Incierta la confirmación de Plan de Ajuste de Deuda de la AEE en Puerto Rico; de cualquier forma lo apelarán en el Primer Circuito de Boston
Rolando Emmanuelli, abogado que representa a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) en el caso por la quiebra de la Autoridad, anticipó que múltiples pleitos llegarán a la referida corte federal
Un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) revisa un medidor de consumo eléctrico. Crédito: Carlos Giusti | AP
Nueva York – La confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por parte de la jueza federal Laura Taylor Swain es incierta y dependerá en gran parte de los procesos de mediación en curso, consideró Rolando Emmanuelli, abogado que representa a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier).
Este sindicato busca que no se le cancele el convenio colectivo como parte de las controversias por el caso de quiebra de la corporación bajo Título III.
“No hay fecha, es la contestación”, indicó Emmanuelli a preguntas de El Diario sobre cuándo podría ser confirmado un plan de reestructuración.
“Lo que pasa es que si la jueza dice que va a permitir la mediación hasta julio, es previsible que no resuelva nada, porque si ella resuelve descarrila cualquier proceso de mediación que se esté dando. Yo creo que ella va a esperar que termine el proceso de mediación. De hecho, los mediadores podrían pedirle más tiempo, y ella extender el periodo adicional porque ha estado pasando todo el tiempo. Ellos piden más o menos de tres meses a tres meses y ella le ha estado dando extensiones constantemente. Así que yo creo que no va a resolver hasta que se determine ya que no hay posibilidades de un acuerdo con el Sistema de Retiro de Empleados de la AEE”, abundó el experto en el tema de quiebra.
Grupo sustancial de bonistas opuesto al Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE
Aunque al cierre de las audiencias para evaluar el PAD en marzo pasado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, se mencionó junio como el mes tentativo de confirmación, el avance dependerá de las gestiones del “Equipo de Mediación” nombrado por la jueza de Nueva York para tratar de llegar a acuerdos con los bonistas inconformes con el contenido del plan.
“Ahora mismo hay un grupo sustancial de bonistas, que son casi la mitad, que son los que han presentado objeción. Recuerda que la Junta fue transigiendo el apoyo al plan con diferentes grupos de bonistas, entre ellas la aseguradora National y otros grupos, y esos apoyaron el plan. Pero hay otro grupo, que es casi el 50 %, que no apoya el plan, y esos son los que están haciendo el planteamiento bien agresivo…”, argumentó Emmanuelli.
“Yo creo que la jueza no va a resolver el caso del ajuste de la deuda hasta julio, hasta que expire el periodo de mediación, porque en la orden que extendió el término mencionó la participación del Sistema de Retiro en la mediación, y ella sabe que un acuerdo con el Sistema de Retiro es algo muy importante. Si la jueza decide confirmar el Plan de Ajuste de la Deuda prematuramente sin que se dé ese acuerdo estaría arruinando un poco la perspectiva de que el plan tenga mucho más apoyo. En esta etapa, ese comité de mediación es crucial por la negociación que se está dando con el Sistema de Retiro”, puntualizó.
Como parte del litigio por la reestructuración de la deuda de la AEE para pagarle a los bonistas, algunos grupos como GoldenTree Asset Management y Assured Guaranty alegan que los acreedores que llegaron a acuerdos con la Junta recibieron un trato privilegiado a pesar de que sus reclamaciones son similares a las que ellos tienen.
En abril pasado, Swain extendió los trabajos del Equipo de Mediación luego de que finalizaran el 29 de marzo.
La intención es continuar las negociaciones para tratar de llegar a un entendido que convenza al grupo que difiere de lo incluido en el plan presentado por la Junta de Control Fiscal (FOMBPR).
La Junta es el organismo federal que maneja las finanzas de Puerto Rico desde el 2016 como resultado de la aprobación en el Congreso de la Ley PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico). La Junta es la que presenta el plan para la reestructuracción de la AEE y la jueza solo puede confirmarlo o rechazarlo.
PAD inevitablemente llegará al Primer Circuito de Boston
Emmanuelli no descartó que los referidos grupos de bonistas sean algunos de los que apelen la decisión de Taylor Swain ante el Primer Circuito de Boston, en Massachusetts.
El representante legal de la Utier fue más lejos al anticipar que, independientemente de que la jueza confirme o no el plan, la decisión llegará a esa corte de apelaciones.
“Si no confirma, va la Junta al tribunal de apelaciones y el Comité de Acreedores No Asegurados o los que apoyan el plan. Si confirma, pues los opositores al plan o bonistas que se están oponiendo, Sistema de Retiro (de Empleados de la AEE), Utier, ICSE (Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica), grupos ambientalistas y comunitarios, tienen el derecho de ir al Primer Circuito. Dentro de este contexto todo depende de cómo la jueza baje con su decisión de confirmación o no…”, explicó.
Cerca de 900 objeciones ante la consideración de la jueza
El licenciado argumentó que la responsabilidad en las manos de la jueza del distrito sur de Nueva York en cuanto a explicar los fundamentos de su decisión no es menos retante.
“Si confirma el plan, ella va a tener que explicar detalladamente por qué las objeciones que se hicieron no tienen razón. Aquí se radicaron cerca de 900 objeciones, porque hubo más de 800 que se realizaron por negocios, personas individuales, organizaciones comunitarias y todas hicieron diferentes planteamientos de por qué no se puede confirmar el plan, y la jueza tiene que considerarlo”, analizó el letrado que encabeza el Bufete Emmanuelli C.S.P. desde hace 55 años.
