Niña violada por su padre debió haber tenido acceso al aborto, dice la ONU a Perú

Una niña que fue violada por su padre y quedó embarazada debería haber recibido información y acceso al aborto, dijo un comité de las Naciones Unidas a Perú.

La niña, identificada con el seudónimo de Camila, fue violada por primera vez por su padre cuando tenía 9 años y fue abusada continuamente hasta que quedó embarazada en 2017 a los 13 años, dijo el Comité de Derechos del Niño de la ONU en un comunicado.

Camila, que ahora tiene 18 años, presentó su caso ante el Comité de Derechos del Niño alegando que se habían violado sus derechos en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño.

El aborto está penalizado en Perú excepto para prevenir un riesgo para la vida o una amenaza grave y permanente para la salud de la madre. Los funcionarios de la ONU detallaron un patrón de “revictimización” de Camila por parte de las autoridades nacionales, que la procesaron y condenaron después de que abortara.

Desde entonces, la ONU ha pedido a Perú que despenalice el aborto en todos los casos de embarazo infantil y que garantice una atención postaborto segura para las niñas embarazadas, particularmente en casos de violación e incesto.

La desgarradora historia comenzó en noviembre de 2017 cuando los maestros de la escuela de Camila le dijeron a su madre que parecía aislada y deprimida y que había faltado a clases, dijeron funcionarios de la ONU en su decisión sobre el caso.

Luego, Camila le dijo a su madre que no había menstruado durante dos meses, quien luego le hizo una prueba rápida de embarazo que resultó positiva. Luego de que se confirmara el embarazo mediante un análisis de sangre en una clínica privada de Abancay, Camila reveló a su madre y madrina que su padre la había violado.

Días después, Camila volvió a denunciar que fue violada por su padre a los trabajadores de una clínica de salud en Huanipaca. La llevaron al Hospital Guillermo Díaz de la Vega de Abancay, donde entre lágrimas le dijo al personal del hospital que no quería tener el hijo de su padre. No le informaron de su derecho a abortar.

Camila reiteró al personal del hospital durante un chequeo a la semana siguiente que no deseaba tener el bebé de su padre. En lugar de informarle sobre su derecho a abortar, los trabajadores del hospital ordenaron una ecografía.

La niña, que lloraba “descontroladamente”, fue llevada de nuevo a la clínica de salud al mes siguiente, donde reiteró por tercera vez que no quería tener el bebé de su padre. El personal del hospital respondió hablándole sobre la importancia de una dieta adecuada durante el embarazo.

Camila se intentó suicidar cuando los trabajadores de la salud visitaron su casa y le informaron sobre un plan de parto propuesto para el feto, lo que llevó a su madre a solicitar al Ministerio de Salud de Perú permiso para un aborto voluntario, de conformidad con las leyes del país. Nunca volvió a saber de su petición.

Simultáneamente, la madre de Camila solicitó la intervención del fiscal a cargo de las investigaciones penales por violación y tampoco obtuvo respuesta de esa petición.

La niña fue hospitalizada la semana siguiente por un fuerte dolor abdominal y le dieron medicamentos para evitar un aborto espontáneo, a pesar de sus deseos de no dar a luz al bebé de su padre, pero su condición empeoró y finalmente la sometieron a una cirugía de emergencia para extirpar el feto.

En lugar de disponer de los restos fetales, el hospital se los envió a la madrina de Camila, quien los enterró bajo el patio de su casa. Los trabajadores de la clínica de salud que no fueron informados del procedimiento de emergencia acosaron a la niña en su casa durante días hasta que intervino la policía y culpó a la niña por el aborto espontáneo.

Camila presentó una denuncia ante el Ministerio de Salud de Perú en marzo de 2018, solicitando una resolución a la terrible experiencia que soportó. Casi un año después, su caso aún no se había resuelto y solicitó una resolución final sobre su denuncia al Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud determinó que el Hospital Guillermo Díaz de la Vega incumplió con los requisitos legales para convocar a una junta para evaluar sus deseos de abortar. El ministerio también encontró que la clínica de Huanipaca no cumplió con los estándares para la atención de embarazos de alto riesgo para niñas.

Sin embargo, el Ministerio de Salud también encontró que Camila no había probado suficientemente que los trabajadores médicos fueran responsables de no haberla informado sobre su derecho a un aborto legal o responsables de violar su privacidad al solicitar la intervención policial.

En medio del enfrentamiento con los funcionarios de salud, Camila estaba soportando otro con la policía y los fiscales.

En los días posteriores a que Camila le avisara a su madre que había sido violada, la madrina de Camila presentó una denuncia por violación contra su padre en la Comisaría de Huanipaca. Camila declaró que su padre la violó y que ella no quería seguir con el embarazo.

“El mismo día, la madre de Camila reiteró su versión de la violencia sexual y el rechazo de su hija al embarazo”, dijeron funcionarios de la ONU en el documento.

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