Puerto Rico: buscan impulsar movimiento para revocar Casos Insulares de la Corte Suprema de EE.UU.

Nueva York – Aunque cualquier proceso para que se revoquen los Casos Insulares de la Corte Suprema de Estados Unidos y su aplicación en territorios como Puerto Rico será largo y complicado, el activista pro-estadidad George Laws García consideró que es uno de los pasos en la dirección correcta para acabar con el trato racista y discriminatorio contra los ciudadanos en la isla.

En entrevista con El Diario de NY, Laws García, director ejecutivo de Puerto Rico Statehood Council (PRSC), destacó que otras organizaciones en la diáspora evalúan presentar casos con el fin de iniciar un proceso para revocar la doctrina que data del siglo pasado.

“Tiene que haber otro caso que llegue al Tribunal Supremo donde la pregunta específicamente se preste para una decisión en la que una de las opciones sea revocar los casos insulares. Ese ha sido el reto”, explicó.

A preguntas de cómo o por parte de quién tendría que llegar el caso al Tribunal Supremo, respondió: “Los casos llegan al Tribunal Supremo de una variedad de formas; podría ser el gobierno de Puerto Rico; podría ser alguna parte interesada en algún caso local que tenga un nexo federal que pueda entonces subir; pudiera ser alguna organización activista. Obviamente, en P.R. tenemos presencia de organizaciones… que más recientemente han estado involucrados en ese tipo de esfuerzo como ‘Righ to Democracy’, y también tenemos abogados individuales activistas que han adelantado este tema como Gregorio Igartúa; así que hay una variedad de diferentes formas que un caso pudiera llegar a ese foro”.

El entrevistado añadió que un litigio de este tipo puede extenderse por años.

“Obviamente eso es un proceso que toma años, porque tienes que hacer primero el foro de primera instancia, después la corte de apelaciones, después tienen que presentar la moción para el Tribunal Supremo. Entonces tiene que haber una mayoría dentro del Tribunal Supremo que tienen que estar dispuestos a considerar ese caso. Y ese es un reto grande”, argumentó.

El caso Fitisemanu contra Estados Unidos

La Corte Suprema pudo haber revocado los Casos Insulares tras la presentación de Fitisemanu contra Estados Unidos.

Sin embargo, en octubre del 2022, el tribunal rechazó acoger el certiorari donde se pedía dejar sin efecto la doctrina como parte de ese caso.

El recurso buscaba que el máximo foro resolviera si las personas nacidas en Samoa Americana, otro territorio de EE.UU., son ciudadanos estadounidenses.

Aunque un juez de distrito en Utah decidió en 2019 que los residentes de Samoa Americana contaban con la ciudadanía en virtud de la decimocuarta enmienda de la Constitución federal, el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito no coincidió con el fallo.

EE.UU. versus Vaello Madero y la exclusión de los boricuas de SSI

Fitisemanu versus EE.UU. llegó ante el Supremo poco después del de EE.UU. versus Vaello Madero. En esta instancia, el Supremo (8-10) revirtió la decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito que estableció que la Constitución de EE.UU. no le requiere al Congreso federal extender los beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) de la Administración del Seguro Social (SSA) a los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico.

La jueza Sonia Sotomayor, de origen boricua, presentó la única opinión disidente.

El boricua José Luis Vaello-Madero recibió el beneficio por discapacidad mientras vivía en Nueva York. Al mudarse a la isla, la SSA descontinuó los pagos bajo el programa.

El fallo de la Corte Suprema establece que el gobierno estadounidense no violó la cláusula constitucional de Igualdad de protección y otros derechos al excluir del programa SSI a los ciudadanos en Puerto Rico, porque esta población no paga todos los impuestos federales.

“El caso de Vaello-Madero es sumamente importante por la razón de que indica que, irrespectivo de que el Congreso tenga la capacidad y la autoridad de poder dar tratamiento igualitario a P.R. en cualquier ley federal, en cualquier momento en el futuro, el Congreso puede revocar eso. Así que lo que indica es que pone completamente claro y al relieve que, mientras P.R. continúe siendo un territorio, en cualquier momento, se le puede quitar a P.R. Mañana, si el Congreso quisiera, pudieran reducir el dinero que dan en Medicaid en P.R. o eliminar el programa en su totalidad. Eso es algo que pudiera ocurrir; el Congreso tiene la autoridad para hacerlo”, analizó Laws García.

La idea de la que se sostiene la doctrina es que los territorios no incorporados como Puerto Rico son parte de EE.UU. pero no iguales.

A juicio del activista, el marco legal “racista” en el que se apoyan decisiones como estas de la Corte Suprema sumado a otras imposiciones legales federales como la Junta de Control Fiscal (FOMB) lo que han demostrado es la relación territorial entre EE.UU. y Puerto Rico.

“El caso de Sánchez Valle y los nuevos Casos Insulares como le dicen, el de Vaello Madero, los de la Junta (de Control Fiscal) y la existencia de (la Ley) PROMESA, y también el resultado de huracán María, todo eso ha creado una claridad sobre cuál es la naturaleza territorial, y yo creo que los diferentes grupos han encontrado que los casos insulares son algo que se puede presentar públicamente para ilustrar las raíces racistas de dominación política que existen dentro de la relación territorial colonial de EE.UU. y Puerto Rico”, expuso.

A la par con la gestión para la revocación de la doctrina, el también cabildero alertó sobre la realidad de que al final del día, como resultado de la Cláusula Territorial de la Constitución de EE.UU., son los poderes plenarios del Congreso los que determinan las leyes y regulaciones en P.R.