A esto se suma el pleito ya presentado ante el tribunal de Boston mediante el que se busca determinar si ciertos bonos son asegurados o no. “Eso es un misterio, cuándo el Circuito va a resolver. Se creía que iba a resolver antes del juicio de confirmación porque la argumentación fue a finales de enero…Y si el Circuito revoca a la jueza cambió todo el panorama”, señaló.
“Habría que pagarle a los bonistas una cantidad mayor que no está contemplada en el plan de ajuste y habría que rehacer todo”, agregó Emmanuelli sobre el posible desenlace del litigio.
Los resultados de las audiencias de confirmación del PAD
Sobre las dos semanas de audiencias en las que opositores al plan presentaron sus argumentos a la jueza, Emmanuelli no las considera académicas o accesorias como otros plantean.
“Eso a mi juicio también tuvo un impacto fuera de la corte, porque se reseñó detalladamente lo que se planteó, y se planteó el problema más allá de los términos legales, y de los planteamientos de abogados y abogadas; se planteó desde la perspectiva de pueblo, y eso, a mi juicio, tuvo mucha resonancia”, afirmó.
“Hay quienes plantean que la jueza al final del día, probablemente, va a aprobar este plan, y que las audiencias fueron académicas digamos, o para decir que escuchó a los opositores…”, planteó El Diario.
“No fue proforma, porque esto se suma a las más de 800 objeciones; cuando digo objeciones, fueron objeciones formales radicadas en el récord del tribunal por escrito, en inglés, algunas de ellas bajo juramento; que ella va a tener que atender los planteamientos del pueblo porque en toda sentencia de confirmación de un plan, se tienen que resolver todos los planteamientos que se hagan…Sí, eso tiene un peso, porque el discurso que dieron todas estas personas fue muy emotivo; va más allá de lo que dice un frío papel. Somos seres humanos; la jueza es un ser humano y eso tiene un impacto”, contestó el abogado.
Al momento, la propuesta de ajuste de la deuda que la Junta presentó a Taylor Swain dispone para el pago de $2,600 millones de dólares en comparación con el monto previo de $10,000 millones, lo que representa una reducción de aproximadamente 80 % en la obligación.
El plan además contempla aumentos en la factura para los abonados de la AEE al menos por tres décadas, que incluyen un cargo legado que a su vez está dividido en tres tarifas. El primer cargo es uno fijo mensual, y los otros dos, por consumo.
La controversia por el convenio colectivo de la Utier
Otra controversia dentro del caso es el convenio colectivo de la Utier que la Junta busca que se cancele como parte de la aplicación del PAD.
Taylor Swain había dado hasta el 13 de mayo para que la Junta presentara por escrito las razones por las que se debe cancelar el contrato de la unión con la AEE y el impacto que tendría esta medida en el PAD y en la reorganización de la corporación.
Emmanuelli confirmó que la Junta respondió para la fecha prevista. El representante legal se encuentra trabajando en la respuesta que, básicamente, se basa en el argumento de que el Sistema de Retiro y el convenio de la Utier son entidades separadas, por lo que no dependen una de la otra.
“La Junta está alegando es que como el convenio colectivo dio base al Sistema de Retiro, pues entienden que el Sistema de Retiro es un asunto bien importante que requiere una reforma para poder lograr la reestructuración, pero el problema es que el Sistema de Retiro es una entidad independiente que no depende del convenio. Aunque no esté en el convenio esa cláusula del Sistema del Retiro, el Sistema existe, es un fideicomiso, ha sido reconocido por los tribunales, por la Legislatura y por el propio proceso de la Ley de Quiebra de PROMESA. Así que es inoficioso, innecesario, rechazar el convenio colectivo para tratar de anular el Sistema de Retiro porque ya tiene su existencia independiente…”, alegó.
A juicio de Emmanuelli, el requerimiento de Taylor Swain ha puesto en una posición difícil a la Junta en sus intentos por eliminar el convenio.
“Lo que le está diciendo la jueza es, ‘usted tiene que probarme a mí que el convenio por sí solo es el que impide la reestructuración; no venga a decirme que hay otros asuntos posteriores que hay que lidiar con ellos’. Y eso es importante porque, como abogado de la Utier, el argumento es que el convenio es insignificante en términos del impacto económico y que el asunto del Sistema de Retiro no se resuelve retirando el convenio porque el sistema tiene vida independiente”, sostuvo.
En ese sentido, Emmanuelli rechazó el argumento de la Junta de que rechazar el contrato laboral le ahorraría a la Autoridad $400 millones.
“Hay una ley, la 130, que los protege…y la jueza en la orden que he mencionado reconoció eso porque determinó que aplicaba el estándar del caso del (Tribunal) Supremo federal, Bildisco; un caso que requiere que, antes que un deudor en un caso de quiebra repudie un convenio colectivo, primero se siente a negociar de buena fe para intentar enmendar el convenio; y segundo, tienen que haber razones de peso para que se rechace el convenio, no es una mera decisión de negocios. Es una decisión que el tribunal tiene que ponderar, y eso le pone una vara bien alta a la Junta de Control Fiscal para convencer a la jueza, porque si el convenio son 135 empleados, cuál es el asunto que la Junta estima que es indispensable para la reestructuración…”, consideró.
La representación legal de la Utier tiene hasta el 30 de mayo para someter sus alegatos por escrito.
