Entrevista: “Right to Democracy” apuesta a una nueva narrativa para confrontar el colonialismo de EE.UU. en territorios como Puerto Rico

Nueva York – Mientras la abogada puertorriqueña Adi Martínez-Román compartía y dialogaba con habitantes de ese y otros territorios de Estados Unidos el año pasado como parte de una iniciativa de la organización sin fines de lucro que dirige, “Right to Democracy”, confirmó que son más las similitudes que las diferencias entre los residentes de las cinco jurisdicciones.

Aunque entre Puerto Rico, Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes de Estados Unidos y Samoa Estadounidense, hay particularidades culturales, económicas y hasta de ciudadanía, la realidad de base es la misma: el impacto cotidiano del colonialismo en la vida de su gente.

Tras el surgimiento de la organización el año pasado, Right to Democracy ha realizado 17 diálogos en los distintos territorios; seis de ellos en Puerto Rico.

Los conversatorios incluyeron a jóvenes, líderes comunitarios de organizaciones medioambientales y otras, así como miembros de uniones. Los encuentros terminaron en una cumbre en octubre sobre colonialismo estadounidense en la que participaron representantes de los distintos territorios con miras a crear una coalición.

“Nos dedicamos casi todo el año pasado a escuchar a las personas de los territorios sobre qué es lo que significa la colonia; qué es lo que significa ciudadanía; cómo ven la relación con EE.UU; cuáles son los retos familiares y sociales que se enfrentan; cuáles son las estrategias para la descolonización; cómo esas estrategias pueden ser inclusivas”, enumeró la también profesora en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras (UPR) en entrevista con El Diario.

Martínez-Román y el resto del equipo saben que la información es poder, que puede ser la semilla del cambio, y a eso apuestan.

“Nuestra teoría del cambio se basa en unos valores bien importantes para nosotros, y es el concentrar nuestro trabajo en identificar esas áreas comunes entre los territorios. Elevamos la conversación. Esto no se trata de Puerto Rico, de Islas Vírgenes, de un territorio específico, se trata de todos los territorios que continúan todavía bajo la categoría de territorio no incorporado bajo los poderes plenarios del Congreso de EE.UU. Lo otro que hemos definido como un valor es mantenernos bien enfocados en el desmantelamiento del marco colonial”, explicó la también exdirectora de operaciones de UPR Resiliency Law Center.

Martínez Román aseguró que encontrar los puntos en común entre los cinco territorios fue más fácil de lo que pensaba.

“Parte de la belleza de hacer todos estos diálogos con los territorios, es que si tú tomas los papeles de todos estos y los pones en un salón, tú no vas a saber cuál corresponde a cada territorio. Las percepciones sobre el colonialismo, ciudadanía, sobre los retos que se tienen son bien similares; incluso entre jóvenes y adultos. En ese sentido, el habernos concentrado en el desmantelamiento del marco colonial y buscar el punto en común, es lo que facilita y eleva la conversación. No se nos hace más difícil, se nos hace más fácil, porque si nos concentramos en un solo territorio nos trancamos, porque cada territorio tiene una complicación interna de la política colonial…”, abundó la entrevistada.

Los componentes de Right to Democracy también buscan ampliar la discusión más allá de inclinaciones ideológicas o de partido, por ejemplo.

“Nosotros no vamos a hablar de estatus político en nuestras conversaciones. Aquí no venimos a discutir sobre el resultado de la autodeterminación…Aquí venimos a hablar de nuestra condición colonial y cómo podemos confrontar esa condición. El resultado ha sido fascinante. Todas las personas que participaban en los diálogos nos daban las gracias porque se sintieron que pudieron hablar y compartir ideas que no habían podido compartir, porque siempre que participan de algo que tiene que ver con colonialismo, especialmente en Puerto Rico, se divide la discusión, se vuelve tóxica, porque empieza a hablarse de manera peyorativa de una ideología u otra de estatus”, relató Martínez-Román, quien también fugió como directora ejecutiva de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia.

El peso de la palabra colonialismo

“Parece que el gobierno de EE.UU. no quiere ni usar esa palabra (colonialismo); ¿cómo ustedes piensan cambiar eso?”, preguntó El Diario.

“Estamos trabajando muchísimo con eso. En la parte del cambio de narrativa, estamos tratando de incidir en los medios, como por ejemplo este reportaje, es una forma. Estamos haciendo competencias de arte y estamos promoviendo que salga más la palabra. Pero en abogacía también se está promoviendo ese cambio de narrativa”, respondió.

En la titánica labor, la boricua tiene como aliado principal al también abogado nacido en EE.UU., pero criado en Guam, Neil Weare, quien es codirector de la organización.

