¿Para quiénes no aplicarán las nuevas medidas que entrarán en vigencia en Panamá el 2 de octubre para frenar a los migrantes irregulares?

Los turistas, inversionistas y ejecutivos que viajen a Panamá a partir del 2 de octubre no serán sometidos a los nuevos ajustes operativos que aplicará el Servicio Nacional de Migración para frenar la ola de migrantes irregulares que cruzan la selva del Darién, en su ruta hacia Estados Unidos.

“Los ajustes operativos establecidos por el Servicio Nacional de Migración que entrarán en vigencia el próximo 2 de octubre de 2023, no se aplicarán a los turistas, inversionistas ni ejecutivos que visitan Panamá”, informó el gobierno panameño en un comunicado publicado el lunes.

Las autoridades migratorias crearán un perfil de las personas que lleguen a los puntos de control formales y, en caso de determinar que se tratarían de migrantes irregulares, les impedirán el ingreso.

En esas entrevistas, las personas deberán presentar $1,000 dólares como solvencia económica.

“La solicitud de solvencia económica y el otorgamiento de 15 días no será aplicable a turistas, inversionistas ni a ejecutivos”, explicaron.

El gobierno panameño indicó asimismo que esos parámetros solo serán aplicables a quienes mantengan un perfil que pudiese encajar, de acuerdo a su entrevista, en un posible migrante irregular, “siempre y cuando no hubiese lugar a su inadmisión”.

Aclaró que la medida está fundamentada en los decretos Ley 3 de 2008 y Ejecutivo 320 de 2008 y en la Resolución 22,068 de 2021. Esta última, señaló, restableció el término legal autorizado para la estancia de las personas que ingresen en calidad de turistas a Panamá por un período de hasta tres meses, contados a partir del momento del ingreso al país.

Los ciudadanos estadounidenses y canadienses que mantienen un período de 6 meses desde su ingreso quedarán exentos. Tampoco se les exigirá una solvencia económica acorde con el tiempo de estadía.

Otras de las medidas anunciadas por el gobierno es el reforzamiento de las deportaciones de extranjeros con antecedentes penales y la construcción de espacios ubicados cerca de las comunidades afectadas por la diáspora.

Panamá se quejó en agosto de los pocos esfuerzos del gobierno colombiano de Gustavo Petro para evitar la migración irregular. “No quiere colaborar con cerrar el tránsito, con minimizar el tránsito, no lo está haciendo”, dijo Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración del país.

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