Aplauden decisión de Justicia de condenar Casos Insulares de la Corte Suprema que discriminan contra residentes en territorios como Puerto Rico
El Departamento de Justicia de EE.UU. indicó, mediante carta, a congresistas que la lógica y el lenguaje racista de los Casos Insulares no merece espacio en el ordenamiento legal de EE.UU.
Merrick Garland es el secretario del Departamento de Justicia de EE.UU. Crédito: Susan Walsh | AP
Nueva York – La organización no partidista Right to Democracy que batalla contra el colonialismo en territorios estadounidenses como Puerto Rico y por la revocación de la doctrina de Casos Insulares del Tribunal Supremo que discrimina contra residentes de estas jurisdicciones catalogó como un hecho histórico la postura del Departamento de Justicia federal de no depender ni extender dicha jurisprudencia.
“Las acciones del Departamento de Justicia ayudan a aclarar que es simplemente inaceptable negarle a las personas la democracia o la autodeterminación debido a donde viven o por quiénes son”, declaró la profesora de derecho puertorriqueña Adi Martínez Román, codirectora de Right to Democracy, mediante un comunicado de prensa.
Neil Weare, también codirector de la entidad, se expresó complacido de que la agencia reconozca que la relación entre EE.UU. y los territorios no puede basarse en estereotipos raciales y discriminatorios. “Es un primer paso importante hacia un reconocimiento más amplio de que los Estados Unidos necesitan reconocer y abordar el marco antidemocrático que sigue gobernando a las personas en los territorios de EE. UU.”, argumentó el también abogado criado en Guam, otro territorio estadounidense.
En una carta enviada recientemente al representante demócrata de Arizona Raúl Grijalva, miembro de alto rango del comité de Recursos Naturales de la Cámara, y otros legisladores, el portavoz de la Oficina de Asuntos Legislativos del Departamento de Justicia indica que la agencia comparte el compromiso de los congresistas en proteger los derechos civiles y el trato justo, digno y compasivo para todos.
La misiva firmada por Carlos Felipe Uriarte, procurador general adjunto de asuntos legislativos de Justicia, señala que el Departamento coincide con el planteamiento de que la lógica y el lenguaje racista de los Casos Insulares no merece espacio en el ordenamiento legal de EE.UU.
“De hecho, el Departamento enfatiza afirmativamente en una reciente presentación que los ‘estereotipos raciales’ invocados por los Casos Insulares son ‘indefendibles y repugnantes’. El Departamento inequívocamente condena la retórica y el razonamiento de los Casos Insulares, y sin ambigüedades comparte su visión de que ese razonamiento y retórica son irreconciliables con los principios fundacionales de Estados Unidos de equidad, justicia y democracia”, plantean desde Justicia.
La misiva hace mención del caso del Supremo Fitisemanu versus Estados Unidos para mostrar el acercamiento de la agencia en cuanto a la aplicación de la Constitución federal en los territorios.
En este litigio, presentado por ciudadanos de Samoa Americana, se le pidió al Supremo que revocara la doctrina de los Casos Insulares.
En el 2019, un juez de distrito de Utah estableció que estas personas eran ciudadanos estadounidenses bajo la decimocuarta enmienda de la Constitución de EE.UU. Sin embargo, el caso fue apelado y el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito no les reconoció la ciudadanía.
Según Justicia, en el referido caso, el Departamento argumentó que la aplicación de la Constitución a los territorios debería decidirse “utilizando las herramientas ordinarias de interpretación constitucional, incluidos el texto, el contexto, práctica histórica y precedente”.
“Adicional, para repudiar claramente el razonamiento y retórica racista de los Casos Insulares, el Departamento enfatiza que no se ha basado o ha buscado extender la doctrina de incorporación territorial establecida por los Casos Insulares”, continúa el documento.
La respuesta del Departamento de Justicia se dio a raíz de una carta que enviaron 43 legisladores federales tanto de la Cámara de Representantes como del Senado en abril pasado.
Grupos como Right to Democracy y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) expusieron a congresistas la necesidad de presionar a la agencia para que condenara la doctrina de incorporación territorial.
