Más de 60 organizaciones en Puerto Rico envían carta a gobernador para que detenga nuevos aumentos en tarifa de luz para pagar deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica
El "Junte multisectorial" además emplazó a Pedro Pierluisi a que intervenga para garantizar el pago de las pensiones actuales y futuras de los empleados de la Autoridad sin que esto implique pasarle factura a los abonados
Un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico en labores. Crédito: RICARDO ARDUENGO | AFP / Getty Images
NUEVA YORK – Un “Junte multisectorial” que incluye a más de 60 organizaciones en Puerto Rico anunció este lunes que envió una carta al gobernador Pedro Pierluisi para pedirle que actúe para buscar los fondos que eviten más aumentos en la tarifa de electricidad para los boricuas en el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) propuesto por la Junta de Control Fiscal para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Representantes de la coalición realizaron una conferencia de prensa este lunes para denunciar que el nuevo PAD, que podría ser certificado por la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Laura Taylor Swain, prioriza a los bonistas en lugar de los pensionados y los clientes de la corporación que pasó a manos de las empresas privadas Luma Energy y Genera PR.
Además de los pensionados y otros grupos sindicales, el llamado “Junte multisectorial” incluye a miembros de grupos religiosos, comerciales, industriales, ambientalistas, entre otros.
“La carta firmada por más de 60 organizaciones le solicita al gobernador encontrar fondos para garantizar las pensiones actuales y futuras de la Autoridad de Energía Eléctrica, minimizando el impacto en la tarifa de luz e insistir en que cualquier acuerdo de reestructuración permita llegar a un sistema confiable y asequible, tanto para los clientes residenciales como comerciales e industriales antes de que se pague la deuda no asegurada de los bonistas heredados de la AEE”, declaró la obispa de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, la reverenda Lizette Gabriel Montalvo.
“Nos preocupa que el nuevo PAD continúa poniendo como prioridad el pago de la deuda no asegurada por encima de las necesidades del sistema de energía eléctrica, el pago de las pensiones actuales y futuras de los empleados de energía eléctrica y nuestro desarrollo económico”, añadió la religiosa en una conferencia de prensa realizada en el barrio de Santurce en la zona metropolitana del país.
“La Junta propone pagar a los bonistas el dinero que necesitamos para el pago de pensiones y la rehabilitación de nuestro debilitado sistema de energía eléctrica. Todo para pagar una deuda no asegurada, que en una quiebra queda eliminada cuando no hay capacidad de pago”, puntualizó.
El presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE, Johnny Rodríguez Ortiz, agregó que le han propuesto alternativas a la Administración Pierluisi para evitar que los abonados de la Autoridad tengan que costear las pensiones por medio de más aumentos en la factura.
“12,000 jubilados y nuestras familias vivimos en la incertidumbre de no saber el futuro de nuestro principal ingreso, que es la pensión, dado que el Sistema de Retiro se quedó insolvente en abril pasado. Somos miles de hombres y mujeres que vivimos día a día esperando que el cheque de nuestro derecho adquirido, que es la pensión, se desposite”, expuso el líder sindical.
Yandia Pérez, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales, alertó por su parte del impacto que tendrían las disposiciones del PAD en la operaciones de miles de negocios en la isla.
“La Junta de Control Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico además de renegociar la deuda tienen que velar porque Puerto Rico pueda recuperar su estabilidad económica y establecer una ruta para el verdadero desarrollo económico. Este plan va en contra de ambos objetivos”, cuestionó la portavoz.
“Aumentar el costo energético va en contra de la política pública establecida en la Ley 17 del 2019 donde se establece que el costo energético por kilovatio no debe exceder los 20 centavos. El nuevo plan va en contra del interés del pueblo y los preceptos de la Ley Promesa”, planteó la industrial.
“En la sección 201(c) 3 de la Ley Promesa se habla de que un plan fiscal desarrollado debe proveer métodos para alcanzar responsabilidad fiscal y asegurar la financiación de los servicios públicos esenciales, pero también asegurar la financiación de los sistemas públicos de pensiones (y estoy citando la ley)”, detalló.
Previamente, un grupo de organizaciones encabezado por el Centro Unido de Detallistas (CUD) denunció que, de aprobarse el Plan de Ajuste de la Deuda como está, un 20% de los Pymes (Pequeños y medianos negocios) podrían cerrar, además de que se perderían miles de empleos en un periodo de dos años.
Tras sostener una reunión con la Junta de Control Fiscal en julio pasado, la presidenta del CUD indicó a El Diario NY que miembros del organismo federal se mostraron receptivos a sus preocupaciones sobre el impacto que tendría el Plan en el sector. Sin embargo, no entró en detalles sobre el rumbo y alcance que podrían tomar los nuevos aumentos en la tarifa de luz.
Pierluisi, antes abogado de la Junta de Control Fiscal, indicó a principios de mes que busca las maneras de evitar aumentos en la tarifa de luz para todos los sectores afectados. El primer ejecutivo dijo que no descarta la asignación de fondos federales y estatales para mitigar futuros aumentos en la luz como resultado del Plan.
El gobernador del territorio además insistió en que, en la evaluación, se considera la entrada de Genera PR y posibles ahorros en la compra de combustible.
“También he dicho y repito que los cálculos sobre cuanto se tiene que incluir en la tarifa de luz incluirán todos los cambios que forman parte de la transformación de nuestro sistema eléctrico. Cabe señalar de nuevo que la empresa Genera PR ha sido contratada para lograr ahorros en la compra de combustible, lograr mayor eficiencia operacional y decomisar plantas generatrices viejas y contaminantes que consumen combustible fósil a medida que la energía renovable entra a nuestro sistema. Por consiguiente, cuando el Negociado de Energía vaya a considerar el presupuesto de la Autoridad y a revisar las tarifas del costo energético, tendrán que tomar en consideración todos los ahorros relacionados a la transformación energética que está en curso”, sostuvo en un evento auspiciado por el CUD.
La Junta es el ente federal encargado de presentar el Plan que deberá ser certificado por Taylor Swain, quien es la encargada del proceso de quiebra de Puerto Rico por disposición de la Ley Promesa.
El más reciente PAD presentado por la Junta el 25 de agosto, propone emitir $2, 300 millones de dólares en nuevos bonos para el pago de la deuda de la AEE, lo que implica una reducción de 80% de la deuda. Sin embargo, esa cifra no incluye intereses ni los hasta $400 millones para el pago de honorarios relacionados con el caso de quiebra.
La nueva versión del plan implicaría un aumento del 5% en la factura eléctrica bajo el llamado “cargo heredado”. De este cargo estarían excluidos los clientes residenciales de bajos ingresos que cumplan con los requisitos de la tarifa de conexión y el cargo volumétrico de hasta 425 kilovatios hora (kWh) al mes, según la información disponible al momento.
La expectativa es que el Plan sea certificado en enero del 2024.
