Los dos proyectos en el Congreso de EE.UU. que proponen plebiscitos para resolver el estatus de Puerto Rico
El proyecto reintroducido recientemente en el Senado por el republicano Roger Wicker incluye el ELA territorial y compite con el 2757 presentado nuevamente por demócratas y la comisionada residente en la Cámara que sí excluye esa opción
El senador republicano Roger Wicker reintrodujo un proyecto de ley para resolver el estatus de Puerto Rico, pero incluye el ELA. Crédito: Anna Moneymake | Getty Images
NUEVA YORK – El senador republicano de Mississippi, Roger Wicker, reintrodujo un proyecto de ley para resolver el estatus de Puerto Rico que propone una consulta que incluye la opción territorial del Estado Libre Asociado (ELA), y que viene a competir con el H.R. 2757 presentado en la Cámara de Representantes que sí excluye al ELA de las alternativas.
De aprobarse la medida presentada por el senador el 28 de septiembre, se podrían realizar hasta dos consultas en la isla.
En la primera votación que se celebraría el 4 de agosto de 2024, los boricuas deberán decidir entre las alternativas de estadidad, independencia, soberanía con libre asociación o el ELA.
Posteriormente, el 16 de marzo del 2025, se realizaría una segunda vuelta entre las dos opciones que hayan obtenido más votos en caso de que ninguna haya alcanzado una mayoría absoluta en la primera consulta.
Puerto Rico se encuentra sujeto a los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos bajo la Cláusula 2 o la Cláusula territorial de la Constitución federal. El sistema de Gobierno local es un Estado Libre Asociado o un territorio no incorporado que tiene su propia Constitución y cierto grado de autonomía.
Sin embargo, al final del día el es Congreso y las autoridades federales las que dictan las reglas que guían el diario vivir de los ciudadanos en el territorio.
La Sección 3 del Artículo IV de la Constitución establece: “El Congreso tendrá facultades para disponer de, y para promulgar todas las reglas y reglamentos necesarios en relación con el territorio u otras propiedades pertenecientes a los Estados Unidos; y ningún pasaje de esta Constitución se deberá interpretar en perjuicio de cualquier reclamación de los Estados Unidos o de algún estado en particular”.
A pesar de la condición de territorio no incorporado bajo el ordenamiento legal, Wicker considera que el ELA debe formar parte de la consulta.
“La gente de Puerto Rico merece tener voz en la configuración de su destino político sin ser forzados a falsas alternativas entre estadidad e independencia”, planteó el congresista en un comunicado al momento de reintroducir el proyecto. “Propuestas de legislaciones pendientes por parte de mis colegas no reconocen el hecho que muchos puertorriqueños prefieren mantener el estatus actual y quieren la libertad de decidir bajo sus propios términos”, planteó el republicano.
“Luego de extensivas deliberaciones con líderes puertorriqueños, el plan alternativo que yo he propuesto evita favorecer cualquier resultado particular, es consistente con las guías del Departamento de Justicia, y empodera a los puertorriqueños para que determinen su futuro a través de un proceso justo y democrático”, puntualizó.
El discurso del senador fue secundado por el presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau, quien compartió un video en el que resalta las supuestas bondades del proyecto.
El también expresidente del Partido Popular Demócratico (PPD), propulsor del ELA, sostuvo que la propuesta de ley atiende los reclamos que han hecho miembros de la colectividad para que se realice un proceso “justo y equitativo” entre las diferentes fórmulas de estatus.
Según Dalmau, el nuevo proyecto incluye varias de las disposiciones del proyecto 2757, pero al mismo tiempo corrige parte de sus “enormes deficiencias”.
“El proyecto articula un proceso balanceado de consideración de alternativas que no solo pasan el crisol constitucional, sino que definen claramente las futuras relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos”, argumentó el estadolibrista..
Dalmau añadió que la legislación, entre otras cosas, garantiza que la opción ganadora cuente con una mayoría de votos a través de las dos consultas.
“En caso de que ninguna de las alternativas alcance una mayoría absoluta de votos, es decir, más del 50 % de los votos emitidos, se celebrará una segunda vuelta de votación entre las dos opciones que hayan obtenido la mayor cantidad de votos en la consulta inicial”, destacó.
Añadió: “Y tercero, se incorpora una nueva definición del Estados Libre Asociado que recoge expresamente el texto que sometimos ante el liderato congresional desde el pasado mes de julio”.
Dalmau no entró en detalles sobre esa definición.
Líderes del PPD, inmersos en una lucha interna para reorganizar la colectividad de cara las elecciones generales del 2024, continuamente hablan de la necesidad de reformar la definición del ELA o de un ELA mejorado, pero lo anterior no es lo que precisamente se ha visto en la práctica y el consenso está lejos de ser el motor de la discusión.
Adicional a la inclusión del ELA, la pieza legislativa establece nuevos requisitos para que la isla sea admitida como estado. Entre los requerimientos se encuentran que el Congreso exija una súpermayoría de votos, la imposición de impuestos federales y una certificación de cumplimiento de obligaciones de pago de deuda de la que Puerto Rico aún no sale.
¿Qué ha pasado con el H.R. 2757?
La Ley de Estatus de Puerto Rico (2757) fue presentada por demócratas en la Cámara y la comisionada residente de la isla en Washington D.C. nuevamente en abril de este año, tras ser aprobada a último minuto previo al cierre de la sesión pasada.
Los suscribientes de este proyecto consideran que cualquier consulta de estatus debe incluir opciones no territoriales o fuera de la cláusula territorial, lo que no es el caso del ELA.
El 2757 propone un plebiscito federal en la isla entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia y libre asociación.
El proyecto también dispone para dos consultas entre las opciones con mayor cantidad de votos en caso de que, en la primera, ninguna de las alternativas obtenga una mayoría absoluta.
En el caso del 2757, el representante demócrata Raúl Grijalva anticipó hace varios meses durante una visita a la isla para inspeccionar los procesos de reconstrucción que el mismo no tiene oportunidad de bajar a votación en ese cuerpo de mayoría republicana.
Grijalva, quien además es miembro sénior del Comité de Recursos Naturales de la Cámara que atiende los temas relacionados con Puerto Rico, declaró a El Nuevo Día que se tendrá que esperar a un nuevo Congreso dominado por demócratas para adelantar una legislación como la 2757.
“El compromiso con la ley de estatus sigue. El trabajo ahora es el Senado. Esperemos que Westerman (Bruce) y el Comité de Recursos Naturales bajo su liderato a lo mínimo tenga una audiencia; seguir el movimiento, porque esto va a cambiar en dos años, y hay que estar preparado a ese punto, no perder tiempo y moverse uno con rapidez”, planteó.
Además de la falta de atención por parte del liderato republicano, miembros de la diáspora han alertado de la falta de claridad en varias disposiciones de la legislación, como, por ejemplo, si el inglés pasaría a ser el idioma oficial en las escuelas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico.
Los puertorriqueños en el exterior además han reclamado audiencias públicas en inglés y en español para discutir ese y otros puntos contenidos en el proyecto de ley.
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