Tras la postura divulgada por el Departamento, Alejandro Ortiz, abogado principal del Programa de Justicia Racial de la ACLU, argumentó que una respuesta como esta por parte de Justicia se lleva esperando desde hace tiempo.
“Esto ha estado pendiente por mucho tiempo: los Casos Insulares están firmemente arraigados en la supremacía blanca (“white supremacy”). Han estado equivocados desde el principio, y los abogados del gobierno nunca deberían depender de su lógica explícitamente basada en la raza”, expuso.
A Grijalva también le satisfizo la respuesta de la agencia federal.
“Este es un paso importante hacia el día en que el Tribunal Supremo finalmente anule estas decisiones discriminatorias, que han servido para justificar la negación de igualdad de derechos y autodeterminación a las comunidades de diferentes razas y etnias en los territorios de los E.E.UU. durante casi 125 años”, señaló el demócrata según consta en el comunicado de Right to Democracy.
“Me complace que el Departamento de Justicia haya aprovechado esta oportunidad crucial para denunciar los Casos Insulares y compartir su enfático acuerdo de que el lenguaje y la lógica racista detrás de esos casos no tienen lugar en la doctrina legal de los Estados Unidos. Este es un paso importante en la promoción de la equidad para los territorios de EE. UU. Estoy orgullosa de ver que nuestros esfuerzos han dado frutos y que el Departamento de Justicia aclaró su posición y denunció este marco legal racista y colonial. Continuaré abogando por la revocación de los Casos Insulares para garantizar el trato justo a los residentes de todos los territorios de EE. UU.”, indicó por su parte, la congresista de las Islas Vírgenes, Stacey Plaskett.
Para organizaciones como Right to Democracy revocar los Casos Insulares es el primer paso de reconocimiento por parte del poder judicial de los EE.UU. de que ha tenido colonias por 125 años.
Impacto de los Casos Insulares en territorios como Puerto Rico
Los Casos Insulares son una serie de decisiones del Tribunal Supremo de los EE.UU. de principios del siglo pasado que facilitan que en los territorios no incorporados no apliquen todos los derechos de la Constitución de EE.UU.
Los Casos Insulares definieron e hicieron una diferenciación entre “territorio incorporado” y “territorio no incorporado”.
En ese contexto, la jurisprudencia del Supremo legitima un trato desigual a los residentes de jurisdicciones como Puerto Rico en comparación con los de los estados.
El memo de la Comisión de Derechos Civiles de EE.UU. sobre los Casos Insulares
En febrero pasado, la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos (USCCR) divulgó un memorando relacionado con el impacto de estas decisiones a los residentes de Puerto Rico.
El informe es un seguimiento a la audiencia pública que se realizó en San Juan, capital de la isla, el 10 de mayo de 2023, para examinar el efecto de la doctrina en los derechos civiles de los puertorriqueños en la isla.
En resumen, el documento confirma lo que varios sectores dentro y fuera de la isla han estado planteando por años: que las decisiones del Supremo bajo la doctrina discriminan a los puertorriqueños que viven en el territorio.
Entre los deponentes se encontraba Martínez Román.
Durante la jornada, George Laws García, director ejecutivo de Puerto Rico Statehood Council (PRSC), planteó que los Casos Insulares son una prueba más de las injusticias que enfrentan los boricuas bajo la condición territorial.
En respuesta a la carta enviada por Justicia a los legisladores, Laws García consideró la acción como un paso significativo para exponer el colonialismo territorial.
“La carta del Departamento de Justicia rechanzando los Casos Insulares es un paso significante hacia la meta de acabar con la normalización del colonialismo territorial. Abre paso para continuar concientizando al público Americano, al igual que al Congreso, de la necesidad de atender la falta de derechos civiles y la desigualdad que impactan cada día a mas de 3.6 millones de personas que viven en Puerto Rico y en los otros territorios de American Samoa, Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Virgenes. Tenemos esperanza de que esto también aporte al momentum para seguir adelantando el proceso legislativo federal de autodeterminación para Puerto Rico”, apostó el líder estadista en declaraciones enviadas a este periódico.
Sigue leyendo:
Puerto Rico: buscan impulsar movimiento para revocar Casos Insulares de la Corte Suprema de EE.UU.