La experiencia de Neil en litigios que buscan revocar la doctrina de los Casos Insulares de la Corte Suprema de EE.UU. en detrimento de los territorios se junta con la de activismo comunitario de Martínez-Román con el fin de confrontar la gobernanza colonial que está instituida legítimamente por las decisiones del máximo foro desde el siglo pasado.

¿Qué son los Casos Insulares?

Los Casos Insulares son una serie de decisiones tomadas por esa corte que legitiman el trato desigual a los habitantes de los distintos territorios de EE.UU. Los territorios son jurisdicciones supervisadas, en este caso por el gobierno de EE.UU., y con mínima soberanía. Aunque tienen sus propios gobiernos locales, al final del día, son las leyes del gobierno federal las que, en la mayoría de los casos, prevalecen.

Los fallos de la Corte Suprema básicamente justifican el trato discriminatorio y racista a los habitantes de los territorios versus el que se le da a los ciudadanos en los estados.

Tan reciente como en febrero pasado, la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos (USCCR) publicó un memorándum que confirma que, el hecho de que P.R. es un territorio no incorporado, mantiene a la isla en un estado de limbo, que a su vez le ha servido al Congreso de EE.UU. como excusa para no atender los derechos civiles de los boricuas o el estatus político en su totalidad.

El documento aprobado por los miembros del comité consultivo de la Comisión fue resultado de una audiencia realizada en Puerto Rico el año pasado en la que participaron distintos panelistas y expertos en el tema de territorio no incorporado y estatus. Martínez Díaz fue una de las deponentes.

En resumen, el informe señala que la doctrina de no-incorporación trata a los residentes en el territorio como “menos que”, y ha sido utilizada como una excusa para perpetuar el estatus colonial y uno de los principales obstáculos para alcanzar la descolonización.

Los tres pilares de Right to Democracy

Martínez Román explicó que la estrategia de acción para pasar de lo micro a lo marco se divide en tres pilares. La primera es abogacía, que incluye tanto litigios enfocados en la abogacía comunitaria, y cabildeo con respecto a leyes y reglamentos.

El segundo pilar es crear un ecosistema mediante procesos de diálogo; y el tercero es el cambio de la narrativa “tóxica” que incide diariamente en los debates sobre estos temas.

“Nos reunimos, tuvimos muchas sesiones de diálogo hasta que decidimos hacer una organización nueva con unas estrategias en las que seguíamos haciendo abogacía y litigación, pero de una manera participativa para incorporar las técnicas de la abogacía comunitaria y participativa dentro del trabajo de litigio y de política pública que ya estaba haciendo Niel por su cuenta tratando de revocar y destruir ese marco colonial”, abundó la abogada.

“El cambio de narrativa es cómo empujamos ese reconocimiento por parte del Gobierno y los altos funcionarios de EE.UU. de que el sistema de gobernanza que tienen sobre los territorios es colonial. Es un primer paso de los 12 pasos, de que tienen que haber un reconocimiento con la realidad colonial de la gobernanza sobre los territorios”, añadió.

Parte de los esfuerzos de Right to Democracy se dirigirán a intentar revocar la centenaria doctrina judicial de los Casos Insulares, que, según la abogada, legitima la inacción de otros componentes gubernamentales como el Congreso de Estados Unidos sobre asuntos que afectan a los habitantes en territorios como P.R.

“Yo quisiera saber qué aspectos se pueden apoyar de los Casos Insulares, porque lo que se está apoyando es una gobernanza, una no aplicación de derechos en los territorios y un poder plenario del Congreso sobre estos…. El estatus quo sigue porque está legitimado”, cuestionó.

Sobre el planteamiento de algunos sectores de que aún revocando los Casos Insulares, le tocaría al Congreso federal impulsar un proceso de descolonización en Puerto Rico, Martínez Román argumentó: “La revocación de un caso o de una doctrina no produce un efecto político inmediato, porque esto es un proceso político. Pero nuestra postura es que tú no puedes separar absolutamente el derecho de la realidad política o cómo la realidad política se mueve. Si, tienes razón, tú revocas los Casos Insulares y no va a haber un cambio, va a seguir siendo el poder plenario del Congreso. Pero, ya no va a estar legitimado legalmente por el Tribunal (Supremo)”

“No, el cambio no va a ser inmediato, claro que no. Va a seguir dependiendo del trabajo político, de autodeterminación y de todos los factores. Pero, no quita la realidad que el Congreso no va a tener esa carta verde de seguir ejerciendo unos poderes plenarios si se declara por el que está llamado a declarar lo que es derecho constitucional que es el Tribunal Supremo que está llamado a interpretar el derecho constitucional, ‘es que eso no es correcto’; ‘eso no está bien’; ‘eso no va bajo la Constitución”, agregó.

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