Senador Charles Schumer y sus razones para co-auspiciar proyecto 3231 para un plebiscito de estatus en Puerto Rico
El portavoz de la mayoría demócrata en el Senado federal, Charles Schumer, considera que el proyecto de ley impulsa un proceso claramente democrático de autodeterminación
Nueva York – El portavoz de la mayoría demócrata en el Senado federal, Charles Schumer, dijo que decidió co-auspiciar el Puerto Rico Status Act (S.3231) para realizar un plebiscito entre opciones no territoriales en la isla, ya que considera que la iniciativa impulsa un proceso claramente democrático de autodeterminación.
“Este proyecto de ley crea un claro proceso democrático para que nuestros conciudadanos en Puerto Rico decidan su futuro de estatus entre estadidad, independencia y libre asociación”, planteó el senador de NY en declaraciones escritas a El Diario.
“Yo siempre he apoyado el derecho a Puerto Rico a la autodeterminación, y estoy orgulloso de apoyar esta legislación que creo que ayudará a allanar el camino para un futuro político y económico robusto en la isla. Yo haré todo lo que pueda para que los puertorriqueños puedan tener ese proceso democrático”, agregó Schumer, quien este martes, en una reunión en Washington D.C. con el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, le notificó de su apoyo a la legislación.
Al momento, el 3231, que es la versión senatorial del 2757 en la Cámara de Representantes, cuenta con 25 co-auspiciadores; ninguno es republicano.
Schumer, sin embargo, no indicó si presionará para que se realice una audiencia en el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, organismo que examina los temas relacionados con Puerto Rico.
Ese fue el pedido principal que Pierluisi hizo durante su jornada de reuniones en la capital federal esta semana como parte de la “Cuarta Toma de Acción” del movimiento estadista.
Joe Manchin planea ordenar audiencia sobre estatus de Puerto Rico
Joe Manchin, quien preside el referido comité, dijo a El Nuevo Día esta semana que está considerando ordenar una audiencia pública “tan pronto como pueda” en torno al tema del estatus de Puerto Rico en el referido organismo.
“Estamos tratando de ayudar”, dijo el senador de Virginia Occidental.
Manchin añadió que tuvo una buena reunión con Pierluisi.
Manchin no ha co-auspiciado el proyecto. El senador del ala más conservadora del Partido Demócrata se ha mantenido firme en la posición de que antes de realizar cualquier consulta de estatus en la isla se debe recabar el sentir del electorado estadounidense sobre si apoyan o no la admisión de un nuevo estado.
Cabe señalar que la oposición al S.3231 no solo proviene de algunos demócratas y de republicanos, también de grupos de la diáspora.
Precisamente en los pasados días, organizaciones agrupadas bajo Power4PuertoRico cuestionaron, durante una jornada de abogacía en el Congreso, la falta de detalles del 3231 y el 2757 sobre el alcance de opciones como la estadidad.
No es la primera vez que los activistas señalan las supuestas deficiencias de los proyectos. Desde antes de que la primera versión del Puerto Rico Status Act (8393) fuera aprobada en la Cámara de Representantes, la coalición había enviado cartas a líderes en el Congreso asociados a la discusión de los temas del territorio para que realizarán audiencias públicas en inglés y en español para abundar sobre aspectos como idioma oficial e impuestos federales si la mayoría de los puertorriqueños optaran por la estadidad.
En la Cámara de Representantes, el 2757 que fue presentado por Raúl Grijalva de Arizona, cuenta con 95 co-auspiciadores; 13 son republicanos, incluyendo la comisionada residente Jenniffer González.
Sin embargo, la mayoría republicana no está inclinada a priorizar la discusión del tema del estatus en la Cámara baja.
El Partido Popular Democrático (PPD) no favorece los proyectos porque no incluyen el Estado Libre Asociación (ELA) que defienden como institución.
Alcance del proyecto del Senado 3231
El 3231, presentado el 6 de noviembre pasado por el senador de Nuevo Mexico Martin Heinrich, dispone para que los puertorriqueños escojan un estatus político permanente y no territorial, y proveer para una transición e implementación del mismo, lee parte del texto del proyecto de ley.
La legislación además establece que la Comisión Estatal de Elecciones debe encabezar una campaña educativa a través de los medios, y debe hacer disponible materiales para orientar sobre el proceso en todos los centros de votación con aprobación del Departamento de Justicia. La información debe incluir aspectos como representación internacional; ciudadanía y migración; y acceso y tratamiento bajo leyes y programas federales.
Sobre la presencia de la Junta de Control Fiscal, ente federal que administra las finanzas del territorio desde el 2016 como resultado de la aprobación de la Ley PROMESA, la pieza legislativa señala que cuando se admita a Puerto Rico a la Unión o en la fecha en que el gobierno de la nación de Puerto Rico asuma inicialmente ese cargo, el organismo fiscal finaliza sus labores.
De igual manera, la Ley PROMESA dejaría de aplicar en Puerto Rico.