Inmigrantes se niegan a abandonar el campamento del Río Bravo en la frontera de México y Estados Unidos
El hecho ocurre en medio de un repunte del flujo migratorio por México tras la caída inicial que provocó la expiración en mayo pasado del Título 42 de Estados Unidos
Los inmigrantes que llegan a la frontera sin una cita son rechazados por agentes fronterizos. Crédito: Justin Sullivan | Getty Images
Esta semana, varios migrantes en la frontera norte de México anunciaron que se niegan a abandonar su asentamiento junto al río Bravo, que colinda con Estados Unidos, pese a los crecientes riesgos en el afluente y un incremento en el flujo migratorio.
Autoridades y activistas de Matamaros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas, trasladaron a un albergue a unos 500 migrantes que habitaron por meses en la orilla del río Bravo, pero cientos más se negaron a dejar el campamento junto al afluente.
La presidenta de la asociación Ayudándoles a Triunfar, Gladys Cañas Aguilar, expuso a EFE que los migrantes que han rechazado acudir al nuevo refugio es porque tienen miedo de que suceda alguna tragedia como en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes en marzo pasado en un incendio en un centro del Gobierno.
“Espero y alzo la voz para que se respeten sus derechos humanos, para que todo sea de manera voluntaria y pacífica”, manifestó Cañas Aguilar. El secretario del Ayuntamiento de Matamoros, Carlos Ballesteros, declaró que el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene un plan para invitar al campamento a quienes se quedaron junto al río Bravo, pero no explicó en qué consta.
El hecho ocurre en medio de un repunte del flujo migratorio por México tras la caída inicial que provocó la expiración en mayo pasado del Título 42 de Estados Unidos, según reconoció este miércoles el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. También sucede mientras crece la polémica por las boyas y el cerco de alambre que ha instalado el Gobierno de Texas en un tramo del río Bravo para disuadir a los migrantes de cruzar.
En Matamoros, otros extranjeros y mexicanos desplazados por la violencia sí abordaron autobuses para ir al nuevo refugio, que antes era un hospital público y ahora opera con financiamiento del Gobierno de Tamaulipas bajo la coordinación de la Casa del Migrante “San Juan Diego”, además de la participación de organizaciones civiles.
