Cámara de Comercio de Puerto Rico alerta sobre falta de mano de obra en la isla y costos por inflación en jornada de reuniones en Washington
La organización sin fines de lucro expuso a congresistas y otros funcionarios federales los retos que enfrenta el territorio en términos de desarrollo empresarial y económico
Vista de una casa sin techo como resultado del paso del huracán María por Puerto Rico. Crédito: Thais Lorca | EFE
Nueva York – La falta de mano de obra en Puerto Rico y el aumento en el costo de materiales de construcción debido a la inflación, retos que ponen en riesgo el avance en la reconstrucción de la isla tras los huracanes, fueron algunos de los asuntos que la Cámara de Comercio (CCPR) trajo a colación esta semana en la Capital federal como parte de la iniciativa FACE 6.0 (“Federal Affairs Chamber Education Series”).
Bajo este esfuerzo, que ya cumple seis años, miembros de la CCPR viajan a Washington D.C. para educar y cabildear por una agenda común por Puerto Rico, no solo en el Congreso y entidades del gobierno Federal, también a través de organizaciones del tercer sector.
“Durante FACE 6.0 continuamos orientando a congresistas y funcionarios de gobierno sobre la importancia de fortalecer las relaciones del Congreso con el sector privado en Puerto Rico. Nuestra nutrida agenda incluye una diversidad de temas que impactan directamente la calidad de vida de los puertorriqueños. Además, reforzaremos relaciones existentes y daremos seguimientos a proyectos e iniciativas que hemos ido trabajando en los pasados encuentros, siendo consistentes con nuestro compromiso de ser la voz de la empresa privada”, indicó Ramón Pérez Blanco, presidente de la CCPR, según citado por la estación radial Noti Uno.
Uno de los problemas mayores sobre el que la coalición alertó es que varios proyectos de construcción para los que hay fondos federales comprometidos no se han podido completar debido a la falta de trabajadores en la isla. A esto se suma el impacto de la inflación y de los conflictos bélicos en la cadena de suministros que han aumentado en un 150% el costo de los proyectos que al momento de ser subastados significaban un gasto menor. Los participantes de FACES emplazaron a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a atender la urgente necesidad de reajustar los fondos asignados para reflejar la realidad económica del territorio.
El representante demócrata de Nueva York, Ritiche Torres, uno de los políticos con los que la delegación tuvo interacción esta semana, pidió a FEMA durante el verano pasado información detallada sobre el costo real de la reconstrucción en Puerto Rico versus el estimado debido en gran parte al aumento en los gastos por materiales de construcción.
En una carta a FEMA con fecha del 10 de agosto, el legislador planteó que el costo de la reconstrucción supera por mucho las cantidades originales contempladas en el estimado que hizo FEMA para Puerto Rico.
“A pesar de que los fondos de FEMA típicamente funcionan en la forma de reembolsos, la Sección 428 de la Ley Stafford autoriza ‘procedimientos alternativos’ para el Programa de Asistencia Pública. Bajo estos procedimientos alternativos, si el costo real de la recuperación supera con creces el costo estimado, como seguro ha ocurrido, entonces se espera que Puerto Rico cubra la diferencia, aunque difícilmente pueda permitírselo”, argumenta el político a través del documento.
Otros sectores en la isla como la Asociación de Alcaldes también se han expresado en múltiples ocasiones sobre esta problemática. En reuniones con FEMA, han planteado que, debido a la inflación, la reconstrucción de un puente, por ejemplo, puede costar cuatro veces más de lo asignado por FEMA.
En la jornada en la Capital de EE.UU., el presidente de la Asociación de Constructores, Rafael Ortiz, destacó, por su parte, el proyecto presentado por la comisionada residente Jenniffer González que busca ampliar la elegibilidad de los residentes de Puerto Rico a programas de vivienda federal debido a que los límites de ingresos están muy por debajo de los establecidos para otras jurisdicciones como estados de Estados Unidos.
La Ley de Apoyo a la Vivienda para Personas de Bajos Ingresos en Puerto Rico presentada por la funcionaria propone que se consideren los índices que el Departamento de Salud de Estados Unidos (HHS) usa para definir la categoría de ingresos extremadamente bajos (“extremely-low income”) para que de esta forma más personas se puedan beneficiar de los programas de vivienda federal.
Piden extender Programa de Conectividad Asequible (ACP)
Adicional, los miembros de CCPR plantearon la necesidad de que se extienda el Programa de Conectividad Asequible (ACP). Para evitar que unos 23 millones de hogares pierdan el subsidio, es necesario que el Congreso amplíe la financiación del programa, según especifica una hoja de datos de la Casa Blanca.
Este pasado 7 de febrero se dejaron de recibir nuevas inscripciones.
En Puerto Rico, son varios los hogares que se benefician del incentivo de $30 dólares para el servicio de internet de alta velocidad.
El programa forma parte de Ley de Infraestructura Bipartidista aprobada por los demócratas en el Congreso. ACP ofrece a los hogares elegibles $30 de descuento por mes para pagar la factura de internet. Los hogares elegibles para el ACP también pueden recibir un descuento de hasta $100 para comprar una computadora portátil, una computadora de escritorio o una tableta de ciertos proveedores participantes.
En octubre pasado, Biden envió una solicitud de $6,000 millones al Congreso para extender el programa.
Transición a SNAP también fue abordada
En términos de SNAP, el presidente del Instituto de Libertad Económica (ILE), Jorge Rodríguez, expuso lo que significaría una transición del Programa de Asistencia Nutricional (NAP) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para Puerto Rico. Si la propuesta fuera aprobada en el Congreso como es requerido, la asistencia alimentaria a P.R. aumentaría de $2,900 millones anuales a unos $4,500 millones. Al momento, la subvención en bloque de la que se beneficia la isla es menor a la que reciben los estados e incluso otros territorios; además bajo PAN no existe la flexibilidad para aumentar la cantidad de dinero en casos de emergencia como huracanes.
Esta semana trascendió que el representante republicano Don Bacon (Nebraska) coauspició el proyecto de ley de la comisionada residente, o la versión en la Cámara baja del que fue presentado en el Senado por la demócrata de Nueva York, Kirsten Gillibrand. Para que la transición sea aprobada debe ser incluida en el paquete denominado “Farm Bill”.
Con Bacon, son seis los republicanos en ese cuerpo que, al momento, coauspician la medida. El resto del grupo de 18 la componen legisladores demócratas.
La Oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) en Washington D.C., cuyo director Luis Dávila Pernas también se reunió con la delegación, ha seguido de cerca este tema en la capital federal.
En una entrevista con El Diario el mes pasado que puedes leer aquí, Dávila Pernas dio detalles sobre sus gestiones en esa dirección.
A parte de los funcionarios mencionados, otros de los que se reunieron con los integrantes de la Cámara de Comercio fueron: Gretchen Sierra Zorita, encargada de la oficina de Puerto Rico y los Territorios en la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca; el representante demócrata de Florida, Darren Soto; el representante demócrata de Nueva York de origen dominicano, Adriano Espaillat; el senador demócrata de Pennsylvania, John Fetterman; el representante republicano de NY, Anthony D’Esposito, y el también republicano de Alabama, Jerry Carl.
La Cámara de Comercio de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro que representa a una amplia gama de sectores comerciales e industriales, que incluyen pequeñas y medianas empresas. Su fin es fortalecer el desarrollo económico con base en los pilares de la libre empresa.
