Oklahoma ejecuta a Phillip Dean Hancock, un hombre que sostuvo firmemente que actuó en defensa propia
Phillip Dean Hancock fue ejecutado este jueves en Oklahoma, un sujeto que alegó defensa propia en el asesinato de dos hombres
Oklahoma llevó a cabo este jueves la ejecución de Phillip Dean Hancock, un hombre que sostuvo firmemente que actuó en defensa propia cuando disparó y mató a dos hombres en 2001.
El hombre de 59 años recibió una inyección letal después de que el gobernador Kevin Stitt se negara a conmutar su sentencia, lo que provocó renovados debates sobre el sistema de justicia y el uso de la pena de muerte.
La ejecución se desarrolló con una tensión elevada cuando la decisión del Gobernador Stitt de denegar el indulto se reveló pocos minutos antes de la hora de inicio prevista. El equipo legal de Hancock, que buscaba desesperadamente una prórroga y solicitando pruebas de ADN sobre la evidencia física del homicidio, se enfrentó a una rápida denegación.
Steven Harpe, director ejecutivo del Departamento Correccional de Oklahoma, confirmó a la CBS la maniobra legal de último minuto, añadiendo una capa de dramatismo a una situación ya de por sí polémica.
Hancock, atado a la camilla dentro de la cámara de ejecución, se tomó un momento para agradecer a su equipo legal mientras mantenía su reclamo de defensa propia. El retraso en el inicio de la ejecución, que se extendió más allá de las 11 de la mañana, aumentó la incertidumbre que rodea todo el proceso.
Phillip Dean Hancock: Reclamaciones de defensa propia
El caso de Hancock ha estado envuelto en controversia, y su equipo legal solicitó pruebas de ADN en octubre para validar sus reclamaciones de defensa propia. Sin embargo, el Estado y el tribunal denegaron esta solicitud, dejando que la ejecución continuara sin que se examinaran pruebas potencialmente cruciales.
A pesar de las peticiones de clemencia y de una reevaluación del caso, la ejecución de Hancock siguió adelante. El Reverendo Don Heath, presidente de la Coalición de Oklahoma para Abolir la Pena de Muerte, expresó su profunda preocupación por la decisión de último minuto del gobernador, enfatizando la ansiedad experimentada por Hancock mientras el indulto pendía de un hilo.
Mientras estaba atado en la camilla de ejecución, Hancock dirigió críticas a la oficina del Fiscal General Gentner Drummond, calificándolos de “viles” y “sin honor“. Las últimas palabras de Hancock incluyeron un reclamo reiterado de defensa propia y expresaron su esperanza de ser exonerado póstumamente.
El fiscal general Drummond, que presenció la ejecución, se mantuvo estoico. En una declaración posterior a la ejecución, Drummond destacó que se había hecho justicia para las víctimas, Robert Jett y James Lynch, y esperaba que eso trajera paz a sus familias.
Complejidades legales y duelos de testimonios
El equipo legal de Hancock argumentó que Jett y Lynch, los dos hombres que mató, eran miembros de bandas de motociclistas fuera de la ley y lo habían atacado dentro de una residencia. Supuestamente atraído por Jett, Hancock afirmó que se vio obligado a luchar por su vida, lo que provocó los tiroteos fatales.
Sin embargo, los abogados del estado contrarrestaron estas afirmaciones, citando relatos cambiantes de Hancock y un testigo que testificó que persiguió a Jett hasta el patio trasero después del tiroteo inicial, con palabras condenatorias intercambiadas antes de un segundo disparo fatal.
La ejecución de Hancock es la cuarta en Oklahoma este año y la undécima desde que el estado reanudó las ejecuciones en octubre de 2021. Oklahoma ha enfrentado un escrutinio significativo por su alta tasa de ejecuciones per cápita desde el restablecimiento de la pena de muerte en 1976. .
La controversia en torno al caso de Hancock se suma al debate en curso sobre la eficacia y la moralidad de la pena capital; la ejecución de Phillip Dean Hancock subraya las complejidades inherentes al sistema de justicia penal y el impacto duradero de las decisiones tomadas en nombre de la justicia.
Naturalmente, la ejecución de Phillip Dean Hancock en Oklahoma ha reavivado los debates sobre la pena de muerte, las reclamaciones de defensa propia y las implicaciones más amplias de la pena capital.
Además, persisten dudas sobre la transparencia del sistema de justicia, el papel de la clemencia y el persistente debate sobre la moralidad de las ejecuciones sancionadas por el Estado.
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