Acusan a 22 personas por presunto contrabando de migrantes en Arizona a través de redes sociales
Al menos 13 de los acusados supuestamente coordinaron el contrabando. Los sospechosos utilizaron las redes sociales, incluido Snapchat, para reclutar personas dentro de Arizona para transportar a personas indocumentadas a cambio de un pago
Todos los acusados enfrentan cargos de conspiración para transportar extranjeros indocumentados. Crédito: David McNew | Getty Images
LOS ÁNGELES – El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) ha acusado este martes a 22 personas en relación con el contrabando de inmigrantes coordinado a través de las redes sociales.
Los 22 sospechosos fueron acusados en una corte federal de Arizona por cargos de conspiración para transportar a extranjeros indocumentados con fines de lucro.
Al menos 13 de los acusados supuestamente coordinaron el contrabando. Los sospechosos utilizaron las redes sociales, incluido Snapchat, para reclutar personas dentro de Arizona para transportar a personas indocumentadas a cambio de un pago.
Muchas de las publicaciones afirmaban que los conductores podían ganar grandes sumas de dinero sin correr el riesgo de ser arrestados, según explican documentos judiciales.
En un comunicado, DOJ compartió un mensaje puesto en una red social en el que se afirmaba que las personas que recomendaran a un conductor o prestaran los servicios de conductor podrían ganar entre $3,000 y $20,000 dólares.
El mensaje acompañado de la imagen de varios billetes de 100 dólares también aseguraba que guiarían a los conductores por el camino y estarían con ellos comunicados todo el tiempo por teléfono.
El objetivo de los coordinadores era reclutar a menores y adultos jóvenes como conductores, detalló DOJ en el comunicado.
Después de reclutar a los conductores en las redes sociales, los coordinadores a menudo usaban aplicaciones de mensajería como WhatsApp para coordinar la logística.
La mayoría de los coordinadores acusados fueron identificados a través de sus cuentas de redes sociales, contactos policiales, y datos de sus teléfonos celulares.
La condena máxima por conspiración para transportar indocumentados con fines de lucro es de 10 años de prisión y hasta tres años de libertad supervisada.
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