiva.

“Morir en vida”

“No hay pruebas suficientes para asegurar que por la ley de fianzas ha aumentado la criminalidad en Nueva York. Esto es una traición a años de lucha. En este momento se discute un plan de gastos e inversiones, que en vez de crear más programas sociales para los pobres, los estará mandando en masa a que mueran en las cárceles”, destacó Gabriel Camacho, un joven residente de El Bronx, que conoce de cerca el “infierno” de Rikers Island.

Gabriel, de 27 años, fue enviado a prisión antes de que entrara en vigencia esta reforma. Mientras esperaba la cita en la Corte pasaron meses. Y ese tiempo vivió de cerca lo que describe como “morir en vida”, cuando la justicia ni siquiera se ha pronunciado a favor o en contra.

“Yo resulté inocente. Simplemente estaba en malas compañías. Y eso lo pagué caro. Pero en ese tiempo perdí mi trabajo. Todo pasó, porque no estaba en la capacidad de pagar una fianza. Esa es la historia de miles. Resulta increíble que quieran retroceder”, consideró.

¿Cambios?

De acuerdo con medios locales, un acuerdo político de “último minuto” se ha estado logrando entre los líderes de la Asamblea Estatal en Albany y la mandataria estatal, que pondría fin a la medida “menos restrictiva” utilizada por los jueces para fijar una fianza. 

Este cambio, si en efecto se concreta, permitiría a los jueces fijar la fianza en muchos más casos, particularmente en los violentos, como una forma de combatir la reincidencia.

El plan de gastos e inversiones de $227 mil millones de Nueva York tiene para la mandataria como principal foco, abordar el problema de la seguridad pública, cuya agudización se ha asociado con la puesta en marcha de cambios en la forma cómo se administra la justicia penal en el estado.

Desde enero de 2020, se eliminaron las fianzas en efectivo para la mayoría de los delitos menores y delitos graves no violentos.En resumen, se logró que los jueces consideren la capacidad de pago de una persona en los casos en que se establece una fianza. El objetivo era reducir el encarcelamiento previo al juicio que afecta desproporcionadamente a las comunidades negras y latinas.