“El reto que yo le veo a eso es, vamos a decir que tienen éxito y se revocan los casos insulares, pues estás presentando una situación donde se expone la naturaleza nefasta de esta red de decisiones jurídicas y este trasfondo legal que ha permitido que a Puerto Rico y a los otros territorios se les siga tratando de esta forma. Pero eso no quita el poder que está dentro de la Constitución, que son los poderes plenarios del Congreso sobre los territorios. La Constitución va a continuar diciendo que el Congreso tendrá el poder de hacer todas las leyes y regulaciones necesarias con respecto a los territorios, punto. Así que quitan los casos insulares, pero, ¿ cuál es el punto de salida del colonialismo territorial?”, cuestionó.

En ese sentido, Laws García insistió en la necesidad de que se impulse un proceso de descolonización desde el Congreso federal en vista de que los Casos Insulares proveen justificación para continuar sosteniendo el modelo colonial territorial en Puerto Rico.

“Para mí la exposición de los Casos Insulares tiene un valor en la medida en que expone lo que se tiene que solucionarse, pero no presenta una solución en sí. Por eso (es necesaria) la ruta directa de trabajar con el Congreso para presentar un proyecto, en mi opinión es lo que es más viable y más este concreto de lo que estás adelantando… Si pasas una legislación, y esa legislación se convierte en ley, ya tienes entonces algo establecido que es un mecanismo para resolver el tema”, planteó.

“Tú puedes pasar cuatro o seis años trabajando para un caso, llegas al Tribunal Supremo, consigues la decisión, la decisión es exitosa, y todavía eso no necesariamente se conecta con una resolución al tema. Y esa es la frustración que a veces yo expreso cuando comparto con otros compañeros que están sumamente dedicados a esa ruta. Pero, entiendo por qué lo están haciendo, porque es importante todavía continuar desarrollando consciencia a nivel nacional y a nivel mediático de la necesidad de resolver estos temas, y ese es una avenida que existe para tratar de hacer ese logro”, continuó.

Grupos como el que Laws García dirige impulsan la Ley de Estatus para Puerto Rico (Puerto Rico Status Act), con versiones tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado en Washington D.C. para un plebiscito vinculante entre las opciones de estadidad, independencia o libre asociación. Aunque la primera versión del proyecto de ley el H.R. 8393 fue aprobado por la mayoría demócratas en diciembre de 2022, ninguna de las medidas más recientes ha bajado a los comités correspondientes en los respectivos cuerpos legislativos.

Actualmente, el enfoque de líderes, mayormente estadistas, se centra en el Senado con la búsqueda de más coauspiciadores al proyecto de ley 3231 presentado por Martin Heinrich, demócrata de Nuevo México.

Sin embargo, el camino se vislumbra empinado ante la cercanía de las elecciones y la negativa de los republicanos en atender el asunto. Adicional, varios grupos de activistas de la diáspora se oponen a la legislación por entender que no expone claramente el impacto de las distintas fórmulas descolonizadoras.

Histórico informe de la Comisión de Derechos Civiles sobre Casos Insulares en Puerto Rico

En febrero pasado, la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos (USCCR) divulgó un memorando que incluye opiniones y planteamientos de individuos y grupos de interés sobre los efectos de los Casos Insulares y la Doctrina de Territorio No Incorporado en los derechos civiles de los residentes de la isla.

La publicación del Comité Asesor de USCCR, establecido en el 2022, recoge el sentir de expertos en el tema y representantes de la sociedad civil desde distintas aproximaciones; históricas, legales, etc.

Laws García fue uno de los panelistas en el foro realizado en San Juan, capital de la isla, el 10 de mayo que sirvió como base al informe.

El documento divulgado el 12 de febrero es el primero que la Comisión traduce al español.

“Los testimonios capturan una amplia gama de información, desde el context histórico de los Casos Insulares y la relación entre Puerto Rico y el gobierno federal, hasta los efectos en la calidad de vida de la gente impactada por la falta de acceso completo a programas públicos federales, como adultos mayores, veteranos e individuos con discapacidades”, lee un resumen del documento preliminar.

Próximamente, la Comisión publicará el informe final.

Para Laws García es de suma importancia el hecho de que la Comisión de Derechos Civiles esté abordando el tema.

“Desde el 1957, la Comisión de Derechos Civiles bajo el presidente Dwight David Eisenhower fue establecida específicamente para ser una entidad bipartita dentro del Ejecutivo federal que encontrara los hechos de qué es lo que está pasando con los diferentes elementos de derechos civiles de los ciudadanos a través de la nación americana en su totalidad, y a raíz de las recomendaciones que esa Comisión hizo al Congreso se pasó legislación sumamente importante, incluyendo aspectos de la Ley de Derechos Electorales y de la de Derechos civiles, así que lo que se ha desarrollado y se ha presentado al público americano y al Congreso ha tenido un impacto directo en exponer la necesidad de qué es lo que se tiene que atender y en presentar diferentes opciones que se puedan atender”, abundó.

El proceso reviste mayor pertinencia en vista de que, aunque existe una orden ejecutiva para crear el Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico, el organismo no está activo, por lo que la USCCR es la única entidad dentro del Ejecutivo atendiendo al momento, específicamente, el tema de los Casos Insulares.

En la entrevista con El Diario, Laws García también contestó preguntas sobre el movimiento pro-estadidad en la capital federal; aquí puedes leer la historia

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